La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha iniciado una investigación contra las compañías encargadas de la distribución y comercialización del medicamento Remodulin. Este medicamento se utiliza para tratar la hipertensión arterial pulmonar. Según la entidad, Ferrer Internacional S.A., Ferrer Colombia S.A.S. y Pint Pharma Colombia S.A.S. habrían realizado “distintas actuaciones para eludir la regulación del control directo de precios del Remodulin, con el fin de incrementar excesivamente su precio”.
Los hechos habrían ocurrido entre 2019 y 2022. Durante este periodo, Ferrer Internacional habría realizado una modificación formal a la presentación del medicamento. Esta modificación tenía como objetivo obtener la asignación de nuevos CUM (código único de medicamento). El CUM es la identificación con la que se regulan los precios máximos del Remodulin. De esta manera, la empresa habría eludido el control de precios.
La Superintendencia explicó en un comunicado que “la modificación formal que Ferrer Internacional realizó consistió en adicionar unos dispositivos que no eran fundamentales para la aplicación o efectividad del medicamento, que podrían adquirirse por separado y que no justificaban la significativa diferencia entre el precio de venta y el regulado”. Esta situación llevó a que Pint Pharma y Ferrer Colombia, presuntamente, comercializaran los medicamentos con la misma composición y cantidad que el medicamento regulado, pero con un precio excesivamente mayor al determinado en la regulación, (150 % más elevado).
El medicamento Remodulin se comercializa principalmente en el canal institucional debido a su alto precio. Por lo tanto, este comportamiento habría generado un posible detrimento al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Este sistema abastece los medicamentos para atender las necesidades de los afiliados. En caso de que estos hechos sean comprobados, las empresas implicadas podrían ser multadas con hasta 100.000 salarios mínimos mensuales.
La investigación de la SIC pone de relieve un problema recurrente en el sector farmacéutico: la manipulación de precios. Este tipo de prácticas no solo afecta a los consumidores, sino también a los sistemas de salud pública. En este caso, el Sistema General de Seguridad Social en Salud podría haber sido perjudicado significativamente. La comercialización de medicamentos a precios inflados puede llevar a un uso ineficiente de los recursos públicos. Además, puede limitar el acceso a tratamientos esenciales para los pacientes.
Es importante considerar las múltiples visiones sobre este tema. Por un lado, las empresas farmacéuticas argumentan que los altos costos de investigación y desarrollo justifican los precios elevados de los medicamentos. Sin embargo, en este caso específico, la SIC ha señalado que la modificación realizada no justifica el aumento de precio. Por otro lado, los defensores de los derechos de los pacientes y los sistemas de salud pública abogan por una regulación más estricta de los precios de los medicamentos. Argumentan que el acceso a medicamentos esenciales no debe estar condicionado por prácticas comerciales abusivas.
La investigación de la SIC también plantea preguntas sobre la efectividad de los mecanismos de control de precios. Si bien existen regulaciones para evitar el abuso en la fijación de precios, las empresas pueden encontrar formas de eludir estas normativas. En este sentido, es crucial fortalecer los mecanismos de supervisión y sanción. La transparencia en la fijación de precios y la rendición de cuentas son fundamentales para garantizar el acceso equitativo a los medicamentos.
Además, es necesario fomentar la competencia en el mercado farmacéutico. La entrada de nuevos actores puede contribuir a la reducción de precios y a la mejora de la calidad de los medicamentos. Sin embargo, esto debe hacerse sin comprometer la seguridad y eficacia de los tratamientos. La regulación debe encontrar un equilibrio entre incentivar la innovación y proteger los intereses de los pacientes y los sistemas de salud.
