El Supremo Tribunal Federal de Brasil dictó este jueves una histórica sentencia contra el ex presidente Jair Bolsonaro y siete colaboradores cercanos por intentar ejecutar un golpe de Estado.
La condena principal recayó sobre el ex mandatario, quien deberá cumplir 27 años y 3 meses de prisión en régimen cerrado por múltiples delitos contra la democracia.
Entre los cargos que se le imputan destacan la organización criminal, la abolición violenta del Estado democrático y el intento de golpe de Estado.
Además de la pena privativa de libertad, Bolsonaro deberá pagar 124 días-multa, calculados a razón de dos salarios mínimos por día.
El ministro Alexandre de Moraes, quien presentó el informe base para la sentencia, enfatizó que “la respuesta del Estado debe ser ejemplar ante la gravedad de los hechos”.
Por primera vez en la historia contemporánea de Brasil, el tribunal impuso una indemnización colectiva de 30 millones de reales (unos 6 millones de dólares) por daño moral.
Los otros siete condenados recibieron penas que van desde los 16 hasta los 26 años de prisión. Walter Braga Netto obtuvo 26 años, mientras Almir Garnier y Anderson Torres 24 años cada uno.
Las sanciones incluyen la pérdida de cargos públicos para Anderson Torres y Alexandre Ramagem, quienes deberán dejar sus puestos en la Policía Federal.
En el caso específico de Ramagem, el tribunal ordenó la pérdida de su mandato como diputado federal por exceder el límite de faltas permitido.
Para los militares condenados, incluyendo a Bolsonaro, el Supremo determinó notificar al Tribunal Militar Superior para declarar su “indignidad para el oficialato”.
Esta medida podría resultar en la pérdida de grados y privilegios castrenses, afectando pensiones y estatus dentro de las Fuerzas Armadas.
El único que recibió una pena menor fue Mauro Cid, con dos años en régimen abierto y sin multa, gracias a un acuerdo de colaboración con la justicia.
Las sentencias no son de ejecución inmediata, ya que los condenados tienen derecho a presentar recursos ante el mismo tribunal.
Actualmente, tanto Bolsonaro como Braga Netto permanecen bajo prisión preventiva por otros procesos relacionados con obstrucción a la justicia.
Este fallo marca un precedente histórico en Brasil para la persecución judicial de intentos de subvertir el orden democrático constitucional.
La decisión del Supremo Tribunal Federal establece así un marco legal contra futuros intentos golpistas, definiendo claras consecuencias penales, económicas y políticas.
