Las cinco principales transportadoras de gas natural en Colombia rechazaron este jueves la orden gubernamental de devolver más de 150.000 millones de pesos a los usuarios. Promigas, TGI, Promioriente, Transmetano y Transoccidente negaron haber cobrado tarifas indebidas durante los últimos años.
Las compañías aseguraron que todas sus actuaciones se ajustaron estrictamente a la regulación vigente. Además, advirtieron que evaluarán acciones legales si la decisión del Gobierno se formaliza mediante actos administrativos.
La respuesta corporativa llegó apenas un día después del anuncio oficial. El Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas ordenaron revertir un ajuste tarifario. Este ajuste había sido aplicado desde 2023 a la tasa de rentabilidad reconocida a las transportadoras.
Según el Gobierno, ese incremento terminó reflejándose en las facturas del servicio público. Por lo tanto, los recursos cobrados de más deben regresar a los usuarios del país.
El ajuste cuestionado surgió de una regla automática establecida desde 2021. La Resolución CREG 004 de ese año estableció un mecanismo de recálculo automático. Si variaban ciertas variables macroeconómicas, la tasa de descuento debía actualizarse con la nueva tarifa.
Entre esas variables se encuentran el impuesto de renta corporativo y diversos parámetros financieros. La norma contemplaba que cualquier cambio en estos factores activaría el recálculo tarifario.
En su comunicado conjunto, las transportadoras defendieron la metodología tarifaria aplicada durante este período. Las empresas sostuvieron que corresponde exactamente a la establecida por el regulador del sector.
La tasa de descuento que determina la rentabilidad de la infraestructura se aplicó de manera transparente. Además, aseguran que el proceso fue riguroso y siguió las resoluciones expedidas por la CREG.
Por esa razón, las compañías afirman que no existe fundamento técnico ni jurídico para hablar de cobros indebidos. Consecuentemente, consideran que no habría lugar a realizar devoluciones a los usuarios del servicio.
Las transportadoras también mencionaron un episodio reciente que refuerza su posición en esta controversia. El 11 de febrero de 2026, un tribunal arbitral resolvió una disputa entre Transmetano y EPM.
El laudo arbitral concluyó que la transportadora aplicó correctamente la tasa de descuento definida por la regulación. Para las compañías, esta decisión confirma que los cálculos tarifarios estuvieron alineados con las reglas vigentes.
Otro punto central del pronunciamiento empresarial es de carácter procedimental. Hasta ahora, las transportadoras no han recibido ninguna decisión administrativa formal que ordene la devolución.
El anuncio del Gobierno se conoció únicamente a través de un comunicado público divulgado en medios. Sin embargo, no se ha notificado oficialmente mediante actos administrativos a las empresas involucradas.
Las transportadoras indicaron que analizarán el contenido cuando reciban la decisión formalmente expedida. También evaluarán el alcance jurídico de cualquier medida que se adopte contra sus intereses.
Si consideran que las medidas vulneran el marco regulatorio, acudirán a instancias judiciales. Las empresas no descartaron emprender acciones legales para defender su posición en este conflicto.
La controversia gira en torno a un elemento técnico que impacta directamente las facturas mensuales. Ese factor es la tasa WACC, que define la rentabilidad reconocida a las empresas de infraestructura.
Esta tasa determina cuánto pueden recuperar las compañías que invierten en gasoductos y estaciones de compresión. También aplica a las redes de gran escala que transportan el combustible por todo el país.
En 2023, la Comisión de Regulación de Energía y Gas elevó esa tasa de 10,94% a 11,88%. El incremento resultó de un recálculo automático previsto en la regulación vigente desde años anteriores.
El ajuste estuvo asociado a cambios en variables macroeconómicas que afectaron el modelo tarifario. Entre estos factores destacó la reforma tributaria aprobada por el Congreso en 2022.
Esa reforma elevó el impuesto de renta corporativo al 35%, modificando los parámetros financieros del sector. La modificación tributaria alteró los cálculos y activó automáticamente la actualización de la tasa.
El impacto fue pequeño en apariencia, menos de un punto porcentual en términos nominales. Sin embargo, en un sector donde las inversiones se cuentan en miles de millones, cualquier cambio resulta significativo.
Incluso variaciones marginales pueden modificar sustancialmente los cargos tarifarios que pagan los usuarios finales. Por eso, el ajuste de menos de un punto porcentual generó un impacto de miles de millones.
Tras revisar recursos presentados por distribuidores de gas, la CREG decidió reducir nuevamente la tasa. El regulador ordenó regresar al nivel anterior de 10,94% y devolver los valores cobrados.
El monto estimado de la devolución supera los 150.000 millones de pesos acumulados desde 2023. Estos recursos deberían regresar a los usuarios mediante ajustes en la facturación de los próximos meses.
Para entender la discusión conviene examinar la cadena completa del servicio de gas natural. El combustible que llega a las cocinas y calderas pasa por varias etapas claramente diferenciadas.
Primero está la producción en los campos de extracción ubicados en diferentes regiones del país. Luego viene el transporte por grandes gasoductos que atraviesan el territorio nacional.
Después sigue la distribución en las redes urbanas que llevan el gas a cada barrio. Finalmente está la comercialización, que es la relación directa con el usuario final.
El transporte —la actividad de estas cinco empresas— funciona como una autopista energética de gran escala. Conecta los campos productores con las redes de distribución en las ciudades del país.
La remuneración de esa infraestructura está regulada porque se trata de un monopolio natural reconocido. No tiene sentido económico ni técnico construir varios gasoductos paralelos compitiendo entre sí.
Por eso la tarifa la fija el regulador mediante metodologías técnicas establecidas en resoluciones. El objetivo es equilibrar la recuperación de inversiones y evitar cobros excesivos a los usuarios.
El Ejecutivo viene revisando la formación del precio del gas en distintos puntos de la cadena. Mientras tanto, las transportadoras defienden que su actuación ha seguido exactamente las reglas vigentes.
El resultado de este pulso definirá cómo evoluciona uno de los servicios públicos más sensibles. Tanto hogares como industrias dependen del gas natural para sus actividades diarias y productivas.
La disputa entre regulación, empresas y decisiones administrativas continúa desarrollándose en múltiples escenarios. Los próximos capítulos podrían incluir recursos judiciales y nuevas decisiones del regulador sectorial.
Las transportadoras mantienen su posición de que actuaron conforme a derecho durante todo el período. El Gobierno, por su parte, sostiene que existieron sobrecostos que deben ser devueltos.
Los usuarios del servicio esperan claridad sobre cuándo y cómo recibirían los recursos prometidos. Mientras tanto, las empresas preparan su estrategia legal para enfrentar cualquier decisión administrativa formal.
