Termocandelaria Power S.A. (TPSA), uno de los jugadores más grandes del parque termoeléctrico colombiano, activó un arbitraje internacional contra el Estado colombiano. La demanda fue presentada ante el CIADI. Este organismo del Banco Mundial se encarga de resolver disputas entre países e inversionistas extranjeros.
El caso quedó registrado oficialmente bajo el expediente ARB/26/20. La solicitud fue radicada el 6 de abril. El tribunal la aceptó el 27 del mismo mes. Esta es otra disputa internacional que aterriza sobre el sector energético colombiano. El momento actual es particularmente delicado. El tablero está lejos de ser estable.
La empresa española confirmó este jueves el registro oficial de su solicitud. TPSA lleva más de dos décadas operando en Colombia. Lo hace a través de Tebsa y Termocandelaria. Estas dos plantas térmicas juntas aportan cerca de 1.466 megavatios de capacidad neta. Esta capacidad alimenta el sistema eléctrico nacional.
Las térmicas juegan un papel crucial en momentos específicos. Cuando bajan los embalses, su importancia aumenta considerablemente. Los fenómenos climáticos extremos también elevan su relevancia. En esos momentos, las térmicas dejan de ser un actor secundario. Pasan a sostener buena parte del sistema.
Hace apenas unos días, Acolgen advirtió sobre una posible “tormenta perfecta” para el sector. La asociación pidió prender generación térmica “de inmediato”. El objetivo es ahorrar agua en los embalses. Esta medida preventiva busca prepararse ante la llegada de un eventual fenómeno de El Niño.
El caso con Termocandelaria se remonta a la empresa Air-e. Esta comercializadora y distribuidora de energía fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos. Según la compañía demandante, desde 2024 se han adoptado medidas problemáticas. Estas decisiones les impiden a los generadores recibir una “remuneración adecuada”. El pago corresponde a la energía entregada a esa empresa.
TPSA sostiene que las decisiones tomadas por Colombia vulneran un tratado internacional importante. Se trata del tratado bilateral de protección de inversiones firmado entre España y Colombia. Este acuerdo está vigente desde 2007. La empresa cuestiona presuntas violaciones específicas. En particular, señala el incumplimiento del estándar de “trato justo y equitativo”. También menciona la adopción de medidas “arbitrarias y discriminatorias”.
La empresa calcula que los daños acumulados ya superan los USD 198,4 millones. Esta suma equivale a más de COP 700.000 millones. Además, la cifra podría aumentar durante el proceso arbitral. El incremento continuaría mientras persistan las condiciones que originaron la reclamación.
El caso aparece en un momento crítico para el sistema energético colombiano. Colombia arrastra deudas acumuladas con comercializadoras y distribuidoras. Estas deudas se acercan a los COP 6 billones. Particularmente, Air-e debe cerca de COP 2 billones.
Este enredo financiero ha generado preocupación considerable. Los generadores y empresas privadas temen el riesgo de impagos. También les preocupa el deterioro de caja que esto implica. La situación afecta la estabilidad financiera de múltiples actores del sector.
La propia Termocandelaria buscó enviar un mensaje tranquilizador. Quiso comunicar continuidad operativa pese al litigio iniciado. “Acudir al CIADI es una decisión que tomamos dentro del marco previsto por el tratado entre España y Colombia, con el propósito de proteger nuestra inversión y buscar una solución justa”, afirmó Eduardo Damián Villarreal. Este directivo es el presidente de la compañía.
Villarreal añadió información adicional sobre el compromiso de la empresa. “Ello no altera nuestro compromiso con el país y con la operación responsable de nuestros activos”. Esta declaración busca separar la disputa legal de las operaciones cotidianas.
El arbitraje será liderado por Freshfields. Esta es una de las firmas internacionales más reconocidas. Su experiencia se concentra en disputas de inversión y energía. Además, contarán con Rincón Castro Abogados como asesor local. Esta combinación reúne experiencia internacional y conocimiento del contexto colombiano.
La reclamación de TPSA se suma a otras tensiones del sector energético. El sistema enfrenta desafíos múltiples y complejos. Por un lado, existe la necesidad de garantizar el suministro eléctrico. Por otro, están las dificultades financieras de varios actores.
Las plantas térmicas como Tebsa y Termocandelaria representan inversiones significativas. Estas instalaciones requieren mantenimiento constante y operación especializada. Los costos operativos son considerables. Por eso, la remuneración adecuada resulta esencial para su viabilidad.
El tratado bilateral entre España y Colombia establece protecciones específicas para inversionistas. Estos acuerdos buscan generar confianza y atraer inversión extranjera. Sin embargo, también pueden generar conflictos cuando hay desacuerdos. El mecanismo del CIADI ofrece una vía de resolución neutral.
La intervención de Air-e por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos respondió a problemas previos. Esta comercializadora acumuló dificultades financieras y operativas importantes. La intervención buscaba proteger el servicio a los usuarios. No obstante, generó efectos colaterales en otros actores de la cadena.
Los generadores de energía dependen de pagos oportunos y completos. Estos recursos les permiten cubrir costos operativos y mantener las plantas. También necesitan invertir en mantenimiento y mejoras. Cuando los pagos se retrasan o reducen, surgen problemas de liquidez.
El sector eléctrico colombiano opera bajo reglas específicas del mercado. Existen mecanismos de despacho y remuneración establecidos. Las plantas térmicas reciben pagos por disponibilidad y por energía generada. Este sistema busca garantizar capacidad suficiente para momentos críticos.
La situación actual pone a prueba el equilibrio del sistema. Por un lado, están las necesidades de los usuarios finales. Por otro, los derechos de los inversionistas y generadores. Encontrar soluciones que satisfagan ambos intereses representa un desafío complejo.
El fenómeno de El Niño añade presión adicional al sistema. Este evento climático reduce las lluvias en muchas regiones. Consecuentemente, disminuye el nivel de los embalses. La generación hidroeléctrica, que normalmente domina en Colombia, se ve limitada. Entonces, las plantas térmicas deben aumentar su producción.
Esta mayor demanda de generación térmica incrementa los costos del sistema. El combustible para estas plantas es más costoso que el agua. Además, tiene implicaciones ambientales diferentes. Por eso, el balance entre fuentes resulta crucial.
Las deudas acumuladas en el sector representan un riesgo sistémico. Si los generadores no reciben pagos adecuados, podrían reducir operaciones. Esta reducción pondría en riesgo el suministro eléctrico. El efecto dominó podría afectar a millones de usuarios.
Air-e opera en la costa Caribe colombiana. Esta región enfrenta desafíos particulares en el servicio eléctrico. Históricamente, ha tenido problemas de calidad y continuidad. La intervención buscaba mejorar esta situación. Sin embargo, las dificultades financieras persisten.
El monto reclamado por TPSA, superior a 198 millones de dólares, es considerable. Representa una carga potencial significativa para el Estado colombiano. Si el arbitraje resulta favorable a la empresa, Colombia debería pagar esta suma. Además, podrían sumarse intereses y costos del proceso.
Los tratados de protección de inversiones tienen defensores y críticos. Los defensores argumentan que atraen inversión y dan seguridad jurídica. Los críticos señalan que limitan la capacidad regulatoria del Estado. También cuestionan que tribunales internacionales revisen decisiones soberanas.
El estándar de “trato justo y equitativo” es amplio e interpretable. Generalmente incluye protección contra arbitrariedad y discriminación. También implica respeto a expectativas legítimas de los inversionistas. La aplicación concreta varía según cada caso.
Freshfields tiene experiencia extensa en arbitrajes de inversión. Ha participado en casos de alto perfil a nivel mundial. Su involucramiento indica que TPSA considera este caso estratégicamente importante. La firma aportará conocimiento especializado en derecho internacional.
Rincón Castro Abogados conoce el contexto legal colombiano. Su participación ayudará a navegar aspectos del derecho local. La combinación de experiencia internacional y local es común en estos casos. Permite abordar tanto los aspectos del tratado como las particularidades nacionales.
El proceso arbitral ante el CIADI sigue etapas definidas. Primero viene la constitución del tribunal arbitral. Luego, las partes presentan sus argumentos escritos. Posteriormente, se realizan audiencias orales. Finalmente, el tribunal emite su laudo.
Este proceso puede extenderse varios años. Durante ese tiempo, la situación subyacente puede evolucionar. Por eso, TPSA señala que los daños podrían aumentar. Si las condiciones que motivaron la reclamación continúan, los perjuicios se acumularían.
La decisión de acudir al arbitraje internacional es significativa. Implica un escalamiento en la disputa. Antes de llegar a este punto, generalmente hay intentos de negociación. El fracaso de esas negociaciones lleva a la vía arbitral.
Eduardo Damián Villarreal enfatizó que la demanda no afecta las operaciones. Esta aclaración busca tranquilizar a reguladores y al mercado. TPSA quiere mantener su reputación como operador confiable. Al mismo tiempo, busca proteger sus intereses financieros.
La capacidad de 1.466 megavatios que aportan Tebsa y Termocandelaria es considerable. Representa un porcentaje significativo de la capacidad térmica del país. La salida de operación de estas plantas tendría consecuencias serias. Por eso, mantener su viabilidad financiera es importante.
El sector energético colombiano enfrenta una encrucijada compleja. Debe equilibrar múltiples objetivos simultáneamente. Necesita garantizar suministro confiable a usuarios. También debe mantener tarifas razonables. Al mismo tiempo, tiene que asegurar viabilidad financiera de los operadores.
Las comercializadoras como Air-e están en medio de esta tensión. Reciben pagos de usuarios y deben pagar a generadores. Cuando enfrentan problemas de recaudo o financieros, toda la cadena se afecta. La intervención estatal busca resolver estos problemas.
Sin embargo, las intervenciones tienen límites y consecuencias. Pueden estabilizar temporalmente la situación. Pero si no resuelven problemas de fondo, las dificultades persisten. Además, pueden generar efectos no deseados en otros actores.
El caso de Termocandelaria ilustra estos dilemas. El Estado tomó decisiones para manejar la crisis de Air-e. Estas decisiones, según TPSA, afectaron sus derechos como inversionista. Ahora, un tribunal internacional deberá evaluar si hubo violación del tratado.
La resolución del caso tendrá implicaciones amplias. Si Colombia pierde, deberá pagar una suma considerable. Además, podría sentar precedentes para otros casos similares. Si gana, se validarían las medidas tomadas. También se reforzaría el margen regulatorio del Estado.
Mientras tanto, el sector continúa operando bajo estas tensiones. Los generadores vigilan de cerca la situación. Las comercializadoras enfrentan sus propios desafíos. Los usuarios esperan servicio confiable y asequible. El Estado busca equilibrar todos estos intereses.
La advertencia de Acolgen sobre una “tormenta perfecta” refleja estas preocupaciones. La combinación de factores climáticos, financieros y regulatorios crea vulnerabilidad. El sistema necesita todas sus capacidades funcionando adecuadamente. Cualquier debilidad puede tener consecuencias serias.
La generación térmica, aunque más costosa, es esencial para la confiabilidad. Proporciona respaldo cuando las fuentes renovables no son suficientes. Mantener estas plantas operativas y financieramente viables es estratégico. Por eso, las disputas sobre su remuneración tienen importancia sistémica.
