El presidente Gustavo Petro anunció este miércoles que presentará una denuncia penal contra Angie Rodríguez. La gerente del Fondo de Adaptación enfrentará acciones judiciales por sus recientes declaraciones. El mandatario considera que las afirmaciones de la funcionaria constituyen calumnias.
“He decidido actuar penalmente contra la señora Angie Rodríguez por su manera de defender su puesto a partir de la mentira”, escribió Petro en su cuenta de X. Además, señaló que responderá mediante la justicia a lo que califica como un ataque calumnioso.
La reacción presidencial se produjo después de una entrevista concedida por Rodríguez a Blu Radio. En dicha conversación, la funcionaria reveló detalles sobre el deterioro de su relación con el mandatario. También cuestionó la influencia de personas cercanas al jefe de Estado dentro del Gobierno.
Rodríguez hizo señalamientos sobre presuntas irregularidades en la administración. Sus declaraciones llegaron a solo 10 días del fin del gobierno de Petro. Por consiguiente, la disputa abre un nuevo frente político para el Ejecutivo en su etapa final.
La transición hacia el gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella marca este periodo. El nuevo mandatario asumirá el próximo 7 de agosto. En consecuencia, el enfrentamiento ocurre en un momento políticamente sensible para la administración saliente.
La gerente del Fondo de Adaptación aseguró que su relación con Petro comenzó a deteriorarse en 2025. El quiebre se produjo cuando se opuso al nombramiento de Juliana Guerrero. La joven de 23 años, cercana al Presidente, sería designada como viceministra de Juventud.
En ese momento, Rodríguez era directora del Departamento Administrativo de la Presidencia. Esta posición la ubicaba como una de las colaboradoras más cercanas al jefe de Estado. Sin embargo, la funcionaria expresó su desacuerdo con el nombramiento propuesto.
“Yo le dije: ‘No, señor presidente, porque ella no es profesional y por lo tanto no la puedo nombrar'”, afirmó Rodríguez en la entrevista. Posteriormente, el nombramiento no se concretó tras surgir cuestionamientos sobre un título universitario presentado por Guerrero.
El documento académico fue señalado como falso. No obstante, Rodríguez afirmó que la joven continuó vinculada al Gobierno. Además, habría participado en diferentes asuntos con respaldo del Presidente.
Según la funcionaria, la relación entre Petro y Guerrero “no era normal”. Esta afirmación se basa en la influencia que, según ella, Guerrero tenía dentro de la administración. Por lo tanto, su negativa frente al nombramiento generó un distanciamiento con el mandatario.
Las tensiones internas dentro del Gobierno se desencadenaron a partir de este episodio. El caso volvió a tomar relevancia por las recientes declaraciones de Rodríguez. Mientras tanto, Petro negó que existiera una relación previa cercana con la funcionaria.
El presidente cuestionó la gestión que Rodríguez realizó al frente del Dapre. “Por razones extrañas colaboró con sectores venidos del paramilitarismo, contra el que he actuado durante toda mi vida por su relación con el genocidio con el pueblo colombiano y el narcotráfico”, afirmó el presidente.
El mandatario agregó que la gestión de Rodríguez en el Dapre fue un “desastre”. Aseguró que debió retirarla del cargo. Sin embargo, dijo que su condición de madre cabeza de familia influyó en su decisión.
Por esta razón, decidió trasladarla al Fondo de Adaptación. Esta medida buscaba preservar su estabilidad laboral. A pesar de ello, las tensiones entre ambos continuaron escalando.
Rodríguez también afirmó que teme por su vida debido a las denuncias que ha realizado. La funcionaria señaló que tuvo una reunión fuerte con Petro. Según su versión, el Presidente la insultó y cuestionó su integridad durante ese encuentro.
El presidente electo Abelardo De La Espriella pidió brindar garantías de seguridad a Rodríguez. Esta solicitud llegó luego de sus declaraciones públicas. En efecto, el pronunciamiento añadió presión sobre un episodio que ya generó reacciones dentro del propio sector político de Petro.
Algunas figuras del Pacto Histórico han cuestionado el manejo del caso relacionado con Juliana Guerrero. La exsenadora María José Pizarro, integrante de la coalición oficialista, expresó su posición. “El escándalo de las hermanas Guerrero es repudiable”, afirmó.
El caso también generó una reacción de Mary Luz Herrán. La exintegrante del M-19 es antigua compañera de Petro. Además, es madre de dos de sus hijos.
En un mensaje publicado en X, cuestionó la posición del mandatario frente al episodio. “Te he apoyado en el 99% de tus aciertos y desaciertos. Te he apoyado hasta en medio de tus olvidos. Hoy es imposible apoyarte cuando tú mismo me decías que es la razón la que está por encima del corazón”, escribió.
Herrán añadió que las decisiones personales deben separarse de las políticas. Asimismo, señaló que los errores deben ser reconocidos. De esta manera, voces cercanas al presidente expresaron su distanciamiento respecto al manejo de la situación.
La confrontación entre Petro y Rodríguez suma tensión a los últimos días del actual Gobierno. La funcionaria ocupó uno de los cargos más cercanos al presidente. Posteriormente, llegó al Fondo de Adaptación.
Rodríguez pasó de ser una colaboradora del Ejecutivo a convertirse en una de sus críticas más visibles. Por un lado, el Presidente sostiene que las acusaciones son falsas. Considera que constituyen una calumnia que debe responderse ante la justicia.
Por otro lado, la funcionaria afirma que sus declaraciones corresponden a hechos reales. Sostiene que ocurrieron dentro del Gobierno. Además, señala que su salida de la primera línea de la administración estuvo relacionada con sus posiciones.
El episodio pone nuevamente bajo la lupa la influencia de círculos cercanos al poder presidencial. También cuestiona la forma en que se toman decisiones dentro del Ejecutivo. En consecuencia, surgen interrogantes sobre los mecanismos de control interno.
A pocos días del cambio de Gobierno, el enfrentamiento abre un nuevo capítulo de tensión política. La denuncia anunciada por Petro llevará la disputa al terreno judicial. Mientras tanto, las acusaciones de Rodríguez mantienen el debate abierto.
Las presuntas irregularidades y el manejo de influencias dentro de la administración saliente permanecen en discusión. Con el relevo presidencial previsto para el 7 de agosto, el caso adquiere mayor relevancia. Se convierte en uno de los últimos grandes conflictos políticos del Gobierno Petro.
El episodio podría tener efectos en la transición hacia la nueva administración. La confrontación judicial añade complejidad al proceso de empalme. Además, genera incertidumbre sobre posibles revelaciones adicionales.
El debate público sobre el caso continúa generando reacciones en diversos sectores políticos. Las próximas semanas serán determinantes para conocer el desarrollo de las acciones legales. Igualmente, se esperan posibles nuevas declaraciones de los involucrados.
La administración entrante deberá gestionar las implicaciones de este conflicto. El presidente electo ya manifestó su posición respecto a las garantías de seguridad. Sin embargo, el alcance político del caso aún está por definirse.
