Al menos 24 periodistas, comunicadores y trabajadores de la prensa permanecen privados de libertad en Venezuela. Así lo documenta el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP). La organización divulgó esta información mediante un comunicado en su cuenta de la red social X.
El sindicato denuncia que las detenciones son ilegales y arbitrarias. Además, señala que el número de personas afectadas sigue aumentando. Familiares que antes no se atrevían a denunciar por temor ahora permiten visibilizar nuevos casos. El comunicado incluye el mensaje “Libertad para todos”.
La lista de detenidos se actualizó recientemente. Ahora suma los casos de Jonathan Carrillo y Deivis Correa. Entre las palabras clave del comunicado figuran detenciones arbitrarias, prensa y presos políticos.
El SNTP atribuye el encarcelamiento de los trabajadores de medios al ejercicio del periodismo independiente. También señala la difusión de opiniones críticas como causa de detención. Igualmente, menciona la militancia política como motivo de persecución.
Según la organización, a los comunicadores se les imputan delitos como terrorismo. También enfrentan acusaciones de incitación al odio. Asimismo, se les vincula con asociación para delinquir. Todo esto ocurre sin respeto al debido proceso. Tampoco tienen acceso efectivo a la defensa.
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, anunció un proceso de liberación de presos políticos. Sin embargo, casi una semana después, los periodistas y comunicadores siguen privados de libertad. La lista actualizada al 12 de enero de 2025 identifica a diversos profesionales.
Entre los casos documentados figura Ramón Centeno. Este ex reportero de Últimas Noticias fue arrestado en febrero de 2022. En ese momento investigaba casos de narcotráfico. El Gobierno lo vinculó al operativo “Manos de Hierro”.
Jonathan Carrillo también aparece en la lista. Es estudiante y trabajador de la Asamblea Nacional. Pasó tres años en El Helicoide. Posteriormente fue trasladado a Yare II. Su juicio aún no ha iniciado.
Carlos Julio Rojas enfrenta acusaciones relacionadas con un supuesto atentado contra Nicolás Maduro. Permanece recluido en El Helicoide. Las autoridades no han proporcionado detalles sobre su situación judicial.
Luis López fue detenido en La Guaira. Enfrenta acusaciones de incitación al odio. También se le imputa asociación para delinquir. Además, lo vinculan con financiamiento al terrorismo. Actualmente está recluido en El Rodeo I.
Gabriel González integra el equipo de prensa de María Corina Machado. Las autoridades lo imputan por terrorismo. También enfrenta cargos de incitación al odio. Asimismo, se le acusa de asociación para delinquir. Se encuentra detenido en Yare II.
Deivis Correa es periodista egresado de la Universidad Católica Santa Rosa. Fue presentado en El Helicoide. Enfrenta acusaciones de seis delitos. Entre ellos figuran terrorismo y asociación extranjera.
Roland Carreño trabaja como periodista. También es dirigente de Voluntad Popular. Fue arrestado por segunda vez tras las elecciones presidenciales. Permanece recluido en El Rodeo I.
Víctor Ugas fue detenido después de una confrontación con un influencer. Se le acusa de incitación al odio. También enfrenta cargos de lesiones leves. Fue trasladado a Tocorón.
Ángel Godoy trabaja como redactor de Punto de Corte. Fue capturado en Yare III. Sujetos encapuchados realizaron la detención. No se ha dado información clara sobre su situación judicial.
La lista incluye otros nombres relevantes. Julio Balza es reportero gráfico del equipo de María Corina Machado. Leandro Palmar y Salvador Cubillán fueron detenidos durante protestas en Maracaibo. Rory Branker trabaja como editor en La Patilla.
Juan Francisco Alvarado es estudiante de periodismo. Se encuentra privado de libertad en Portuguesa. Nakary Ramos y Gianni González trabajan para Impacto Venezuela. Mario Chávez Cohen es activista. Fue detenido en Valencia.
Juan Pablo Guanipa es comunicador social. Permanece desaparecido desde su detención. Carlos Marcano ejerce como profesor universitario. Fue trasladado a Tocorón.
Rafael García Márvez preside la Asociación de Columnistas del Estado Carabobo. Carlos Lesma trabaja como locutor. También dirige ‘Señal 94.9’ en Nueva Esparta. Omario Castellanos está privado de libertad en Barquisimeto.
Yorbín García fue presentado en tribunales. Posteriormente fue recluido en Yare III. Nicmer Evans fue detenido por el Sebin en Caracas. Actualmente permanece recluido en El Helicoide.
El SNTP destaca que estos casos forman parte de un patrón. Este patrón incluye persecución y criminalización del periodismo en Venezuela. A esto se suma la censura. También ocurre el bloqueo de medios digitales. Igualmente, se registra el cierre de emisoras.
Las autoridades imponen medidas judiciales a quienes investigan asuntos sensibles. También afectan a quienes informan sobre temas delicados. El sindicato, junto a otras organizaciones internacionales, exige la liberación inmediata de los comunicadores detenidos. Además, reclama el respeto pleno a la libertad de prensa.
En paralelo, el régimen de Venezuela informó nuevas excarcelaciones. Varias organizaciones no gubernamentales también reportaron liberaciones en distintos penales del país. Sin embargo, las cifras son contradictorias.
Según datos del Ministerio para el Servicio Penitenciario, 116 personas habrían sido liberadas. No obstante, no se precisaron los detalles de las liberaciones. Tampoco se divulgaron los nombres de los beneficiados.
Por su parte, la ONG Foro Penal confirmó más de 56 excarcelaciones. Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) reportó 53 liberaciones. Aun así, no se publicó un listado oficial de los beneficiados.
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) denunció que solo 24 presos políticos fueron liberados desde el jueves anterior. Esta cifra representa poco más del 2 por ciento. La coalición opositora contabiliza cerca de 1.000 detenidos por motivos políticos.
Desde ese día, familiares de presos políticos aguardan fuera de centros penitenciarios. El Rodeo I, en el estado Miranda, concentra muchas de estas esperas. Los familiares esperan la liberación de sus allegados. Sin embargo, no se ha dado a conocer información oficial sobre los nombres de los excarcelados.
Los familiares de los detenidos permanecen en las inmediaciones de El Rodeo I. Muchos llevan varias noches de espera. Algunos duermen en autos. Otros lo hacen al aire libre. La zona es considerada peligrosa. No hay presencia policial en el área.
Hasta ahora, el Foro Penal documentó solo 56 excarcelaciones. La sociedad civil reclama información transparente sobre los beneficiados. Las organizaciones de derechos humanos continúan monitoreando la situación. También documentan cada caso de detención arbitraria.
Los trabajadores de prensa detenidos enfrentan condiciones precarias. Muchos no reciben visitas regulares. Tampoco tienen acceso adecuado a atención médica. Las familias denuncian falta de información sobre el estado de salud de los reclusos.
El SNTP continúa actualizando su registro de periodistas detenidos. La organización mantiene contacto con familiares de los afectados. También coordina esfuerzos con organizaciones internacionales de derechos humanos. El objetivo es visibilizar cada caso y presionar por las liberaciones.
Las detenciones de periodistas se intensificaron tras las elecciones presidenciales. Muchos comunicadores fueron arrestados mientras cubrían protestas. Otros fueron capturados en sus hogares. Algunos desaparecieron durante días antes de ser presentados ante tribunales.
Los cargos imputados suelen carecer de fundamento. Las acusaciones de terrorismo se basan en publicaciones en redes sociales. La incitación al odio se imputa por opiniones críticas al gobierno. La asociación para delinquir se vincula con el ejercicio periodístico.
El debido proceso brilla por su ausencia. Los detenidos no tienen acceso oportuno a abogados. Las audiencias se realizan sin garantías procesales. Muchos casos permanecen sin juicio durante años.
Las condiciones en los centros de reclusión son deplorables. El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, alberga a varios periodistas. Este lugar no está diseñado como centro penitenciario. Las celdas carecen de ventilación adecuada. También hay escasez de agua y alimentos.
Yare II y Yare III son otros centros donde permanecen comunicadores detenidos. Estos penales registran problemas de hacinamiento. También hay reportes de violencia entre reclusos. Los presos políticos están mezclados con presos comunes.
El Rodeo I concentra a varios trabajadores de prensa. Tocorón, conocido por haber estado bajo control de bandas criminales, también alberga periodistas detenidos. Las familias expresan temor por la seguridad de sus seres queridos.
La comunidad internacional ha expresado preocupación. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras condenan las detenciones. El Comité para la Protección de los Periodistas también se ha pronunciado. Diversos gobiernos han solicitado la liberación de los comunicadores.
Sin embargo, el régimen venezolano mantiene su postura. Las autoridades insisten en que los detenidos enfrentan cargos legítimos. Niegan que existan presos políticos. También rechazan acusaciones de persecución contra la prensa.
La situación genera autocensura en el gremio periodístico. Muchos comunicadores temen investigar temas sensibles. Otros han optado por el exilio. Los medios independientes operan con recursos limitados y bajo amenaza constante.
El cierre de medios se ha incrementado. Emisoras de radio han sido obligadas a cesar operaciones. Medios digitales enfrentan bloqueos sistemáticos. La señal de canales de televisión independientes ha sido eliminada.
Las redes sociales se convirtieron en el principal espacio informativo. No obstante, también enfrentan restricciones. Plataformas como X han sido bloqueadas intermitentemente. Los usuarios reportan dificultades para acceder a contenido informativo.
Los periodistas que permanecen en el país adaptan sus estrategias. Algunos publican bajo seudónimos. Otros evitan firmar sus trabajos. Muchos han dejado de cubrir temas políticos. La información sobre protestas, escasez y violaciones de derechos humanos circula con dificultad.
El SNTP mantiene su labor de documentación. La organización actualiza constantemente su registro de agresiones contra la prensa. También ofrece asesoría legal a periodistas amenazados. Además, coordina campañas de solidaridad con los detenidos.
Las familias de los presos políticos se organizan. Realizan plantones frente a centros penitenciarios. También ejecutan campañas en redes sociales. Buscan mantener visible la situación de sus familiares.
La incertidumbre marca el día a día. Cada anuncio de liberaciones genera esperanza. Sin embargo, la falta de información oficial causa frustración. Las familias no saben si sus seres queridos serán incluidos en los procesos de excarcelación.
Los casos documentados por el SNTP reflejan un patrón sistemático. La persecución no distingue entre reporteros de campo y directores de medios. Tampoco diferencia entre periodistas veteranos y estudiantes. Todos enfrentan el mismo riesgo por ejercer su profesión.
La situación de los trabajadores de prensa en Venezuela representa una crisis humanitaria. También constituye una violación sistemática de derechos fundamentales. El derecho a la información está severamente comprometido. La libertad de expresión enfrenta restricciones sin precedentes.
