La Personería de Bogotá DC encendió una alerta roja sobre la Nueva EPS. El personero Andrés Castro Franco calificó la situación como un colapso estructural. Este colapso ya vulnera el derecho a la salud de muchas familias bogotanas.
Entre enero y septiembre de 2025, la institución recibió 1.943 quejas de afiliados. Estos usuarios no lograron ser atendidos por la entidad prestadora de servicios. Se trata de un dato contundente que no admite medias tintas.
Las barreras para recibir atención médica con esta EPS son graves. Cerca del 49 % de las quejas se originan por demoras en medicamentos. Los afiliados esperan sin recibir los fármacos que necesitan para sus tratamientos.
Por otro lado, un 36 % de los usuarios reportan dificultades para conseguir citas. No logran acceder a consultas médicas oportunas con especialistas ni médicos generales. Esta situación agrava el estado de salud de los pacientes.
Según la Personería, estas fallas no son incidentales ni aisladas. Por el contrario, constituyen síntomas evidentes de una crisis técnica profunda. También revelan problemas financieros que afectan la operación de la entidad.
La oficina de atención al afiliado está ubicada en la calle 48 con carrera 7. Este punto de contacto en Bogotá refleja las dificultades operativas de la EPS. Los usuarios acuden buscando soluciones que no encuentran con facilidad.
El personero Castro Franco pidió acción inmediata ante esta emergencia sanitaria. Las autoridades competentes deben intervenir para proteger a los afiliados. Miles de familias dependen de esta entidad para acceder a servicios médicos.
La crisis de la Nueva EPS evidencia problemas estructurales del sistema de salud. Las demoras en medicamentos comprometen la vida de pacientes con enfermedades crónicas. Además, la falta de citas impide diagnósticos oportunos y tratamientos preventivos.
Los afiliados enfrentan obstáculos administrativos que retrasan su atención médica. Muchos deben presentar tutelas para acceder a servicios básicos de salud. Este mecanismo judicial no debería ser necesario para ejercer un derecho fundamental.
La Personería documentó cada una de las 1.943 quejas recibidas durante nueve meses. Este registro demuestra la magnitud del problema que enfrentan los usuarios. Cada queja representa una persona o familia afectada por las fallas operativas.
Las cifras revelan que casi la mitad de los problemas están relacionados con medicamentos. Los pacientes no reciben a tiempo los tratamientos prescritos por sus médicos. Esta situación puede generar complicaciones graves en su estado de salud.
Mientras tanto, más de un tercio de los afiliados no consigue citas médicas. Las agendas están saturadas o simplemente no hay disponibilidad de profesionales. Los usuarios deben esperar semanas o meses para una consulta básica.
La calificación de “colapso estructural” implica que los problemas son profundos y sistémicos. No se trata de fallas temporales que puedan resolverse con ajustes menores. La Nueva EPS requiere una intervención integral para recuperar su capacidad operativa.
Las familias bogotanas que dependen de esta entidad viven en incertidumbre constante. No saben si podrán acceder a los servicios médicos cuando los necesiten. Esta situación genera angustia y afecta su calidad de vida.
El derecho a la salud es fundamental y está consagrado en la Constitución. Sin embargo, miles de personas no pueden ejercerlo plenamente por las fallas operativas. Las autoridades tienen la obligación de garantizar este derecho a todos los ciudadanos.
La crisis técnica de la Nueva EPS afecta la capacidad de respuesta institucional. Los sistemas de información presentan fallas que impiden agendar citas o autorizar procedimientos. Además, la infraestructura tecnológica no soporta la demanda de servicios.
Por su parte, los problemas financieros limitan la contratación de personal médico y administrativo. También reducen la capacidad de compra de medicamentos y suministros médicos. Estos factores se combinan para generar el colapso operativo actual.
La Personería hace un llamado urgente a las entidades de control y vigilancia. La Superintendencia Nacional de Salud debe actuar con celeridad ante esta emergencia. También se requiere la intervención del Ministerio de Salud y Protección Social.
Los afiliados necesitan respuestas concretas y soluciones efectivas de manera inmediata. No pueden seguir esperando mientras su salud se deteriora por falta de atención. El Estado debe proteger a los usuarios del sistema de salud.
Las 1.943 quejas registradas representan solo los casos reportados formalmente a la Personería. Es probable que muchos más afiliados enfrenten problemas similares sin presentar quejas oficiales. La magnitud real del problema podría ser mayor que las cifras conocidas.
La situación de la Nueva EPS pone en evidencia las debilidades del sistema de salud. Las entidades prestadoras de servicios enfrentan desafíos financieros y operativos constantes. Sin embargo, estos problemas no pueden recaer sobre los usuarios más vulnerables.
Los pacientes con enfermedades crónicas son los más afectados por las demoras en medicamentos. Personas con diabetes, hipertensión o enfermedades cardíacas requieren tratamiento continuo. La interrupción de sus medicamentos puede tener consecuencias graves e irreversibles.
Asimismo, la imposibilidad de acceder a citas médicas impide el seguimiento adecuado de patologías. Los médicos no pueden monitorear la evolución de sus pacientes ni ajustar tratamientos. Esta situación compromete la efectividad de las intervenciones médicas y terapéuticas.
La oficina ubicada en la calle 48 con carrera 7 se ha convertido en símbolo de la crisis. Los usuarios acuden diariamente buscando respuestas que no siempre obtienen. Las filas y los tiempos de espera reflejan el colapso operativo denunciado.
El personero Castro Franco subrayó que no se trata de fallas menores o coyunturales. La Nueva EPS atraviesa una crisis que requiere medidas estructurales y urgentes. Las soluciones superficiales no resolverán los problemas de fondo que enfrenta la entidad.
Las autoridades deben evaluar si la Nueva EPS cuenta con capacidad operativa suficiente. También es necesario revisar su situación financiera y su modelo de gestión. Solo un diagnóstico completo permitirá implementar soluciones efectivas y duraderas.
Mientras tanto, los afiliados continúan enfrentando barreras para acceder a servicios básicos de salud. Cada día sin atención médica adecuada representa un riesgo para su bienestar. El tiempo corre en contra de miles de personas que necesitan atención urgente.
La Personería seguirá recibiendo y documentando las quejas de los usuarios afectados. Esta información es fundamental para dimensionar el problema y exigir soluciones. El registro sistemático de casos permite evidenciar patrones y fallas recurrentes.
El llamado a la acción inmediata busca evitar que la situación empeore. Si no se toman medidas correctivas pronto, más familias verán vulnerado su derecho a la salud. La prevención de daños mayores debe ser prioridad para todas las autoridades involucradas.
La crisis de la Nueva EPS también plantea interrogantes sobre el modelo de aseguramiento en salud. Las EPS enfrentan presiones financieras que afectan su capacidad de prestar servicios. Es necesario revisar si el sistema actual garantiza realmente el acceso efectivo a la salud.
Los usuarios no deberían pagar con su salud las deficiencias del sistema. Tienen derecho a recibir atención oportuna, medicamentos completos y seguimiento médico adecuado. El Estado debe garantizar estos derechos mediante supervisión efectiva y sanciones cuando sea necesario.
La situación evidenciada por la Personería exige una respuesta coordinada de múltiples instituciones. Solo con trabajo conjunto se podrá superar el colapso operativo actual. La salud de miles de bogotanos depende de la efectividad de estas acciones.
