Colombia ha alcanzado un récord histórico como el país más letal para defensores de la tierra y el medioambiente. En 2023, se registraron 79 asesinatos, sumando un total de 461 desde 2012, cuando Global Witness (GW) comenzó a documentar estos casos. América Latina sigue siendo la región más peligrosa, con Brasil, México y Honduras también en la lista.
El líder indígena Phanor Guazaquillo era una figura prominente en temas ambientales y de restitución de tierras en Putumayo, Colombia. Fue gobernador del cabildo nasa Kwesx Kiwe Chorrolargo de Puerto Asís y una voz visible durante el estallido social de 2021. Además, formó parte de la Instancia Especial de Alto Nivel para el seguimiento del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la ex guerrilla de las Farc.
El 3 de diciembre de 2023, alrededor de las 2:50 pm, un sicario le disparó mientras salía de las exequias de Manuel Carlosama, otro líder indígena, en Puerto Asís. Recibió varios disparos frente a su familia y comunidad. Al llegar al hospital, fue declarado muerto. Phanor Guazaquillo había sido asesinado.
Andrés Cancimance, representante a la Cámara, quien coincidió con Guazaquillo en varios espacios políticos, comentó sobre la alta exposición de Phanor debido a su lucha por la tierra en un contexto de conflicto armado. A pesar de haber alertado a las autoridades sobre las amenazas, nunca recibió un esquema de protección. Tras su asesinato, su familia quedó vulnerable y tuvo que buscar apoyo para obtener seguridad, la cual finalmente se consiguió.
El caso de Guazaquillo es solo uno de los 79 documentados en Colombia durante 2023 por GW. Desde 2012, Colombia ha sido el país con más defensores asesinados, con un total de 461 muertes. América Latina sigue siendo la región más letal, con el 85% de los 196 casos documentados en 2023 ocurriendo en la región. A Colombia le siguen Brasil (25), Honduras (18), México (18), Filipinas (17) y Nicaragua (10).
Laura Furones, asesora principal de GW, explica que de los 79 asesinados en Colombia en 2023, 31 eran indígenas, 17 pequeños campesinos y cinco afrodescendientes. Los municipios con más casos fueron Cauca (26), Nariño (9) y Putumayo (7), donde vivía Guazaquillo.
Astrid Torres, directora del programa Somos Defensores, señala que el Estado colombiano ha fallado en su deber constitucional de proteger a los defensores, a pesar de contar con más de 30 normativas para hacerlo. Las entidades del Estado no han coordinado sus acciones para protegerlos, como en el caso de Guazaquillo, quien fue asesinado después de exigir protección integral.
Además, hay una baja efectividad en las investigaciones judiciales, con un 90% de impunidad según Somos Defensores. La profundización del modelo extractivo, la presencia de grupos ilegales armados y el incumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016 han permitido la reconfiguración del conflicto armado en Colombia.
A pesar de la voluntad política del Gobierno de Gustavo Petro para frenar la situación de riesgo de los defensores, no se ha materializado nada concreto. Con la Cumbre de Biodiversidad, COP16, que se celebrará en noviembre en Cali, la presión por poner este tema en la agenda política será mayor. Delegados de 196 países negociarán las reglas para implementar el Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal (GBF), un acuerdo internacional adoptado en 2022. El lema de la COP16 es “Paz con la Naturaleza”, y el GBF reconoce la importancia de los conocimientos de los pueblos indígenas para conservar la biodiversidad.
La población civil tendrá un espacio de discusión en la COP16. Además, la Corte Constitucional avaló la ley que permite a Colombia ratificar el Acuerdo de Escazú, pensado para proteger a líderes ambientales, lo que podría impulsar este tema en la agenda.
En México, aunque la cifra de defensores asesinados bajó de 31 en 2022 a 18 en 2023, el 70% de los casos fueron indígenas atacados en Jalisco, Colima y Michoacán. El 40% de las víctimas se oponían a proyectos mineros. Además, 93 defensores desaparecieron entre diciembre de 2006 y agosto de 2023, y en un 40% de los casos aún no hay noticias de su paradero.
Alejandra Goza, directora de Global Rights Advocacy, asegura que el Estado ha creado narrativas estigmatizantes contra los desaparecidos y se ha negado a investigar si las empresas están involucradas. La crisis de las desapariciones forzadas se alimenta de la crisis forense, con más de 52.000 cuerpos sin identificar, y la crisis de la justicia, con la mayoría de casos en la impunidad.
Centroamérica, aunque no es una región amplia, reportó 36 asesinatos a defensores de la tierra y el ambiente en 2023, siendo la región con más muertos per capita. Honduras registró 18 casos, seguido de Nicaragua (10), Guatemala (4) y Panamá (4). Honduras ha sido el país con más asesinatos per capita desde 2012, con 149 casos.
Bertha Zúniga Cáceres, activista e hija de la ambientalista asesinada Berta Cáceres, señala la violación de la consulta previa, libre e informada en Honduras y otros países de América Latina. La impunidad y la instrumentalización de la justicia para perseguir a los defensores son problemas graves en la región.
En Nicaragua, los 10 casos reportados en 2023 fueron de indígenas Mayangna y Miskitos, afectados por la deforestación en un país que ha perdido muchos bosques en los últimos años.
A pesar de las noticias amargas para América Latina, Brasil ha mostrado una mejora. Entre 2022 y 2023, los asesinatos reportados bajaron de 34 a 25. La salida de Bolsonaro y las nuevas políticas del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva parecen haber tenido efectos positivos, aunque aún insuficientes.
