Uno de cada cinco hogares en Colombia siguió teniendo problemas para acceder a alimentos suficientes durante 2025. La cifra mejoró frente al año anterior. Sin embargo, todavía deja a cerca de 12 millones de personas en inseguridad alimentaria. El mapa del hambre, cuando se cruza con el empleo informal, empieza a mostrar patrones bastante menos accidentales.
Un análisis de ANIF, basado en datos del DANE y la FAO, encontró una relación directa. Esta relación vincula inseguridad alimentaria y precariedad laboral. Los departamentos con mayores niveles de informalidad tienden a concentrar también los peores indicadores de acceso a comida.
A nivel nacional, el indicador bajó durante 2025 y pasó de 25,5 % a 21,1 %. También disminuyó la inseguridad alimentaria grave. “El 2025 fue un muy buen año para el país en la reducción de la incidencia”, dijo entonces la directora del DANE, Piedad Urdinola. La funcionaria presentó los resultados de la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES). Esta medición fue construida junto con la FAO.
Pero la reducción nacional esconde fracturas regionales fuertes. Los peores registros volvieron a concentrarse en Chocó, Sucre y La Guajira. Chocó cerró 2025 con 56,8 % de hogares en inseguridad alimentaria. Más de la mitad de las familias chocoanas enfrentaron dificultades para alimentarse adecuadamente. Sucre registró 50,1 % y La Guajira 47,8 %.
En esos mismos territorios, la informalidad laboral también siguió entre las más altas del país. Chocó alcanzó 79,4 % de informalidad. Sucre llegó a 83,2 %. La Guajira registró 82,3 %. Estos porcentajes revelan que la inmensa mayoría de trabajadores no cuenta con protección social básica.
Bogotá, en cambio, reportó una inseguridad alimentaria de 9,6 % y una informalidad de 33,5 %. La capital presenta condiciones notablemente mejores que el resto del país. San Andrés cayó hasta 5,2 %, con una tasa de informalidad de 25,3 %. El archipiélago mostró los mejores indicadores nacionales en ambas variables.
En el caso de Chocó, Urdinola vinculó parte del deterioro a las dificultades de acceso. También mencionó problemas de distribución de alimentos en zonas golpeadas por el orden público. El departamento pasó de una inseguridad alimentaria grave de 6,4 % en 2024 a 17,9 % durante 2025. Esta cifra prácticamente se triplicó en un solo año.
ANIF advierte que la relación estadística entre informalidad e inseguridad alimentaria es alta. El centro de estudios encontró un coeficiente de correlación de 0,7 entre ambas variables. Este coeficiente no prueba causalidad directa. Sin embargo, sí muestra una coincidencia persistente. Donde el trabajo suele ser más inestable, el acceso regular a comida también tiende a deteriorarse.
La gente come mejor cuando tiene ingresos relativamente estables. Esta conclusión resulta bastante elemental. No obstante, todavía es difícil de garantizar en buena parte del país. Los datos confirman que la precariedad laboral se traduce directamente en vulnerabilidad alimentaria.
Fuera de las ciudades el panorama siguió siendo más duro. En centros poblados y zonas rurales dispersas, la inseguridad alimentaria alcanzó 31,4 % durante 2025. Esta cifra bajó frente al 34,2 % registrado un año antes. Aun así, casi un tercio de la población rural enfrenta problemas para alimentarse. En cabeceras urbanas el indicador pasó de 23 % a 18,1 %.
Las diferencias también aparecieron según género, educación y vivienda. Los hogares con jefatura femenina registraron una inseguridad alimentaria de 23,1 %. Por su parte, aquellos encabezados por hombres alcanzaron 19,4 %. Las mujeres cabeza de hogar enfrentan condiciones más adversas para garantizar alimentación.
Entre hogares cuyo jefe no tiene ningún nivel educativo, la prevalencia escaló hasta 45,7 %. Casi la mitad de estos hogares padece hambre. En aquellos con educación superior cayó a 9,1 %. La brecha educativa se refleja directamente en la mesa familiar.
Las condiciones de vivienda también marcaron diferencias fuertes. En hogares con déficit habitacional, la inseguridad alimentaria llegó a 35,6 %. La precariedad habitacional y alimentaria se refuerzan mutuamente. Entre quienes se consideran pobres, el porcentaje subió hasta 42,2 %. La autopercepción de pobreza coincide con la realidad del hambre.
Las cifras coinciden con un mercado laboral que mostró algo de alivio durante los últimos meses. En marzo, el desempleo nacional cayó a 8,8 %. Este nivel es el más bajo para ese mes desde 2001. La reducción del desempleo representa una noticia positiva después de años difíciles.
La informalidad también cedió. Aun así, todavía alcanzó a más de la mitad de los trabajadores ocupados: 55,6 %. Y ahí aparece parte del problema que señalan ANIF y el DANE. Tener empleo no siempre garantiza estabilidad económica básica. Mucho menos en regiones donde buena parte del trabajo sigue dependiendo del rebusque diario.
Los trabajadores informales carecen de prestaciones sociales. No cotizan para pensión ni salud. Tampoco tienen protección contra despidos arbitrarios. Sus ingresos fluctúan según el día. Esta inestabilidad se traduce en incapacidad para planificar gastos básicos como la alimentación.
En departamentos como Chocó, Sucre y La Guajira, la situación se agrava por múltiples factores. La distancia geográfica encarece el transporte de alimentos. Los conflictos armados interrumpen cadenas de suministro. La ausencia estatal limita programas de asistencia social. Todo esto se suma a la informalidad laboral predominante.
La correlación identificada por ANIF sugiere que las políticas públicas deben atender ambos problemas simultáneamente. No basta con programas asistenciales de entrega de alimentos. Tampoco es suficiente crear empleos si estos permanecen en la informalidad. Se requiere una estrategia integral que formalice el trabajo y garantice ingresos dignos.
Los datos muestran que la recuperación económica no llega igual a todos los territorios. Mientras Bogotá y San Andrés presentan indicadores comparables con países de ingresos medios, Chocó permanece en niveles críticos. Esta fragmentación territorial constituye uno de los mayores desafíos para la política social colombiana.
La reducción nacional de la inseguridad alimentaria representa un avance importante. Pasar de 25,5 % a 21,1 % implica que millones de personas mejoraron su acceso a alimentos. Sin embargo, 12 millones de colombianos todavía enfrentan hambre. Esta cifra equivale a la población de varios países latinoamericanos.
La inseguridad alimentaria grave también disminuyó a nivel nacional. Este indicador mide situaciones donde las personas pasan días sin comer. La reducción significa que menos colombianos experimentan hambre extrema. No obstante, el aumento en Chocó de 6,4 % a 17,9 % resulta alarmante.
Los hogares rurales continúan siendo los más vulnerables. La agricultura familiar enfrenta dificultades por falta de acceso a crédito y tecnología. Los pequeños productores no pueden competir con importaciones subsidiadas. Muchos terminan abandonando el campo para engrosar cinturones de pobreza urbana.
La jefatura femenina de hogar aparece como factor de vulnerabilidad adicional. Las mujeres enfrentan brechas salariales incluso en la informalidad. También asumen mayoritariamente las tareas de cuidado no remuneradas. Esta doble carga limita su capacidad de generar ingresos suficientes.
La educación emerge como factor protector contra la inseguridad alimentaria. Los hogares con jefes educados acceden a mejores empleos. También toman decisiones más informadas sobre nutrición y presupuesto familiar. Invertir en educación representa entonces una política alimentaria de largo plazo.
El déficit habitacional correlaciona fuertemente con inseguridad alimentaria. Las familias que destinan gran parte de sus ingresos a vivienda precaria tienen menos para alimentos. Los programas de vivienda social deberían considerarse también como políticas de seguridad alimentaria.
La autopercepción de pobreza coincide con los indicadores objetivos de hambre. Quienes se consideran pobres efectivamente padecen más inseguridad alimentaria. Esta coincidencia valida tanto las mediciones técnicas como la experiencia subjetiva de las personas.
El análisis de ANIF aporta evidencia cuantitativa sobre una realidad conocida cualitativamente. Los trabajadores informales siempre han sabido que su precariedad laboral amenaza su alimentación. Ahora los datos confirman esta relación con precisión estadística.
La correlación de 0,7 entre informalidad e inseguridad alimentaria es considerada alta en ciencias sociales. Sugiere que las políticas de formalización laboral tendrían impacto directo en seguridad alimentaria. Cada punto porcentual de reducción en informalidad podría traducirse en menos hogares con hambre.
Las regiones con peores indicadores requieren intervenciones urgentes y diferenciadas. No se puede aplicar la misma política en Bogotá que en Chocó. Las realidades territoriales demandan soluciones contextualizadas. La presencia estatal debe fortalecerse precisamente donde más se necesita.
El acceso y distribución de alimentos en zonas de conflicto representa un desafío humanitario. Los grupos armados controlan rutas y cobran vacunas que encarecen productos básicos. La paz territorial es también una condición para la seguridad alimentaria.
La mejoría del empleo a nivel nacional no se refleja uniformemente en los territorios. El desempleo más bajo en 23 años coexiste con informalidad superior al 55 %. Esta paradoja revela la calidad deficiente del empleo generado.
Los corresponsales bancarios mencionados en los comentarios ilustran perfectamente la informalidad disfrazada de modernización. Empresas formales tercerizan servicios con trabajadores sin protección social. Esta práctica perpetúa la precariedad laboral bajo apariencia de inclusión financiera.
La seguridad alimentaria no se resuelve únicamente con producción agrícola suficiente. Colombia produce alimentos para alimentar a su población. El problema radica en que millones de personas no tienen ingresos para comprarlos. La pobreza, no la escasez, explica el hambre.
Las políticas asistenciales como transferencias monetarias condicionadas ayudan en el corto plazo. Sin embargo, no sustituyen la necesidad de empleos formales con ingresos dignos. La asistencia debe complementar, no reemplazar, la generación de oportunidades económicas sostenibles.
La fragmentación territorial colombiana se expresa dramáticamente en estos indicadores. Existen varios países dentro del país. Uno con indicadores aceptables en grandes ciudades. Otro con crisis humanitaria en regiones periféricas. Esta dualidad demanda políticas redistributivas más agresivas.
Los 12 millones de colombianos en inseguridad alimentaria representan un fracaso colectivo. En un país con recursos naturales abundantes, nadie debería pasar hambre. La persistencia del problema evidencia fallas estructurales en el modelo económico y social.
