El presidente Gustavo Petro firmó el jueves 12 de febrero la ley que amplía la vigencia de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. Estos programas, conocidos como PDET, se extienden ahora hasta 2037. La medida busca transformar la vida en 170 municipios profundamente afectados por el conflicto armado.
El Congreso había aprobado el proyecto de ley el pasado 27 de noviembre. Esa fecha coincidió con la conmemoración de los nueve años del Acuerdo de Paz. El congresista Carlos Alberto Benavides presentó la iniciativa legislativa. Las representantes de las curules de paz también promovieron activamente esta propuesta.
Benavides explicó que la extensión otorga más tiempo a las comunidades. También proporciona herramientas adicionales para consolidar procesos de desarrollo en estas zonas. La presencia institucional en estos territorios requiere un esfuerzo sostenido y prolongado.
Raúl Delgado dirige la Agencia de Renovación del Territorio, conocida como ART. Esta entidad coordina directamente los programas PDET en todo el país. Delgado calificó la firma como un avance muy significativo para la paz.
“La construcción de paz estable significa transformar los territorios con base al tránsito de economías ilegalizadas a economías legales”, afirmó Delgado. El funcionario destacó que esta transformación estructural responde a los planteamientos presidenciales. La visión del gobierno actual prioriza el cambio profundo en estas regiones.
La ART compartió cifras sobre la inversión realizada desde la firma del Acuerdo de Paz. Los recursos provienen del Presupuesto General de la Nación principalmente. También se incluyen fondos del Sistema General de Regalías y Regalías para la Paz. El programa Obras por Impuestos ha contribuido igualmente a estos proyectos. Las entidades territoriales han aportado recursos propios para complementar estas iniciativas.
Los datos revelan que se han aprobado 7.574 proyectos en estos años. El valor total alcanza los 32,22 billones de pesos de 2016. El 40% de estos proyectos recibió aprobación durante el actual gobierno. Esta cifra demuestra una aceleración en la implementación durante la presente administración.
En 2018, la ART estimó el costo total de implementación de los PDET. La proyección alcanzaba los 79,6 billones de pesos de 2016. Esta suma refleja la magnitud del compromiso necesario para transformar estas regiones.
Los resultados muestran avances concretos en indicadores sociales de estos territorios. La pobreza multidimensional disminuyó del 39,8% en 2018 al 24,4% en 2024. Este descenso representa una mejora sustancial en la calidad de vida. La brecha respecto al promedio nacional también se redujo significativamente.
En 2018, la diferencia con el promedio nacional era de 20,7 puntos. Para 2024, esta brecha había disminuido a 12,9 puntos. La reducción de 7,8 puntos en seis años indica una convergencia gradual. Los municipios PDET se acercan progresivamente a los estándares del resto del país.
El Acuerdo de Paz estableció 16 subregiones que agrupan los 170 municipios PDET. Estas zonas albergan al menos seis millones de habitantes colombianos. Históricamente, estos territorios han permanecido rezagados frente a otros municipios. La presencia del conflicto armado explica en gran medida este atraso.
Los PDET representan una oportunidad para transformar estas regiones de manera colaborativa. El trabajo conjunto entre comunidades y Estado constituye el eje central. Durante varios años, el gobierno realizó un extenso trabajo de consulta comunitaria.
Aproximadamente 12.000 Juntas de Acción Comunal Veredales participaron en este proceso consultivo. Las comunidades identificaron sus necesidades prioritarias durante estos encuentros. Posteriormente, estas necesidades se convirtieron en iniciativas concretas para cada región.
Del proceso participativo surgieron 33.007 iniciativas para los territorios PDET. Este ejercicio colectivo resultó extraordinariamente ambicioso en su alcance. Las iniciativas se organizaron en Planes de Acción para la Transformación Territorial. Estos planes, conocidos como PATR, deben actualizarse cada cinco años.
Los PATR establecen las rutas de desarrollo específicas para cada subregión. Cada plan responde a las particularidades y necesidades locales identificadas. La metodología participativa garantiza que las comunidades sean protagonistas de su transformación.
Los 170 municipios incluidos en los PDET comparten características comunes. Todos han experimentado altos niveles de violencia relacionada con el conflicto. La presencia estatal ha sido históricamente débil en estas zonas. Los servicios básicos y la infraestructura presentan deficiencias significativas.
La economía en muchos de estos territorios ha dependido de actividades ilegales. El narcotráfico ha marcado la dinámica económica de varias regiones. La minería ilegal también ha afectado el desarrollo sostenible de estos municipios. La transición hacia economías legales constituye un desafío central del programa.
Los proyectos PDET abarcan múltiples sectores y dimensiones del desarrollo territorial. La infraestructura vial recibe atención prioritaria para conectar comunidades aisladas. Los sistemas de agua potable y saneamiento básico son objetivos fundamentales. La electrificación rural busca llevar energía a zonas tradicionalmente desconectadas.
El sector educativo también forma parte integral de los planes territoriales. La construcción y mejoramiento de escuelas rurales avanza en diversas regiones. Los programas de salud buscan ampliar la cobertura en zonas apartadas. El fortalecimiento institucional local es otro componente esencial de los PDET.
Los proyectos productivos apoyan la transformación económica de las comunidades rurales. La asistencia técnica agropecuaria ayuda a mejorar la productividad campesina. Los programas de titulación de tierras buscan formalizar la propiedad rural. El acceso a créditos y mercados fortalece las economías locales legales.
La ampliación de 10 años adicionales responde a la complejidad de estas transformaciones. Los procesos de cambio estructural requieren tiempo prolongado para consolidarse. Las comunidades necesitan acompañamiento sostenido para fortalecer sus capacidades locales. La construcción de confianza entre Estado y ciudadanía demanda esfuerzos continuos.
La extensión hasta 2037 permite planificar con horizontes temporales más realistas. Los proyectos de infraestructura mayor requieren varios años desde su concepción. Los cambios culturales y económicos necesitan generaciones para arraigarse profundamente. La estabilización institucional en zonas conflictivas no ocurre de manera inmediata.
El actual gobierno ha priorizado la implementación acelerada de los proyectos PDET. El 40% de los proyectos aprobados durante esta administración evidencia este compromiso. La coordinación entre diferentes fuentes de financiamiento ha mejorado la ejecución. Los mecanismos de seguimiento y control buscan garantizar la efectividad de las inversiones.
Las curules de paz en el Congreso han jugado un papel activo en este proceso. Estas representaciones surgieron del Acuerdo de Paz para dar voz a las víctimas. Su participación en la promoción de esta ley demuestra su compromiso territorial. La articulación entre diferentes actores políticos resultó crucial para la aprobación legislativa.
Los desafíos pendientes para los PDET siguen siendo considerables a pesar de los avances. La seguridad en varios territorios continúa siendo una preocupación constante. Los grupos armados ilegales mantienen presencia en algunas zonas PDET. La violencia contra líderes sociales amenaza los procesos comunitarios en ciertas regiones.
La capacidad institucional para ejecutar proyectos necesita fortalecimiento continuo en muchos municipios. La corrupción y la ineficiencia administrativa pueden obstaculizar la implementación efectiva. La coordinación entre diferentes niveles de gobierno requiere mejoras permanentes. Los recursos financieros, aunque significativos, todavía resultan insuficientes frente a las necesidades.
La participación comunitaria debe mantenerse activa durante toda la implementación de los PATR. El riesgo de que las comunidades pierdan protagonismo es una preocupación constante. Los mecanismos de rendición de cuentas necesitan funcionar efectivamente en todos los niveles. La transparencia en la ejecución de recursos resulta fundamental para mantener la confianza.
Los indicadores de pobreza multidimensional muestran tendencias positivas pero insuficientes todavía. La brecha con el promedio nacional, aunque reducida, sigue siendo considerable. Los servicios de salud y educación requieren mejoras sustanciales en calidad y cobertura. El acceso a oportunidades económicas continúa siendo limitado para muchas familias rurales.
La firma de esta ley representa un mensaje político importante sobre el compromiso estatal. El gobierno ratifica su voluntad de cumplir con el Acuerdo de Paz. Las comunidades de los territorios PDET reciben una señal de continuidad institucional. Los próximos gobiernos heredarán un marco legal que garantiza la continuidad programática.
La construcción de paz territorial trasciende los períodos gubernamentales individuales según esta visión. Los procesos de transformación requieren políticas de Estado de largo plazo. La estabilidad normativa proporciona certidumbre a comunidades e inversionistas por igual. El compromiso extendido hasta 2037 busca blindar estos procesos de cambios políticos coyunturales.
