El recorte de $13,8 billones al presupuesto de 2026 no equivaldría a un ahorro del mismo tamaño. Un estudio de la firma QNOMOS, reseñado por Portafolio este 27 de octubre, estima que la medida se traduciría en menores pagos de entre $1,5 y $3,9 billones.
El Decreto 1585 del 22 de octubre redujo las apropiaciones de 2026 en $13,8 billones, cerca del 0,7 % del PIB, según Portafolio y Diario del Sur. De ese total, $10,75 billones son aporte nacional y $3,06 billones, recursos propios de establecimientos públicos.
El Gobierno desglosó el ajuste así: $3 billones en funcionamiento, con menos contratos de prestación de servicios y compras. Otros $4 billones corresponden al servicio de la deuda, que el presidente Abelardo De La Espriella atribuyó a la mejora en la tasa de cambio. Los $6,8 billones restantes son inversión en contratos que no alcanzarían a ejecutarse o que el Gobierno no considera prioritarios.
QNOMOS presentó su análisis en el primer número de su Monitor Presupuestal. Según el estudio, el escenario bajo arroja menores pagos primarios de entre $1,5 y $1,8 billones en 2026. El escenario proporcional los ubica entre $3,4 y $3,9 billones. Para estimarlo, la firma usó la ejecución presupuestal a septiembre y las tasas históricas de compromiso, obligación y pago.
Ese rango equivale a entre 11 % y 28 % del recorte, según un cálculo de El Centavo. El estudio advierte que no se trata de una medición del ahorro fiscal definitivo.
Edwin Fernando Pacheco Rodríguez, gerente general de QNOMOS, reconoció la necesidad del ajuste. "El recorte pone el presupuesto en línea con la plata que hay, y eso es necesario", afirmó. Enseguida advirtió: "Pero no hay que confundir bajar el cupo con ahorrar".
La diferencia está en los conceptos. El presupuesto fija cuánto pueden gastar las entidades, pero eso no significa que gasten todo. Según el estudio, parte de los recursos recortados posiblemente no se habría usado antes de terminar el año, así que eliminarlos no implica necesariamente un ahorro efectivo.
Para que esos menores pagos mejoren el balance público en la misma medida, los ingresos y los demás ajustes fiscales tendrían que mantenerse constantes. También habría que comprobar que ese ahorro no estuviera ya incluido en las proyecciones del Gobierno o del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF). Por eso, el informe no hace una nueva proyección del déficit de 2026.
"Para saber cuánto mejora el déficit hay que conciliar las cuentas y separar el ahorro que ya estaba previsto", dijo Pacheco. El CARF había proyectado un déficit de 7,8 % del PIB, con un ajuste presupuestal previo de $9,7 billones, y la proyección oficial del Gobierno es de 7,2 %, según el estudio.
El economista Diego Montañez, citado por Portafolio, coincidió en que recortar presupuesto no equivale a bajar el déficit peso por peso. Santiago Villegas, también economista, señaló, según el mismo medio, que el decreto reduce sobre todo recursos no comprometidos.
El estudio también separa dos partes del recorte. Los $4 billones de intereses de la deuda reducen el presupuesto autorizado, pero no modifican por sí solos las obligaciones contractuales del Estado. Los $3,06 billones de recursos propios de establecimientos públicos no entran en el modelo con el que la firma calculó los menores pagos.
Según QNOMOS, $16,3 billones del presupuesto de 2026 dependían de una reforma tributaria que el Congreso no aprobó. Con $1,6 billones de la emergencia económica, el faltante bajó a $14,7 billones. El recorte cubre cerca del 94 % de esa brecha, pero eso no significa una reducción equivalente del déficit, advierte el informe.
Por entidades, la reducción más grande es la de Invías, con $1,44 billones. Le siguen la Aerocivil, con $949.100 millones; la Registraduría, con $775.000 millones, y la Rama Judicial, con $696.500 millones. El sector transporte pierde $2,84 billones. Sin contar los intereses de la deuda, siete entidades concentran el 50,9 % de las reducciones, según la firma.
El estudio identificó cerca de $2,8 billones de recortes en programas con beneficiarios directos. Entre ellos están Caminos Comunitarios de la Paz Total, con $767.500 millones; las transferencias asociadas a Renta Ciudadana, con $286.800 millones, y el apoyo al fomento del empleo, con $221.300 millones. Como el decreto aplica los recortes sobre recursos aún no comprometidos, esas cifras no permiten saber cuántos proyectos dejarán de ejecutarse ni cuántas personas resultarán afectadas, aclara QNOMOS.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, defendió la medida: "Estamos demostrando con hechos que el Estado debe ajustar sus gastos a los ingresos reales del país". El viceministro técnico, Juan Sebastián Betancur, escribió en X que el recorte "marca el inicio del rescate fiscal". El presidente De La Espriella lo anunció en esa red el 23 de octubre: "¡El ajuste fiscal ya está en marcha! ¡$13,8 billones menos en el gasto del Estado!".
El recorte es menor a los $21,9 billones que se habían autorizado en agosto. El presidente de Anif, José Ignacio López, dijo: "Ojalá se pueda hacer un esfuerzo mayor hacia finales de año". El senador Juan Caicedo, del Centro Democrático, planteó otra postura: "La apretada de cinturón debe recaer en el funcionamiento mayoritariamente, no en la inversión".
El artículo de Portafolio sobre el estudio no incluye una respuesta del Ministerio de Hacienda. Según QNOMOS, los resultados definitivos dependerán de la ejecución entre octubre y diciembre y del cierre fiscal de 2026.
Fuentes: Portafolio y Diario del Sur.
