El Gobierno peruano ha decidido enfrentar la creciente ola de criminalidad con una serie de medidas que buscan reforzar la seguridad ciudadana. Entre las propuestas más destacadas se encuentra la reintroducción del servicio militar y policial obligatorio, una práctica suspendida desde 1999. Esta medida, que será presentada al Congreso, busca no solo aumentar el número de efectivos disponibles, sino también integrar a quienes completen el servicio militar en las filas de la Policía Nacional.
La presidenta Dina Boluarte, en una reciente sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), subrayó la importancia de estas medidas. Durante la reunión, se acordó también regularizar la situación de los extranjeros indocumentados. En caso de incumplimiento, se tomarán acciones multisectoriales para su expulsión. Esta decisión refleja una preocupación por el impacto de la migración irregular en la seguridad del país.
Además, el Ministerio del Interior promoverá la declaración de emergencia de la Policía Nacional. Esta medida busca reducir la brecha logística y fortalecer la inteligencia policial, elementos cruciales en la lucha contra el crimen organizado. La colaboración entre diferentes ministerios y poderes del Estado es esencial para asegurar el éxito de estas iniciativas.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos también jugará un papel clave. Se impulsará una reforma del Sistema Nacional Penitenciario para mejorar el control de las prisiones. La posible incorporación de las Fuerzas Armadas en la gestión y vigilancia de las cárceles es una opción que se está evaluando. Esta medida podría aliviar la presión sobre el sistema penitenciario y mejorar la seguridad interna.
Por otro lado, se coordinará con el Ministerio de Economía y Finanzas para asegurar el presupuesto necesario para implementar las Unidades de Flagrancia. Estas unidades son fundamentales para una respuesta rápida y efectiva ante delitos flagrantes. La inversión en infraestructura penitenciaria, a través del mecanismo de Obras por Impuestos, también es una prioridad. Mejorar las condiciones y capacidades de las prisiones es esencial para un sistema de justicia más eficiente.
Durante la sesión, Boluarte se dirigió a las bandas criminales con un mensaje claro: la unidad de las instituciones bajo el Estado de derecho es inquebrantable. La presidenta enfatizó que se aplicará mano firme para desarticular las organizaciones criminales. Este enfoque decidido es crucial para restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
El Ejecutivo peruano ha firmado un convenio con la Unión Europea para combatir la minería ilegal, la trata de personas y los homicidios. Este acuerdo, que incluye un financiamiento de un millón de soles, fortalecerá las capacidades de inteligencia de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional. La creación de un “Cuarto de Guerra de Seguridad Ciudadana” permitirá un seguimiento detallado de los acuerdos y disposiciones adoptadas.
Boluarte expresó su compromiso de trabajar incansablemente para obtener resultados tangibles. La seguridad y tranquilidad de los ciudadanos es una prioridad, y el gobierno está decidido a lograr avances significativos. Sin embargo, la propuesta de discutir la aplicación de la pena de muerte para delitos graves, como la violación de menores, no alcanzó consenso. Este tema sigue siendo un punto de debate en la sociedad peruana.
