Cerro Norte es una zona reducida del oeste montevideano. Sin embargo, su tamaño contrasta con la gravedad de sus problemas. La disputa territorial entre dos bandas criminales ha convertido este lugar en escenario de violencia extrema. Los enfrentamientos por el control de la venta de droga han elevado la tasa de homicidios muy por encima del promedio nacional.
Por esta razón, el gobierno de Yamandú Orsi eligió este barrio para implementar su programa insignia. La iniciativa busca transformar zonas marcadas por la criminalidad mediante intervenciones integrales. El mandatario uruguayo reunió este lunes a su gabinete para anunciar el inicio del plan. La puesta en marcha está prevista para este jueves.
El programa lleva el nombre de Más Barrio. Además, combina políticas de seguridad con acciones de infraestructura y vivienda. No se limita únicamente a Montevideo. También llegará a San Antonio en Maldonado y a Corfrisa en Las Piedras. Asimismo, contempla intervenciones en las ciudades de Rivera y Durazno. En etapas posteriores, abarcará 21 zonas distribuidas por todo el territorio nacional.
El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, presentó los detalles en rueda de prensa. Su rol es similar al de un jefe de gabinete. “Acá no se trata de fiscalizar, sino de mejorar las condiciones de vida de los vecinos de cada barrio”, explicó. Esta declaración revela el enfoque del programa. Por consiguiente, la estrategia no se centra exclusivamente en el control policial.
Unos 140 funcionarios visitarán los barrios este jueves. Llegarán para informar a los vecinos sobre la operativa prevista. Además, realizarán un censo detallado de la población. También registrarán los problemas estructurales que afectan a las viviendas. Sánchez detalló la metodología que seguirá la intervención gubernamental.
“Es primero ir a hablar con los vecinos para que sepan qué va a ocurrir en la zona”, señaló. Posteriormente, vendrá la intervención en limpieza y alumbrado público. Luego se procederá al equipamiento de espacios comunes. Una vez relevados los problemas habitacionales, se diseñarán las soluciones correspondientes. Estas incluirán canastas de materiales para quienes puedan autoconstruir mejoras en sus hogares.
No obstante, algunos casos requerirán medidas más drásticas. Ciertas viviendas necesitarán ser demolidas completamente. El caso particular de Los Palomares ilustra esta situación. Allí será necesario abrir calles porque actualmente solo existen pasajes cerrados. Esta zona es considerada una de las más peligrosas de Cerro Norte.
El secretario de Presidencia calificó la operación del jueves como un “desembarco”. Participarán funcionarios de varios ministerios en esta acción coordinada. Estarán presentes los ministerios de Desarrollo Social, de Vivienda y de Interior. También colaborarán estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales. La primera actividad será censal y de relevamiento.
“Le vamos a explicar a los vecinos de qué se trata la intervención del proyecto Más Barrio”, detalló Sánchez. Los residentes recibirán un folleto informativo sobre las acciones planificadas. Simultáneamente, los equipos relevarán las condiciones edilicias de cada vivienda. Identificarán problemas eléctricos, sanitarios y estructurales que requieran atención urgente. Esta información permitirá priorizar las intervenciones más imperiosas.
Después de estos primeros días de trabajo, comenzará una segunda fase. Esta etapa incluirá acciones de diferente naturaleza. Habrá operativos de limpieza profunda en las calles y espacios públicos. Además, se mejorará el sistema de iluminación en zonas oscuras. El patrullaje policial se intensificará de manera permanente. Paralelamente, comenzarán los trabajos estructurales relacionados con la vivienda.
La visión gubernamental sobre este plan trasciende lo meramente policial. Aunque la seguridad representa un componente importante, no es el único objetivo. El concepto central gira en torno a la “convivencia”. Sánchez enfatizó esta perspectiva al describir las acciones previstas.
“Vamos a tener acciones sobre el mobiliario público, plazas públicas, reconstruir espacios para que la gente pueda tener convivencia en el barrio”, afirmó. La iluminación y la limpieza forman parte integral del proyecto. También se contempla la relocalización o construcción de viviendas nuevas. Estas medidas buscan crear condiciones materiales para la vida comunitaria.
La situación que enfrenta Cerro Norte es verdaderamente dramática. Un hombre fue asesinado allí de varios disparos recientemente. Incluso un niño de un año perdió la vida en medio de una balacera. El pequeño quedó atrapado en el fuego cruzado cuando delincuentes buscaban a su padre. Este era el líder de una banda narco de Montevideo. Estos hechos ilustran la urgencia de la intervención.
El financiamiento del programa Más Barrio proviene de fuentes internacionales. CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe otorgó un préstamo de aproximadamente 50 millones de dólares. Este organismo habilitó una línea de crédito total de unos 250 millones de dólares. A estos recursos se suma el presupuesto asignado al Plan de Seguridad. Este corresponde al Ministerio del Interior y complementa las acciones territoriales.
El Ministerio del Interior ha realizado operativos de gran envergadura en Cerro Norte. Recientemente ejecutó allanamientos descritos como “la operación más grande de los últimos años”. Estas acciones policiales han sido frecuentes en la zona. Sin embargo, el gobierno reconoce que la represión por sí sola resulta insuficiente. Por ello, la estrategia actual integra múltiples dimensiones de intervención social.
Los 140 funcionarios que llegarán el jueves representan un esfuerzo interinstitucional sin precedentes. Su presencia simultánea busca generar un impacto visible e inmediato. Además, pretende transmitir un mensaje de presencia estatal sostenida. No se trata de una operación puntual sino del inicio de un proceso prolongado.
La apertura de calles en zonas como Los Palomares tiene implicaciones profundas. Actualmente, la configuración urbana favorece el control territorial de las bandas criminales. Los pasajes cerrados dificultan el acceso de las autoridades. También facilitan las actividades ilícitas y obstaculizan la circulación de los vecinos. Por tanto, modificar la estructura urbana constituye una estrategia de seguridad en sí misma.
Las canastas de materiales para autoconstrucción representan un reconocimiento importante. Muchos vecinos poseen capacidad y voluntad de mejorar sus hogares. No obstante, carecen de recursos económicos para adquirir los materiales necesarios. Al proporcionarlos, el Estado habilita procesos de mejora habitacional autogestionados. Esto genera apropiación comunitaria del proceso de transformación.
La remodelación de plazas y espacios públicos tiene un significado que trasciende lo estético. Estos lugares han sido abandonados o tomados por actividades delictivas. Recuperarlos para el uso comunitario implica disputar el territorio a las organizaciones criminales. Además, crea condiciones para la socialización y el encuentro entre vecinos. Esto fortalece el tejido social fragmentado por años de violencia.
El refuerzo del patrullaje policial debe entenderse en este contexto más amplio. No se trata simplemente de aumentar la presencia uniformada. La estrategia busca que la policía acompañe un proceso de transformación territorial. Su función es proteger las mejoras realizadas y garantizar que los vecinos puedan apropiarse de los espacios recuperados.
La coordinación entre diferentes ministerios resulta fundamental para el éxito del programa. Los problemas de estos barrios son multidimensionales y requieren respuestas integrales. La inseguridad se vincula con la precariedad habitacional, la falta de servicios y la exclusión social. Por ello, ninguna institución puede abordar la situación de manera aislada.
La participación de estudiantes de Ciencias Sociales aporta una mirada técnica y académica. Ellos contribuirán al relevamiento y al análisis de la situación. Además, su presencia simboliza el compromiso de la sociedad en su conjunto. La transformación de estos barrios no es responsabilidad exclusiva del Estado. Requiere la participación de diversos actores sociales e institucionales.
La extensión del programa a 21 zonas del país evidencia la magnitud del desafío. Cerro Norte no es un caso aislado sino parte de una problemática nacional. Muchos barrios uruguayos enfrentan situaciones similares de violencia y precariedad. Por consiguiente, la respuesta debe tener escala y sostenibilidad en el tiempo.
El presidente Yamandú Orsi ha colocado este programa entre sus prioridades de gobierno. Su participación directa en el anuncio subraya la importancia política de la iniciativa. Además, refleja una apuesta por políticas de seguridad diferentes a las tradicionales. El enfoque represivo ha mostrado limitaciones evidentes en estos territorios.
La entrega de folletos informativos puede parecer un detalle menor. Sin embargo, representa un esfuerzo por comunicar claramente con los vecinos. Muchas intervenciones estatales anteriores carecieron de explicaciones adecuadas. Esto generó desconfianza y resistencia en las comunidades. Por tanto, la transparencia comunicacional forma parte de la estrategia.
El relevamiento de problemas eléctricos y sanitarios aborda necesidades básicas urgentes. Muchas viviendas carecen de instalaciones seguras y adecuadas. Esto genera riesgos para la salud y la vida de sus habitantes. Además, la precariedad material refuerza la sensación de abandono estatal. Atender estas carencias concretas puede generar confianza en el proceso.
La demolición de viviendas es quizás el aspecto más delicado del programa. Implica desarraigar a familias de sus hogares actuales. Por ello, debe acompañarse de soluciones habitacionales dignas y cercanas. De lo contrario, generará resistencia y conflicto. El éxito dependerá de cómo se gestione este proceso con las familias afectadas.
La iluminación pública tiene efectos directos sobre la seguridad percibida y real. Las zonas oscuras favorecen las actividades delictivas y generan temor. Mejorar la iluminación permite que los vecinos circulen con mayor tranquilidad. También facilita el control social informal y la vigilancia comunitaria.
La limpieza de calles y espacios públicos transmite un mensaje de cuidado. Durante años, estos barrios han sido percibidos como zonas descartables. La acumulación de basura y el deterioro físico refuerzan esta estigmatización. Por tanto, las acciones de limpieza tienen también un valor simbólico importante.
El concepto de “convivencia” que enfatiza el gobierno es significativo. Reconoce que la seguridad no es solo ausencia de delito. También implica la posibilidad de vida comunitaria, de encuentro y de uso compartido del espacio público. Esta visión más amplia puede generar transformaciones más profundas y sostenibles.
