El Banco de Proyectos de Inversión de Obras por Impuestos presenta una cifra reveladora. De 161 iniciativas disponibles, apenas 35 cuentan con solicitudes de empresas. Los restantes 126 proyectos esperan sin respuesta alguna.
La proporción resulta contundente. Ocho de cada diez proyectos permanecen huérfanos de financiación privada. El mecanismo diseñado para canalizar impuestos hacia obras concretas enfrenta un cuello de botella evidente.
La Agencia de Renovación del Territorio administra este portafolio. En total, las iniciativas suman cerca de 1,3 billones de pesos. Sin embargo, la mayoría permanece en espera de un contribuyente interesado.
**La magnitud de lo que espera**
Entre los proyectos sin respuesta aparecen obras de gran envergadura. En Norte de Santander aguarda la mejora de la vía Astilleros-Tibú. Su costo asciende a 60.781 millones de pesos.
Antioquia registra una intervención para mejorar la navegabilidad en las bocas del río Atrato. Este proyecto requiere 53.001 millones de pesos. Ninguna empresa ha manifestado interés hasta ahora.
Cesar concentra dos iniciativas significativas. Una contempla pavimento rígido en Chiriguaná por 51.884 millones de pesos. La otra busca intervenir el corredor La Laguna de los Indios. Esta última demanda 50.637 millones de pesos.
Vichada presenta un proyecto energético ambicioso. Busca instalar soluciones solares en comunidades indígenas no interconectadas de Cumaribo. La inversión requerida alcanza 50.133 millones de pesos.
Nariño también aparece en el listado. Un proyecto pretende llevar conectividad a municipios PDET del departamento. El monto necesario suma 49.319 millones de pesos.
**Pequeñas necesidades igualmente desatendidas**
El problema no se limita a megaproyectos. Municipios como Santa Rosa del Sur y Montecristo enfrentan la misma situación. Ambos pertenecen a Bolívar.
Estos territorios buscan adquirir una ambulancia para transporte asistencial. El costo total es de 366 millones de pesos. A pesar de la modestia del monto, tampoco registran interesados.
La situación evidencia una paradoja. Tanto las grandes obras de infraestructura como las necesidades básicas municipales permanecen sin financiación. El tamaño del proyecto no garantiza atención empresarial.
**Infraestructura vial domina el portafolio**
Las carreteras ocupan un lugar central en las solicitudes territoriales. Múltiples departamentos buscan pavimentar vías urbanas. También requieren mejorar carreteras terciarias y construir puentes.
Cesar, Nariño, Casanare y Córdoba aparecen en la lista. Igualmente Cauca, Valle del Cauca, Tolima y Santander. Norte de Santander, Boyacá y Caquetá completan el grupo.
Los corredores rurales representan una prioridad recurrente. Estos territorios acumulan años de rezago en infraestructura básica. Las vías deterioradas limitan el desarrollo económico local.
**Gestión del riesgo emerge como patrón**
Otro tema sobresale en el banco de proyectos. Distintos municipios solicitan recursos para bancos de maquinaria amarilla. Esta maquinaria resulta esencial para atender emergencias.
También buscan fortalecer capacidades para mitigar riesgos. Además, requieren mantener la malla vial en condiciones operativas. Antioquia, Santander y Valle del Cauca lideran estas solicitudes.
Nariño, Bolívar, Casanare y Huila también presentan iniciativas similares. Caquetá y otros departamentos completan el panorama. La gestión del riesgo atraviesa prácticamente todo el territorio nacional.
En Valle del Cauca, el banco registra múltiples proyectos municipales. Calima El Darién, El Dovio y Argelia buscan maquinaria amarilla. Riofrío, Pradera, Florida y Bolívar también la necesitan.
Roldanillo y Caicedonia aparecen igualmente. Algunos proyectos han atraído empresas interesadas. Sin embargo, otros permanecen sin respuesta alguna.
**Educación busca dotación integral**
Los proyectos educativos se repiten en el portafolio. Las solicitudes incluyen mobiliario escolar y computadores. También contemplan herramientas tecnológicas e instrumentos musicales.
Los equipos de cocina aparecen frecuentemente. Los parques infantiles representan otra necesidad común. Las adecuaciones sanitarias completan el listado de requerimientos.
Estas iniciativas buscan mejorar las condiciones de aprendizaje. Los territorios priorizados enfrentan carencias acumuladas durante décadas. La dotación básica sigue siendo un desafío pendiente.
**Energía para comunidades aisladas**
El portafolio incluye soluciones energéticas innovadoras. Varias iniciativas proponen sistemas solares para comunidades rurales. Estas poblaciones no están conectadas al sistema eléctrico convencional.
Las escuelas rurales también aparecen como beneficiarias. La energía solar representa una alternativa viable. Sin embargo, estos proyectos también esperan financiación empresarial.
**Salud requiere equipamiento móvil**
En el sector salud, las ambulancias dominan las solicitudes. Algunos territorios necesitan ambulancias terrestres. Otros requieren embarcaciones fluviales equipadas.
Las unidades móviles odontológicas aparecen en varios departamentos. También se solicitan equipos para fortalecer la atención en zonas rurales. Las poblaciones dispersas enfrentan barreras geográficas significativas.
**Hidroituango muestra el camino**
Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P. representa un caso ejemplar. La empresa anunció una inversión de 96.220 millones de pesos para 2026. Estos recursos se destinarán a 13 proyectos específicos.
De estas iniciativas, nueve se tramitarían mediante fiducia. Este mecanismo canaliza 68.524 millones de pesos. Los cuatro restantes operarían mediante convenio directo.
Estos últimos suman 27.696 millones de pesos. La distribución sectorial resulta diversificada. Transporte concentra la mayor asignación con 35.616 millones de pesos.
La adaptación al cambio climático recibe 27.696 millones de pesos. Educación obtiene 21.391 millones de pesos. Salud cuenta con 6.670 millones de pesos asignados.
Agua potable y saneamiento básico completan la distribución. Este sector recibe 4.845 millones de pesos. La inversión abarca múltiples frentes simultáneamente.
**Proyectos concretos en Antioquia**
Hidroituango financiará dos intervenciones viales significativas. San Rafael recibirá 13.120 millones de pesos. Esta inversión mejorará cinco kilómetros de vías municipales.
San Carlos obtendrá 22.495 millones de pesos. Los recursos permitirán intervenir 6,1 kilómetros de carreteras. Ambos municipios enfrentan necesidades históricas de conectividad.
En salud, la empresa financiará equipamiento biomédico. Serán 345 equipos distribuidos en 21 municipios PDET. La población objetivo alcanza 797.338 personas en Antioquia.
La compañía también anunciará recursos para tres centros de desarrollo infantil. Además, financiará dotación de establecimientos educativos rurales. Los proyectos de gestión del riesgo completan su portafolio.
**El mecanismo desde la perspectiva empresarial**
El caso Hidroituango dimensiona el mecanismo desde otro ángulo. Una empresa identifica proyectos compatibles con sus objetivos. Luego destina parte de sus obligaciones tributarias a financiarlos.
El resultado final son obras o bienes concretos. Estos se materializan en territorios priorizados por el Estado. La empresa cumple su responsabilidad fiscal mediante inversión social directa.
**El diseño del mecanismo**
Obras por Impuestos permite a contribuyentes específicos redirigir impuestos. En lugar de pagar directamente al Estado, financian proyectos de inversión. Los municipios y territorios priorizados son los beneficiarios.
El banco con 161 proyectos demuestra capacidad de formulación. Los territorios han identificado necesidades y estructurado iniciativas viables. Sin embargo, formular y conseguir financiación son desafíos distintos.
**El cuello de botella real**
Un municipio puede identificar necesidades específicas. Puede estructurar un proyecto de 3.000 millones de pesos para maquinaria. También puede formular una vía de 10.000 millones de pesos.
Incluso puede plantear intervenciones de 50.000 millones de pesos. Sin embargo, mientras no aparezca un contribuyente interesado, la obra permanece estancada. El portafolio crece, pero las obras no se ejecutan.
**El atractivo para las empresas**
El mecanismo ofrece ventajas evidentes para los contribuyentes. Las empresas pueden direccionar su inversión social mediante impuestos. Estos recursos de todas formas serían pagados al Estado.
Además, las organizaciones pueden formular proyectos desde cero. No necesariamente deben elegir del banco existente. En cualquier caso, la junta directiva debe aprobar la iniciativa.
Esta flexibilidad permite alinear la responsabilidad social con la estrategia corporativa. Las empresas pueden intervenir territorios donde tienen presencia operativa. También pueden fortalecer relaciones con comunidades específicas.
**La brecha entre oferta y demanda**
Los números revelan un desbalance preocupante. Existe oferta estructurada de proyectos de inversión. Los territorios han hecho su tarea identificando necesidades prioritarias.
Sin embargo, la demanda empresarial no responde proporcionalmente. Las razones de esta desconexión merecen análisis profundo. Podrían incluir desconocimiento del mecanismo entre contribuyentes potenciales.
También podrían reflejar complejidad en los trámites administrativos. La percepción de riesgo en territorios priorizados podría influir. Igualmente, las empresas podrían preferir otras formas de inversión social.
**Implicaciones para los territorios**
Para municipios golpeados por el rezago, la situación resulta frustrante. Conseguir financiación privada para una carretera representa una oportunidad única. Una ambulancia puede transformar la atención en salud.
Una escuela dotada mejora las condiciones de aprendizaje. Maquinaria para emergencias salva vidas durante desastres. Estas necesidades acumuladas durante años podrían convertirse en realidad.
Sin embargo, la conversión requiere el eslabón faltante. Ese eslabón es una empresa dispuesta a participar. Mientras tanto, los proyectos permanecen como aspiraciones documentadas.
**El potencial sin explotar**
Los 1,3 billones de pesos del portafolio representan potencial transformador. Distribuidos en 161 proyectos, podrían impactar decenas de municipios. Mejorarían infraestructura vial, educativa, sanitaria y energética.
Fortalecerían capacidades de gestión del riesgo. Conectarían comunidades aisladas con servicios básicos. Reducirían brechas históricas entre territorios centrales y periféricos.
No obstante, este potencial permanece latente. La ejecución depende de decisiones empresariales que aún no ocurren. El mecanismo existe, los proyectos están listos. Falta la voluntad corporativa de participar masivamente.
**Desafíos de articulación**
La situación sugiere necesidad de mayor articulación institucional. Quizás se requieren campañas de divulgación más agresivas. Las empresas potenciales deben conocer el portafolio disponible.
También podrían necesitarse incentivos adicionales. Simplificar trámites administrativos podría aumentar el atractivo. Garantías estatales podrían reducir percepciones de riesgo.
La experiencia de Hidroituango demuestra que el mecanismo funciona. Cuando una empresa se compromete, los proyectos avanzan. Los territorios reciben inversión concreta y medible.
**El reto de escalar el modelo**
El desafío consiste en multiplicar casos como Hidroituango. Se requieren decenas de empresas comprometidas simultáneamente. Solo así los 126 proyectos sin interesados encontrarán financiación.
Los territorios han cumplido su parte del proceso. Han identificado necesidades, formulado proyectos y cargado información al banco. Ahora corresponde a las empresas responder.
Mientras tanto, las carreteras permanecen sin pavimentar. Las ambulancias no llegan a comunidades remotas. La maquinaria para emergencias sigue sin adquirirse.
Las escuelas continúan sin dotación adecuada. Las comunidades aisladas permanecen sin energía eléctrica. El rezago acumulado durante décadas se extiende un año más.
