La Asamblea Nacional de Venezuela designó el jueves a Larry Devoe como nuevo fiscal general. El Parlamento dominado por el oficialismo adoptó esta decisión. El contexto inmediato es el proceso derivado de la Ley de Amnistía promulgada en febrero.
El nombramiento se concretó tras un periodo de ejercicio temporal del cargo. Desde finales de febrero, Devoe encabezó la institución durante el proceso de recepción de postulaciones. El Legislativo lo había elegido para cumplir esta función transitoria.
Devoe ocupó distintos cargos dentro de la administración estatal durante el régimen de Nicolás Maduro. Mantuvo un perfil más bajo que su predecesor, Tarek William Saab. Su trayectoria incluye funciones como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos. También se desempeñó como representante del Estado venezolano ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Además, el funcionario integra el Programa de Convivencia y Paz. Este programa fue creado en enero por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. La relación entre ambos funcionarios ha sido señalada por diversos analistas.
El nuevo fiscal general formó parte de la Defensoría del Pueblo. También trabajó en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Participó en la junta reestructuradora de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos. A esto se suma su rol como asesor jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Estas responsabilidades evidencian su amplia trayectoria dentro del aparato estatal.
El coordinador general de la ONG Provea, Oscar Murillo, cuestionó su designación. Señaló a EFE que Devoe es un “funcionario de absoluta confianza” de Rodríguez. Este vínculo pone en duda la independencia del Ministerio Público, según su juicio. En esa línea, lo describió como un “funcionario multicargos”. Sostuvo que mantiene una relación estrecha con la dirigencia gubernamental.
Murillo también afirmó que el nuevo fiscal mostró “actitudes despectivas” frente a organizaciones. Estas organizaciones denunciaron violaciones de derechos humanos. Sobre su desempeño en este ámbito, agregó que “su acercamiento al mundo de los derechos humanos ha sido desde la posición arrogante de quien ostenta poder”. Esta referencia alude a su participación en espacios internacionales. En dichos espacios se presentaron denuncias contra el Estado venezolano.
Por su parte, el politólogo y profesor universitario Guillermo Aveledo ofreció una lectura distinta. Señaló que parecía ser “una apuesta por la especialización técnica” en el contexto político actual. Definió a Devoe como “un operador jurídico práctico que conoce profundamente el lenguaje del cumplimiento ante organismos internacionales”. Esta perspectiva contrasta con las críticas planteadas por organizaciones de derechos humanos.
Durante su presentación, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, destacó la formación académica del nuevo fiscal. Indicó que es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Cuenta con estudios de posgrado en derecho constitucional. También cursó posgrados en democracia, derechos humanos y Estado de derecho.
Asimismo, es especialista en ciencias penales y criminalísticas. Cuenta con diplomados en derechos humanos. Esta formación académica fue presentada como uno de los argumentos para respaldar su designación.
El nuevo titular del Ministerio Público asume en un contexto marcado por cambios significativos. La implementación de la Ley de Amnistía representa uno de estos factores. El “nuevo momento político” declarado por el Ejecutivo configura otro elemento central. Este escenario incluye el restablecimiento pleno de relaciones con Estados Unidos. Dicho acuerdo fue alcanzado en marzo bajo la Administración de Donald Trump.
En ese marco, Aveledo consideró que Devoe posee el “perfil ideal” en función de los intereses políticos en juego. Explicó que “en el marco de un ‘cuasi-protectorado’ que busca legitimidad externa para estabilizarse, su perfil es ideal para transitar de la fase de resistencia penal a una fase de arbitraje tutelado”. Esta interpretación sugiere una lectura estratégica del nombramiento.
Murillo, en tanto, insistió en sus cuestionamientos. Sostuvo que la cercanía con el poder político genera dudas sobre su desempeño. Recordó que la Constitución exige independencia en el cargo. Afirmó que se necesita “un fiscal que le hable al país” y que “genere confianza”. Esta referencia alude a las expectativas sobre la conducción del Ministerio Público.
El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa acusó al nuevo fiscal general de ser “cómplice” del régimen chavista. La denuncia se produjo tras la designación de Larry Devoe. Se le señala por omisiones ante torturas. También por represión en protestas. Además, por obstáculos a organismos internacionales desde cargos oficiales en años anteriores.
El Parlamento también designó a Eglée González Lobato como defensora del pueblo. Legisladores opositores cuestionaron la falta de independencia en los nombramientos. Estas designaciones forman parte de una reorganización institucional más amplia.
El Foro Penal denunció que un dirigente juvenil fue detenido en las protestas reprimidas por el régimen en Caracas. El joven de 21 años, Ort Betancourt, integrante de una organización política venezolana, fue arrestado. Las fuerzas de seguridad lo detuvieron durante una protesta efectuada en el centro de la capital el jueves. Este hecho ocurrió en paralelo a los nombramientos institucionales.
El Parlamento de Venezuela aprobó una nueva ley de minas que permite la inversión extranjera en el sector aurífero. La normativa establece controles para impedir la participación de funcionarios en títulos mineros. Otorga prioridad de compra al Banco Central sobre el oro extraído en el país. Esta legislación forma parte de las reformas económicas impulsadas por el gobierno.
Delcy Rodríguez realizó su primer viaje oficial a Granada para fortalecer la cooperación bilateral. La jefa del régimen chavista se reunió con las principales autoridades del país caribeño. El objetivo fue actualizar una agenda que incluye los hidrocarburos. También el programa Petrocaribe, suspendido desde 2019. Este acercamiento regional coincide con los cambios institucionales internos.
Delcy Rodríguez anunció nuevas medidas económicas. Prometió una suba salarial en Venezuela. Estas promesas económicas se enmarcan en el contexto de cambios políticos e institucionales. La designación del nuevo fiscal general forma parte de esta reconfiguración del poder.
Estados Unidos sopesa levantar las sanciones del Banco Central de Venezuela para ayudar a la economía. Esta consideración se produce tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas. El contexto internacional influye directamente en las decisiones internas del régimen.
La Justicia de EEUU impidió a los abogados de Maduro compartir pruebas con otros acusados. Esta restricción legal mantiene la presión internacional sobre el régimen venezolano. Sin embargo, el restablecimiento de relaciones abre nuevas dinámicas políticas.
El nombramiento de Larry Devoe como fiscal general representa un punto de inflexión institucional. Su trayectoria dentro del aparato estatal venezolano es extensa. Las críticas sobre su independencia contrastan con las valoraciones sobre su capacidad técnica. El contexto político nacional e internacional condiciona el alcance de su gestión.
Las expectativas sobre la conducción del Ministerio Público son diversas. Organizaciones de derechos humanos expresan preocupación por su cercanía con el poder ejecutivo. Analistas políticos identifican en su perfil una estrategia de legitimación internacional. El desarrollo de su gestión revelará cuál de estas perspectivas se ajusta más a la realidad.
