El presidente Gustavo Petro propuso que la Nación asuma $11 billones de la deuda de Nueva EPS. Además, planteó que esos recursos sean reconocidos como deuda pública. De esta manera, busca financiar su pago mediante vigencias futuras.
El planteamiento se conoció tras la radicación de los estados financieros de 2023 y 2024. Estos documentos evidencian un patrimonio negativo de $11,9 billones. Asimismo, reavivan el debate sobre la sostenibilidad del sistema de salud.
A través de un pronunciamiento, el mandatario aseguró que la mitad de la deuda corresponde al Estado. Por esa razón, el Ministerio de Hacienda debería reconocer esa obligación como deuda pública nacional. Así se garantizaría su pago y se aliviaría la situación financiera del sistema.
“La mitad de la deuda de la Nueva EPS corresponde a la Nación”, afirmó Petro. Según explicó, se trata de 11 billones de pesos que la Nación debe pagar. Por otro lado, la otra mitad es de privados. La obligación estatal debe incorporarse a las cuentas públicas, sostuvo el presidente.
El jefe de Estado reconoció que la decisión implicaría un incremento de la deuda nacional. Sin embargo, sostuvo que se trata de un costo derivado del funcionamiento del modelo. Específicamente, del modelo de intermediación financiera en salud y de las dificultades acumuladas.
“¿Aumenta la deuda nacional? Sí”, manifestó el mandatario. No obstante, hay que reconocer la realidad que deja un sistema de salud espantoso. Se refirió a la intermediación financiera privada que fue saqueada desde hace más de una década. De este modo, defendió la necesidad de que el Estado asuma esas obligaciones.
Petro agregó que las obligaciones públicas y privadas deben mantenerse diferenciadas. En ese sentido, sostuvo que la Nación debe responder únicamente por su porción. Mientras tanto, los compromisos privados deben ser cubiertos por quienes los generaron.
“Las deudas del Estado las paga el Estado”, señaló el presidente. Igualmente, las deudas privadas las pagan los privados. Además, planteó que los recursos destinados por la Nación tengan una prioridad específica. Esta prioridad es el fortalecimiento de la red pública de prestación de servicios.
Según explicó, los $11 billones deberían orientarse principalmente al pago de obligaciones con hospitales públicos. También con centros y puestos de salud. Asimismo, deberían cubrir deudas relacionadas con medicamentos y con la fuerza laboral del sistema.
El mandatario vinculó el deterioro financiero de Nueva EPS con hechos de corrupción ocurridos anteriormente. En su pronunciamiento aseguró que las irregularidades detectadas dentro de la entidad representaron un costo significativo. Específicamente, un costo de $11 billones para el país.
“Ya me amenazan con extradición uno de los responsables del desfalco”, afirmó Petro. Pero el saqueo de las mafias políticas y no políticas es terrible en la salud. Según el presidente, 11 billones nos costó a los colombianos los hechos de corrupción. Estos hechos ocurrieron dentro de la Nueva EPS.
El presidente agregó que sus estimaciones sobre el impacto económico de las irregularidades ascienden aún más. Concretamente, a $30 billones en el sistema de salud. También propuso que el pago correspondiente a la Nación pueda ejecutarse mediante vigencias futuras. Este periodo sería durante cinco años.
“Si pagamos en vigencias futuras durante un lustro esa deuda a la Nueva EPS”, concluyó el mandatario. Y no viene una nueva administración corrupta, será un gran aporte. Específicamente, para el mejoramiento de la salud de los colombianos en todo el país.
Las declaraciones del presidente se produjeron después de que Nueva EPS radicara sus estados financieros definitivos. Estos corresponden a 2023 y 2024 ante la Superintendencia Nacional de Salud. La entidad señaló que el proceso busca ordenar la información financiera de la aseguradora.
De acuerdo con el reporte oficial, durante 2024 la EPS registró ingresos ordinarios por $22,2 billones. Mientras tanto, el costo de la prestación de los servicios de salud ascendió a $26,4 billones. Como resultado, el ejercicio cerró con una pérdida de $4,8 billones.
La entidad indicó que ese resultado representa una reducción frente a la pérdida anterior. Esta fue cercana a $6,5 billones registrada durante 2023. No obstante, sostuvo que el principal problema financiero continúa siendo el desbalance. Específicamente, entre los recursos disponibles y el costo real de atender a los afiliados.
En ese contexto, Nueva EPS aseguró que los gastos administrativos alcanzaron $0,5 billones. Esta cifra es equivalente a cerca del 2,5 % de los ingresos ordinarios. Por ello afirmó que el deterioro financiero no responde principalmente a la administración de la entidad.
“La pérdida no se explica principalmente por la administración de la entidad”, señaló la EPS. Sino por el desbalance entre los recursos que entran al sistema. Y el costo real de atender a los afiliados, según indicó al presentar los estados financieros.
El balance también mostró que al cierre de 2024 los activos ascendieron a $10,6 billones. Mientras tanto, los pasivos llegaron a $22,5 billones. Como consecuencia, el patrimonio cerró en terreno negativo con un saldo de -$11,9 billones.
La administración explicó que el pasivo reportado no corresponde únicamente a obligaciones generadas durante 2024. Según indicó, una parte importante refleja compromisos acumulados por servicios prestados en años anteriores. También facturación que permanecía pendiente de reconocimiento contable.
De acuerdo con la información divulgada, cerca de $21,9 billones de los pasivos corresponden a obligaciones específicas. Estas son por prestación de servicios de salud. Sin embargo, tras considerar aproximadamente $8,7 billones en giros de la Adres, la situación cambia. También abonos y otras partidas pendientes de conciliación.
Las obligaciones asociadas con la red prestadora se estiman en alrededor de $13,2 billones. Otro de los elementos que impactó las cuentas fue la identificación de cerca de 10 millones de facturas. Estas facturas corresponden a servicios de salud prestados desde 2008.
Según la entidad, ese proceso permitió reconocer con mayor precisión los costos acumulados. Además, evitar nuevos rezagos en la información financiera. El agente especial interventor, Jorge Iván Ospina Gómez, aseguró que la reorganización financiera busca consolidar la viabilidad. Específicamente, de la entidad y alejar el escenario de una eventual liquidación.
Además, Nueva EPS informó que presentará los estados financieros de 2025 en los próximos 15 días. También los correspondientes al primer semestre de 2026 a finales de julio. De esta manera, busca mantener actualizada la información sobre su situación financiera.
La propuesta presidencial genera interrogantes sobre el impacto fiscal de asumir esta deuda como pública. También sobre los mecanismos de pago mediante vigencias futuras. Asimismo, sobre la diferenciación entre obligaciones públicas y privadas dentro del sistema de salud.
El debate sobre la sostenibilidad del sistema de salud colombiano se intensifica con estas revelaciones financieras. Igualmente, con la propuesta gubernamental de asumir parte de las obligaciones. La situación evidencia las dificultades acumuladas durante años en el modelo de intermediación financiera.
La diferenciación que plantea el presidente entre deuda pública y privada busca establecer responsabilidades claras. Por un lado, el Estado asumiría su parte. Por otro, los actores privados deberían responder por la suya. Esta separación pretende evitar que el erario público asuma obligaciones que no le corresponden.
El énfasis del mandatario en destinar los recursos públicos a la red pública de salud responde a su visión. Específicamente, de fortalecer hospitales, centros y puestos de salud estatales. También de cubrir deudas con proveedores de medicamentos y con el personal de salud.
La vinculación de la crisis financiera con hechos de corrupción añade un componente de rendición de cuentas. El presidente señaló directamente irregularidades que habrían costado miles de millones al sistema. Además, mencionó amenazas de extradición contra uno de los presuntos responsables.
La magnitud de las pérdidas reportadas por Nueva EPS durante 2023 y 2024 refleja un desbalance estructural. Los ingresos no alcanzan a cubrir los costos de prestación de servicios. Esta situación se mantiene a pesar de la reducción de pérdidas entre un año y otro.
El patrimonio negativo de $11,9 billones representa un indicador crítico de la situación financiera de la entidad. Esta cifra supera incluso la propuesta de deuda que el Estado asumiría. Lo cual evidencia la profundidad de la crisis financiera de la mayor EPS del país.
La identificación de 10 millones de facturas acumuladas desde 2008 revela problemas históricos de registro contable. También de reconocimiento de obligaciones en el sistema de salud. Este rezago informativo había impedido conocer la verdadera dimensión de los compromisos financieros.
Los $13,2 billones en obligaciones con la red prestadora representan deudas con hospitales, clínicas y centros de salud. Estos recursos pendientes de pago afectan directamente la capacidad operativa de las instituciones. También la prestación de servicios a los afiliados.
La propuesta de pago mediante vigencias futuras durante cinco años busca distribuir el impacto fiscal. Sin embargo, requeriría aprobación presupuestal y compromisos de las siguientes administraciones. El presidente condicionó el éxito de esta estrategia a que no llegue una administración corrupta.
El interventor Jorge Iván Ospina Gómez enfrenta el desafío de consolidar la viabilidad de Nueva EPS. Su gestión busca evitar la liquidación de la entidad. También ordenar las cuentas y establecer bases para la sostenibilidad futura.
La presentación de estados financieros de 2025 y del primer semestre de 2026 permitirá evaluar la evolución. También verificar si las medidas adoptadas están produciendo resultados. Igualmente, si el desbalance entre ingresos y costos se está corrigiendo.
El caso de Nueva EPS ilustra las tensiones del sistema de salud colombiano. Por un lado, el modelo de aseguramiento y prestación de servicios. Por otro, la suficiencia de recursos y la eficiencia en su administración. También la acumulación de deudas y la sostenibilidad financiera.
La discusión sobre quién debe asumir las obligaciones acumuladas plantea dilemas de política pública. También de responsabilidad fiscal y de diseño del sistema de salud. Las decisiones que se tomen afectarán tanto las finanzas públicas como la prestación de servicios.
