La representante a la Cámara Jennifer Pedraza desafió públicamente la versión jurídica presentada por la defensa de Hollman Morris. El gerente de Rtvc-sistema de medios públicos enfrenta señalamientos de presunto acoso. La controversia escaló tras declaraciones de su abogada Claudia Cristancho.
La jurista aseguró que Morris no tiene procesos vigentes por acoso laboral ni sexual. Además, sostuvo que las denuncias presentadas por Lina Marcela Castillo en 2019 no avanzaron formalmente. Sin embargo, Pedraza rechazó categóricamente esta afirmación.
“La abogada de Hollman Morris miente”, expresó la congresista a través de su cuenta en X. Posteriormente, detalló que existe al menos un proceso judicial activo. Ella misma lo instauró contra el periodista por calumnia.
La legisladora cuestionó la estrategia de defensa empleada por Cristancho. “No basta con repetir ‘no hay sanción'”, señaló enfáticamente. Asimismo, planteó interrogantes sobre cómo se investigan estos casos. También preguntó a quién protege realmente el sistema judicial.
Pedraza acompaña a varias mujeres que presentaron denuncias contra Morris. Según su experiencia, existe un patrón común en estos procesos. “Muchas comparten algo: también han sido víctimas del aparato judicial”, afirmó. Igualmente, denunció persecución por parte del periodista hacia las denunciantes.
La congresista compartió un documento oficial de la Fiscalía General de la Nación. Se trata de un acta de conciliación sin acuerdo. El documento registra un intento fallido de conciliación. En este trámite, Pedraza figura como denunciante y Morris como denunciado.
Para la representante, este registro contradice las afirmaciones de la defensa. “La verdad es completa o no es verdad”, concluyó. De esta manera, respaldó su posición con evidencia documental.
Claudia Cristancho respondió rápidamente a los cuestionamientos de la congresista. “Con respeto le sugiero que lea muy bien mi comunicado”, escribió. La abogada aclaró que su declaración se refería a delitos específicos. Por lo tanto, solicitó a Pedraza revisar cuidadosamente el contenido.
La jurista insistió en que la querella presentada aún no constituye un proceso formal. “Si amplía un poco sus conocimientos en derecho penal, comprenderá”, expresó. También sugirió que la legisladora se asesore mejor jurídicamente. Según Cristancho, la querella carece de fundamento.
El caso de Lina Marcela Castillo marcó un punto de inflexión en esta controversia. La activista y excolaboradora de Morris presentó su denuncia en 2019. Ella trabajó con el periodista en el Concejo de Bogotá.
Castillo relató comentarios inapropiados sobre su vestimenta durante su trabajo. Morris le solicitaba ir en falda a reuniones. Además, describió un episodio en un restaurante. En esa ocasión, el comunicador la tocó sin su consentimiento.
Antes de este señalamiento, Patricia Casas había denunciado a Morris en enero de 2019. Casas era entonces esposa del periodista. Ella presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.
La denuncia incluía actos de violencia intrafamiliar y económica. Según Casas, Morris ejercía violencia psicológica contra ella. También lo acusó de abandonar sus obligaciones alimentarias con sus hijos. Adicionalmente, señaló episodios de maltrato vinculados a presuntas adicciones.
Hollman Morris llegó a Rtvc durante el Gobierno de Gustavo Petro. Primero ocupó el cargo de subgerente. Posteriormente, asumió como gerente del sistema de medios públicos. Desde entonces, enfrenta múltiples denuncias laborales.
Carolina Valencia trabajó como secretaria privada de Morris. Ella describió la oficina del gerente como un “infierno”. Según su testimonio, el ambiente laboral estaba marcado por acoso constante. También mencionó comentarios morbosos de manera reiterada.
Valencia relató jornadas extenuantes bajo la dirección de Morris. Igualmente, denunció gritos frecuentes en el entorno laboral. Estos testimonios motivaron la apertura de investigaciones disciplinarias. La Procuraduría General asumió el caso.
La controversia sobre las acusaciones contra el periodista continúa vigente. Por un lado, su defensa sostiene que no existen procesos formales. Por otro, las denunciantes y sus apoyos afirman lo contrario. El debate público evidencia posiciones irreconciliables.
El cruce entre Pedraza y Cristancho refleja tensiones más amplias. Estas tensiones involucran el tratamiento institucional de denuncias por acoso. También cuestionan la efectividad del sistema judicial en estos casos. Además, plantean interrogantes sobre la protección a las víctimas.
La congresista insiste en que su posición no se limita a un caso individual. Ella representa a múltiples mujeres que presentaron señalamientos contra Morris. Según Pedraza, existe un patrón en el desarrollo de estos procesos. Este patrón incluye obstáculos institucionales y persecución judicial.
La defensa, por su parte, mantiene que las acusaciones no prosperaron formalmente. Cristancho diferencia entre señalamientos mediáticos y decisiones judiciales. Para ella, solo las determinaciones de los jueces tienen validez. Los pronunciamientos en medios de comunicación no reemplazan la justicia.
El caso de Morris se inscribe en un contexto más amplio. Colombia enfrenta debates sobre acoso laboral y sexual. Estos debates involucran a figuras públicas y medios de comunicación. También cuestionan la efectividad de los mecanismos de denuncia.
La Procuraduría General continúa investigando los señalamientos contra Morris. Las investigaciones disciplinarias avanzan paralelamente a los debates públicos. Sin embargo, no se han producido sanciones formales hasta el momento. Esta situación genera frustración entre las denunciantes.
Las acusaciones contra el gerente de Rtvc abarcan distintos ámbitos. Incluyen presunto acoso laboral en el entorno institucional. También comprenden señalamientos de acoso sexual. Adicionalmente, existen denuncias de violencia intrafamiliar en el ámbito privado.
El debate entre Pedraza y Cristancho evidencia interpretaciones divergentes sobre el proceso judicial. Para la congresista, la existencia de actuaciones judiciales es suficiente. Para la abogada, solo los procesos formalmente constituidos cuentan. Esta diferencia conceptual alimenta la controversia.
Morris se desempeña actualmente como gerente de Rtvc. Esta entidad administra los medios públicos de Colombia. El periodista es considerado aliado del presidente Gustavo Petro. Esta cercanía política añade complejidad al caso.
Las denunciantes enfatizan la importancia de visibilizar sus testimonios. Consideran que el silencio institucional perpetúa la impunidad. Por ello, recurren a espacios mediáticos y redes sociales. Estas plataformas amplifican sus voces más allá de los tribunales.
La defensa, en cambio, privilegia los canales institucionales formales. Cristancho insiste en que las acusaciones deben probarse judicialmente. Para ella, la presunción de inocencia prevalece. Los señalamientos públicos no constituyen prueba suficiente.
El enfrentamiento público entre la congresista y la abogada continúa. Ambas mantienen posiciones firmes respaldadas por argumentos jurídicos. Ninguna muestra señales de retractarse. La controversia promete extenderse en el tiempo.
Las investigaciones de la Procuraduría representan la vía institucional principal. Sin embargo, su lentitud genera cuestionamientos. Las denunciantes expresan frustración por la falta de resultados concretos. También señalan obstáculos en el acceso a la justicia.
El caso Morris ilustra tensiones estructurales en el tratamiento de denuncias por acoso. Evidencia brechas entre el sistema judicial y las expectativas sociales. También revela dificultades para equilibrar presunción de inocencia y protección a víctimas. Estos dilemas trascienden el caso particular.
