El 25 de junio, frente a la Gobernación del Atlántico en Barranquilla, se llevó a cabo un plantón organizado por la comunidad académica. La manifestación reflejó la tensa situación en la Universidad del Atlántico, la institución de educación superior pública más grande del Caribe colombiano. Mientras tanto, el Consejo Superior Universitario (CSU) evaluaba la modificación de un artículo de sus estatutos para permitir la reelección del rector, cargo que actualmente ocupa Danilo Hernández.
Hace unos meses, un juez ordenó al CSU abstenerse de tomar dicha decisión. Sin embargo, el Juzgado de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Barranquilla dictó continuar con el debate. Esta situación ha generado inconformidad entre distintos actores del sector. En las últimas horas, el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, aseguró que no apoya “ninguna reforma que socave la democracia universitaria”. Esta declaración subraya la preocupación del Gobierno sobre posibles cambios que beneficien intereses particulares.
Algunos estudiantes han señalado la cercanía del rector Hernández con el alcalde de Barranquilla, Álex Char. También han cuestionado que la sesión del consejo se realice durante su temporada de vacaciones. La posición del Ministerio de Educación y del Gobierno Nacional es clara: no apoyar reformas que puedan socavar la democracia universitaria. Esta postura ha sido reiterada por sus representantes en el Consejo Superior.
A la preocupación del ministerio se sumó la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). La CUT expresó que, bajo las actuales circunstancias de control hegemónico de la universidad y de las Secretarías de Educación del departamento y del distrito por parte de los Char, no hay condiciones ni garantías para un proceso de elecciones diáfano. La agremiación instó a que se intervenga la universidad. Sin embargo, el ministro Rojas aclaró que las medidas especiales de inspección y vigilancia deben cumplir los requisitos establecidos en la Ley 1740 de 2014. En esta ley no se contempla la pretensión de reelección del rector como causal para intervenir la institución.
En medio de la polémica, también hay quienes apoyan la evaluación del CSU. El Sindicato de Trabajadores Administrativos y Académicos de la Universidad del Atlántico (SINTRADEUA) rechazó el pronunciamiento de la CUT, al no formar parte de la comunidad institucional. Para el sindicato, se ha difundido desinformación al insinuar posibles escenarios de una reelección automática. En otras palabras, el SINTRADEUA no considera que la discusión sobre ajustar el marco normativo sea “un acto de favoritismo” en relación con el rector actual. Más bien, creen que puede habilitar que “cualquier ciudadano que cumpla con las condiciones pueda aspirar a liderar la institución”.
La situación en la Universidad del Atlántico es compleja y refleja tensiones más amplias en el sistema educativo colombiano. La discusión sobre la reelección del rector no solo involucra a la comunidad universitaria, sino también a actores políticos y sindicales. La cercanía del rector con figuras políticas locales añade una capa adicional de controversia. Además, la intervención del Gobierno Nacional y de organizaciones como la CUT subraya la importancia de garantizar procesos democráticos y transparentes en las instituciones educativas.
Por otro lado, el debate sobre la reelección del rector también plantea preguntas sobre la autonomía universitaria. La posibilidad de modificar los estatutos para permitir la reelección podría interpretarse como un intento de consolidar el poder de ciertos grupos dentro de la universidad. Sin embargo, también podría verse como una oportunidad para abrir el liderazgo de la institución a una mayor diversidad de candidatos.
Finalmente, en octubre de este año se decidirá quién ocupará el cargo de rector de la Universidad del Atlántico. Esta decisión será crucial para el futuro de la institución, que cuenta con más de 23.000 estudiantes y un presupuesto anual de $445.000 millones. La elección del rector no solo afectará a la comunidad universitaria, sino también al desarrollo educativo y social de la región. Por lo tanto, es fundamental que el proceso sea transparente y participativo, garantizando que la voz de todos los actores involucrados sea escuchada y respetada.
