En un giro preocupante para la administración pública de Bogotá, la Procuraduría ha puesto su mirada en el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y su exdirector general, Diego Sánchez Fonseca, quien estuvo al frente de la entidad durante la Alcaldía de Claudia López. La investigación se centra en el presunto incumplimiento de proyectos de infraestructura vital para la movilidad y el espacio público de la capital colombiana, financiados con recursos de valorización. Este escenario plantea serias interrogantes sobre la gestión y supervisión de obras públicas en la ciudad.
Además de Sánchez Fonseca, otros seis funcionarios y tres contratistas se encuentran bajo la lupa del Ministerio Público por su participación en la ejecución y supervisión de 16 obras contratadas, de las cuales solo una ha sido completada satisfactoriamente. Entre los investigados se encuentran Claudia Tatiana Ramos Bermúdez, exsubdirectora general de infraestructura; Juan Carlos González Vásquez, exdirector técnico de gestión contractual; Jaime Augusto Bermúdez Díaz, subdirector técnico de ejecución; Denice Bibiana Acero Vargas, exdirectora técnica de construcciones; Ginna Paola García Bohórquez, abogada de la dirección técnica de gestión contractual; José Félix Gómez Pantoja, exdirector técnico de proyectos (e); Miguel Angel Botero Gómez y Ariel Alberto Corredor Gómez, contratistas del bilateral de interventoría; y Juan Carlos Guio Ávila, prestador de servicios de la dirección técnica de proyectos.
La situación es especialmente alarmante dado el volumen de recursos involucrados. Se estima que cerca de $800 mil millones de pesos, destinados a la valorización de la ciudad, podrían estar en riesgo debido a problemas en el diseño, la edificación y, posiblemente, en la supervisión y ejecución contractual de las obras. La única obra completada, ubicada en la calle 108 con Autopista, contrasta dramáticamente con el resto, evidenciando un panorama de retrasos y ejecución deficiente en las demás.
Nestor Mauricio Areiza, Procurador Segundo Distrital, ha expresado su preocupación y la importancia de una gestión contractual efectiva y adecuada, subrayando la vigilancia constante de la Procuraduría sobre el desarrollo de esta investigación. La entidad ha procedido a ordenar la compulsa de copias para practicar las pruebas pertinentes, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar si estos constituyen faltas disciplinarias.
Este caso pone de relieve la necesidad imperante de transparencia, eficiencia y responsabilidad en la administración de recursos públicos, especialmente en proyectos de gran envergadura que afectan directamente la calidad de vida y el desarrollo urbano de la capital. La ciudadanía espera respuestas y, sobre todo, acciones concretas que corrijan el rumbo de la gestión de obras públicas en Bogotá, garantizando que los recursos de valorización se inviertan de manera efectiva en el mejoramiento de la infraestructura y el espacio público de la ciudad. La investigación de la Procuraduría es un paso crucial en la búsqueda de rendición de cuentas y la implementación de medidas correctivas que aseguren la integridad y eficacia de la gestión pública.
