El jefe de bomberos de Duisburgo ya lo había advertido por escrito. Lo hizo con meses de anticipación. El predio elegido para el festival Love Parade era “físicamente inadecuado” para un evento de esa magnitud. Sin embargo, la advertencia fue ignorada aquel 24 de julio de 2010. Ese día murieron 21 personas aplastadas en un túnel.
La tragedia no fue un accidente imprevisible. Según una investigación del semanario alemán Der Spiegel, entre doce y trece inspecciones previas concluyeron lo mismo. Una y otra vez, los informes señalaban que el plan derivaría en caos y víctimas. “Cada vez que íbamos acordábamos que el plan iba a resultar en caos, que la gente iba a resultar herida y muerta”, declaró al diario alemán Express un oficial de policía de Colonia. Este oficial había inspeccionado el sitio en varias ocasiones. La respuesta de la administración local fue siempre idéntica: el festival debía realizarse de todas formas.
El Love Parade se celebró por primera vez en Berlín Occidental en 1989. Durante la segunda mitad de los años 90 se convirtió en referencia mundial. Era uno de los festivales de música electrónica más grandes del planeta. Se lo reconocía internacionalmente por su carácter pacífico y masivo. Las multitudes bailaban en las calles al ritmo de la música techno. El ambiente era de celebración y libertad.
Con el paso de los años el evento migró hacia otras ciudades alemanas. En 2006, en Berlín, los organizadores afirmaron que habían asistido 1,2 millones de personas. La policía, en cambio, estimó 500.000 asistentes. En 2008, Dortmund anunció una cifra récord de 1,6 millones de visitantes. Los diarios locales la ubicaron en la mitad. Las cifras de asistencia siempre fueron objeto de disputa entre organizadores y autoridades. Estas discrepancias reflejaban intereses contrapuestos desde el inicio.
En 2010 le tocó el turno a Duisburgo. La ciudad, ubicada en la región del Ruhr, eligió como sede una antigua estación de carga ferroviaria. El predio medía 230.000 metros cuadrados en total. No obstante, la mitad correspondía a edificaciones y estructuras cerradas. Con una regla de cuatro personas por metro cuadrado, la capacidad real del espacio abierto era limitada. Esta capacidad era muy inferior a lo que los organizadores prometían públicamente.
El acceso al recinto se hacía por un único túnel. Esa vía era, al mismo tiempo, la entrada y la salida del evento. Esta configuración representaba un problema estructural desde el diseño. El 24 de julio de 2010, hace 16 años, cientos de miles de personas intentaban ingresar. El túnel se convirtió entonces en una trampa mortal. Las paredes de concreto encerraban a la multitud sin posibilidad de escape.
El Love Parade de Duisburgo terminó en una avalancha humana devastadora. Murieron 21 personas y más de 650 resultaron heridas. Las personas murieron aplastadas y asfixiadas en ese corredor de acceso. La multitud quedó atrapada sin posibilidad de moverse entre las paredes. Los cuerpos caían unos sobre otros en la desesperación. Las víctimas fueron de distintas nacionalidades: alemanas, españolas, holandesas, australianas, italianas y chinas.
El organizador del festival era Rainer Schaller. Schaller era también titular de la cadena de gimnasios McFit. Esta empresa era la principal patrocinadora del evento. Schaller atribuyó la catástrofe a una “orden fatal” de la policía. Según él, la policía habría dispuesto abrir el extremo occidental del túnel. Antes de eso, dijo Schaller, los organizadores ya habían cerrado diez de las 16 puertas. Lo hicieron por riesgo de saturación, según su versión. La policía de Colonia, a cargo de la investigación, rechazó las acusaciones. Pidieron no especular sobre las causas inmediatas.
Las fallas de comunicación agravaron todo durante la emergencia. Las radios analógicas de policías y bomberos eran tan antiguas que resultaban inoperantes. Según Andreas Nowak de la federación policial de Renania del Norte-Westfalia, era imposible conseguir repuestos. En zonas del operativo los agentes se quedaban sin señal. La red de telefonía móvil también colapsó ese día. Por lo tanto, el recurso habitual de usar celulares personales tampoco funcionó. Los equipos de emergencia no podían coordinarse entre sí.
Uno de los 1.080 acomodadores del evento declaró al diario alemán Bild. Sus palabras fueron reveladoras: “Todo el mundo esperaba órdenes pero ninguna llegó. De repente había cuerpos por todos lados. Las salidas de emergencia en la parte superior de la rampa fueron abiertas por la policía cuando ya era demasiado tarde”. Este testimonio refleja el caos operativo que reinó durante la tragedia.
Las estimaciones sobre la cantidad de asistentes también fueron contradictorias. El vocero de la policía de Duisburgo, Ramon van der Maat, calculó cifras específicas. Habló de entre 300.000 y 400.000 personas en total durante todo el sábado. Esta cifra incluía personas dentro y fuera del predio. Schaller, por su parte, habló de 187.000 visitantes en el recinto. El ministro del Interior de Renania del Norte-Westfalia mencionó 350.000 personas en la ciudad. Según él, 120.000 estaban en el predio del festival.
La cifra de 1,4 millón que difundieron Schaller y el alcalde Adolf Sauerland fue descartada. Lo hicieron el mismo día del desastre. Van der Maat la calificó de “matemáticamente imposible”. Argumentó que el transporte disponible no habría permitido ese flujo. No había capacidad logística para movilizar tantas personas en tan poco tiempo.
El jefe de bomberos de Duisburgo había enviado una carta crucial. La envió al alcalde Sauerland en octubre de 2009. En ella advertía que el predio era inadecuado para el evento. Michael Böcker, presidente del sindicato de bomberos de Renania del Norte-Westfalia, fue categórico. Habló ante Der Spiegel con dureza: “Las normativas sobre sitios de reunión masiva fueron ignoradas de forma criminal. Los que firmaron la autorización son los responsables”. Sus palabras señalaban directamente a los funcionarios municipales.
El portal DerWesten.de publicó documentos comprometedores. Eran las actas de una reunión del 18 de junio de 2010. Participaron los organizadores, bomberos, el departamento de salud y seguridad. También estuvo el funcionario municipal Wolfgang Rabe. En esa reunión se discutieron las rutas de evacuación. Rabe dejó en claro, según las actas, un mensaje político. “El alcalde quiere que el evento se realice y que hay que encontrar una solución”, dijo. Las objeciones del departamento de planificación edilicia no fueron aceptadas. La presión política superó las consideraciones técnicas de seguridad.
El alcalde Sauerland, sin embargo, declaró al diario alemán Rheinische Post algo distinto. “No tengo conocimiento de ninguna advertencia”, afirmó. Esta declaración contradecía la documentación existente. El documento oficial de la ciudad de Duisburgo autorizaba un máximo de 250.000 personas. A pesar de todas las advertencias, el festival siguió adelante.
El alcalde Sauerland no asistió al acto de homenaje a las víctimas. Este acto se realizó días después de la tragedia. Su vocero explicó la ausencia con una justificación polémica. Dijo que el intendente no quería “herir los sentimientos de los familiares ni provocarlos con su presencia”. La prensa alemana también informó sobre amenazas de muerte contra él. La población estaba indignada con las autoridades.
A la ceremonia sí concurrieron el presidente alemán Christian Wulff. También asistió la canciller Angela Merkel. La gobernadora de Renania del Norte-Westfalia, Hannelore Kraft, tomó la palabra. Su hijo de 17 años había asistido al festival sin sufrir daños. Kraft habló entre lágrimas ante los presentes: “Hay demasiadas preguntas y muy pocas respuestas. ¿Cómo pudo pasar esto, quién tiene la culpa y quién es el responsable? Esas son preguntas que debemos responder”. Su discurso reflejaba la angustia colectiva de una nación.
El alcalde resistió durante meses los pedidos de renuncia. Sauerland había sido elegido por primera vez en 2004. Entonces venció al candidato socialdemócrata en una ciudad de tradición de izquierda. Fue reelecto en 2009 como candidato de la Unión Demócrata Cristiana (CDU). Tras la tragedia, con excepción de su propio partido, todos los bloques políticos se unieron. Todos los bloques del concejo municipal apoyaron una moción de censura. El vocero de los liberales del Partido Liberal Democrático (FDP) fue directo. “No podemos esperar hasta las elecciones. La ciudad necesita un nuevo liderazgo creíble cuanto antes”, declaró públicamente.
El presidente Wulff, miembro del mismo partido que Sauerland, le recordó algo fundamental. Le recordó públicamente que existía algo llamado responsabilidad política. Sin embargo, se negó a pedirle la dimisión en forma directa. “Si me lo preguntaran, mi consejo lo daría en privado”, dijo con cautela. Los diarios alemanes Frankfurter Allgemeine Zeitung y Süddeutsche Zeitung informaron sobre las intenciones del alcalde. Citaron fuentes cercanas a Sauerland que revelaron detalles. Según estas fuentes, Sauerland evaluaba la posibilidad de ser destituido por el concejo. Prefería esto antes que renunciar voluntariamente. En parte lo hacía para preservar sus derechos jubilatorios. Él mismo negó esa versión posteriormente. La calificó de “irrespetuosa” dado el contexto de duelo nacional.
En octubre de 2011 una iniciativa ciudadana juntó casi 80.000 firmas. Estas firmas buscaban forzar un referéndum de destitución. El 12 de febrero de 2012 se realizó la consulta popular. Ese día, 129.833 vecinos de Duisburgo votaron a favor de cesar a Sauerland. Apenas 21.557 querían que continuara en el cargo. El umbral mínimo para que el referéndum fuera válido era de aproximadamente 92.000 votos. La votación superó ampliamente ese número. Sauerland dejó el cargo tras el resultado contundente.
La fiscalía de Duisburgo tardó más de tres años y medio en actuar. En febrero de 2014, el fiscal Horst Bien hizo un anuncio importante. Lo hizo en una multitudinaria conferencia de prensa. Se acusaba formalmente a 10 personas por homicidio imprudente y lesiones imprudentes. Entre los acusados había cuatro responsables de Lopavent. Esta era la empresa organizadora del festival. También había seis funcionarios de la administración municipal. La pena máxima prevista era de cinco años de prisión. Ni Schaller ni Sauerland figuraron entre los acusados. Todos los imputados negaron los cargos presentados por la fiscalía.
El proceso judicial fue largo y complejo. Se interrogó a casi 4.000 testigos presenciales. Se analizaron alrededor de 1.000 videos grabados durante la tragedia. Aun así, ninguna de las pruebas inclinó la balanza de forma definitiva. Las responsabilidades permanecían difusas en el entramado burocrático. El juicio por la tragedia del Love Parade en Duisburgo cerró en 2020. Cerró sin condenas ni responsables penales identificados. Diez años después de los hechos, las familias seguían sin justicia.
Una placa conmemorativa se instaló en Duisburgo a los diez años de la tragedia. Las inspecciones previas al Love Parade habían concluido que el plan podía derivar en caos. Habían advertido sobre heridos y muertos. Todas esas advertencias fueron ignoradas por razones políticas y económicas. Las 21 víctimas pagaron con sus vidas esa decisión.
