Desde abril de 2025, el gobierno chavista ha emitido ocho decretos consecutivos de emergencia económica. Esta práctica comenzó bajo la gestión de Nicolás Maduro. Posteriormente, su sucesora Delcy Rodríguez ha continuado con esta estrategia.
La Constitución venezolana establece límites claros para estas medidas excepcionales. Sin embargo, el régimen ha logrado extenderlas por más de año y medio. De esta manera, el Ejecutivo maneja las finanzas públicas sin controles institucionales.
El artículo 338 de la Carta Magna bolivariana fija parámetros específicos. Este establece: “Podrá decretarse el estado de emergencia económica cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la Nación. Su duración será de hasta sesenta días, prorrogable por un plazo igual”.
A pesar de estas disposiciones constitucionales, Rodríguez ha continuado extendiendo las medidas. Esto ocurre incluso cuando la presidenta encargada afirma que el país atraviesa un “nuevo momento político”. La práctica contradice los límites temporales establecidos en la normativa vigente.
La economía venezolana presenta cifras alarmantes en la última década. El país ha perdido dos tercios de su tamaño económico. Este período estuvo marcado por la hiperinflación y la pulverización del bolívar.
El salario mínimo permanece congelado desde marzo de 2022. Actualmente, equivale a menos de 30 centavos de dólar. Esta situación refleja el deterioro del poder adquisitivo de los venezolanos.
La ONG Acceso a la Justicia emitió un informe sobre esta situación. La organización advirtió sobre las implicaciones de este uso prolongado de medidas excepcionales. “Lo que está en juego no es únicamente la duración de la emergencia económica, sino la utilización de un mecanismo excepcional para concentrar recursos, desplazar controles institucionales y ampliar de forma permanente las facultades del Ejecutivo”, señaló.
Los decretos otorgan facultades extraordinarias al Ejecutivo en materia financiera. La asociación civil observa que resulta “particularmente amplia la facultad de dictar normas que autoricen, excepcionalmente y sin sometimiento a otro poder público, operaciones de crédito público, así como sus reprogramaciones y complementos, aunque no estén previstas en la Ley Especial de Endeudamiento”.
Acceso a la Justicia plantea cuestionamientos sobre el enfoque de estos decretos. Según la organización, las medidas no establecen soluciones concretas para las causas estructurales. En cambio, “los decretos crean un marco extraordinario que amplía la capacidad del Ejecutivo para decidir sobre los recursos del Estado”.
Esta concentración de poder opera en múltiples dimensiones. Por un lado, debilita los controles que otros poderes públicos deben ejercer sobre la Presidencia. Además, interviene en competencias que corresponden a estados y municipios.
La organización subraya la doble naturaleza de esta concentración. “De esta manera, la emergencia económica produce una doble concentración de poder: horizontalmente, al ampliar las facultades del Ejecutivo en detrimento de las competencias legislativas y debilitar el control que debería ejercer la justicia constitucional; y territorialmente, al trasladar recursos y capacidad de decisión desde estados y municipios hacia el poder central”, apunta.
El contexto político venezolano experimentó cambios significativos en enero de 2026. Una intervención militar estadounidense el 3 de enero concluyó con la captura de Maduro. También resultó detenida su esposa Cilia Flores.
Tras estos acontecimientos, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada. Posteriormente, emprendió una apertura de los sectores petrolero y minero del país. Esta estrategia sigue los lineamientos establecidos por la Casa Blanca.
La expectativa de recuperación económica creció durante los primeros meses de esta nueva etapa. No obstante, dos terremotos ocurridos el 24 de junio alteraron drásticamente el panorama. Estos eventos sísmicos dejaron más de 6 mil muertos.
Los daños materiales causados por los terremotos superan los 19 mil millones de dólares. Esta catástrofe natural agravó la ya compleja situación económica del país. Asimismo, planteó nuevos desafíos para la reconstrucción nacional.
El uso de estados de excepción económica no constituye una práctica nueva. Entre 2016 y 2021, Maduro también manejó el país mediante este mecanismo. Durante ese período, el Ejecutivo operó bajo un estado de excepción por razones económicas.
Acceso a la Justicia señala las lecciones de aquella experiencia anterior. “La experiencia de 2016 a 2021 ya mostró los riesgos de normalizar la emergencia. Cuando lo excepcional se vuelve permanente, también lo hace la reducción de los controles al poder. Para los venezolanos, esto se traduce en menos controles sobre el uso de los recursos públicos, menor autonomía de estados y municipios, mayor inseguridad jurídica y una creciente concentración de las decisiones económicas en el Ejecutivo nacional”, subraya.
Los trabajadores venezolanos han manifestado su descontento ante esta situación. Recientemente, marcharon por salarios dignos y justos. Durante las protestas, mostraron carteles denunciando cuatro años sin aumento salarial.
La capacidad del Ejecutivo para operar sin rendición de cuentas genera preocupaciones institucionales. Los mecanismos de control parlamentario se ven debilitados por estas medidas excepcionales. Igualmente, la supervisión judicial queda limitada en su alcance.
La autonomía de los gobiernos regionales y locales se ve comprometida. Los decretos permiten al gobierno central tomar decisiones que tradicionalmente corresponden a otras instancias. Esta centralización afecta la distribución territorial del poder.
Las operaciones de crédito público pueden realizarse sin aprobación de otros poderes. Esta facultad incluye reprogramaciones y complementos de deuda. Todo ello ocurre aunque no esté previsto en la legislación especial correspondiente.
La inseguridad jurídica aumenta cuando las normas excepcionales se vuelven permanentes. Los actores económicos enfrentan dificultad para planificar en un marco regulatorio inestable. Esta incertidumbre afecta tanto la inversión como las operaciones cotidianas.
El uso de recursos públicos queda fuera del escrutinio habitual. Los mecanismos ordinarios de fiscalización no aplican durante la emergencia. Consecuentemente, la transparencia en el manejo de las finanzas estatales disminuye.
La situación plantea interrogantes sobre el equilibrio de poderes en Venezuela. La Constitución establece separación y control mutuo entre las ramas del gobierno. Sin embargo, los decretos de emergencia alteran este balance institucional.
El precedente establecido entre 2016 y 2021 muestra un patrón preocupante. Durante esos años, las medidas excepcionales se normalizaron gradualmente. Ahora, la misma dinámica parece repetirse bajo la gestión de Rodríguez.
La apertura económica impulsada por la presidenta encargada contrasta con la concentración de poder. Por una parte, se busca atraer inversión en sectores estratégicos. Por otra, se mantiene un marco que limita los controles institucionales.
Los desafíos que enfrenta Venezuela son múltiples y complejos. La devastación causada por los terremotos requiere respuestas coordinadas y recursos significativos. Al mismo tiempo, la reconstrucción institucional demanda restaurar balances de poder.
La comunidad internacional observa estos desarrollos con atención. Las organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por la concentración de facultades. También señalan la necesidad de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas.
El futuro económico del país depende de múltiples factores. La recuperación del sector petrolero podría generar ingresos importantes. No obstante, la sostenibilidad requiere marcos institucionales sólidos y predecibles.
La participación ciudadana en las decisiones económicas se ve limitada. Los decretos de emergencia reducen los espacios para el debate público. Asimismo, disminuyen las oportunidades de escrutinio social sobre políticas gubernamentales.
La reconstrucción post-terremoto plantea dilemas sobre el uso de facultades excepcionales. Si bien la emergencia puede justificar medidas rápidas, también aumenta riesgos de discrecionalidad. El equilibrio entre eficacia y control representa un desafío crucial.
