En un contexto global donde la proliferación nuclear vuelve a ocupar un lugar central en las preocupaciones estratégicas, Rafael Grossi alertó sobre riesgos inéditos. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica detalló una situación crítica. La agencia perdió acceso inmediato a 440 kilos de uranio altamente enriquecido en territorio iraní. Este material se encuentra en instalaciones que quedaron fuera de supervisión tras los conflictos recientes.
Grossi advirtió sobre la necesidad de restaurar cuanto antes el régimen de inspecciones. La transparencia constituye un elemento clave del Tratado de No Proliferación. Sin embargo, las circunstancias actuales impiden verificar el paradero exacto del material atómico.
En diálogo con el programa Inside Geopolitics de The Economist, Grossi reveló datos preocupantes. Hasta días antes de la llamada “guerra de doce días” su equipo mantenía inspecciones regulares. Los registros se llevaban “al gramo” de ese material sensible. No obstante, la situación cambió drásticamente tras el estallido del conflicto.
“No sabemos ahora, y por eso necesitamos volver”, advirtió el funcionario argentino. Subrayó que el uranio sigue, según la última evaluación técnica, “donde estaba en ese momento”. A pesar de esta estimación, insistió en la urgencia de verificar físicamente los sellos. La OIEA dejó estos dispositivos de seguridad en junio de 2025 en las instalaciones nucleares iraníes.
El director explicó características técnicas que complican cualquier intervención militar. El uranio se halla en forma gaseosa dentro del proceso de enriquecimiento. Este material está almacenado en botes ubicados en “túneles de difícil acceso” en Isfahan. Otras localizaciones también albergan parte de este inventario estratégico.
La configuración física de estos emplazamientos dificultaría cualquier extracción forzosa por medios militares. Consultado acerca de la factibilidad de una operación comando para extraer el material, Grossi fue categórico. “Mover ese material requiere condiciones muy específicas para hacerlo seguro. No es una operación fácil”, explicó con claridad. Dejó en claro que la preferencia sigue siendo un retorno de los inspectores.
La observancia de los protocolos internacionales constituye el camino más viable. Además, cualquier intento de movilizar uranio enriquecido sin las medidas adecuadas podría generar riesgos radiológicos. Las consecuencias ambientales y sanitarias serían impredecibles en caso de un manejo inadecuado.
La autoridad del OIEA remarcó obligaciones legales que persisten a pesar del conflicto. Irán continúa siendo miembro del Tratado de No Proliferación Nuclear. Como tal, debe rendir cuentas del destino de todo material y actividad nuclear. Esta responsabilidad no desaparece por circunstancias bélicas o políticas.
Grossi añadió una observación crítica sobre el comportamiento reciente de Teherán. “No han estado haciendo eso. Hay razones lógicas, hubo una guerra”, reconoció el director. Sin embargo, precisó que estas circunstancias no eliminan las obligaciones internacionales. “Pero eso no significa que no debamos volver e inspeccionar ese material”, enfatizó.
La pérdida de conocimiento sobre el paradero del uranio enriquecido genera preocupaciones fundamentales. Este material “podría terminar en un programa no pacífico”, advirtió Grossi. La posibilidad de desvío hacia aplicaciones militares representa el escenario más temido. Por ello, la restauración de la supervisión directa se vuelve imperativa.
El funcionario argentino reconoció una realidad técnica inquietante sobre las capacidades iraníes. Antes del estallido del conflicto, Irán disponía de todos los elementos materiales para desarrollar un arma nuclear. Esta evaluación se basa en el nivel de enriquecimiento alcanzado y la cantidad de material acumulado.
No obstante, Grossi enfatizó un matiz importante en esta apreciación. No se detectó un “programa institucionalizado y organizado” para ese fin militar. La diferencia entre capacidad técnica y decisión política resulta crucial en este análisis. Sin embargo, la línea que separa ambas situaciones puede cruzarse rápidamente.
El director advirtió sobre declaraciones que generan incertidumbre internacional. Altos responsables iraníes declararon poseer “todas las piezas del rompecabezas”. Esta “ambigüedad contraproducente” complica los esfuerzos diplomáticos y erosiona la confianza. Según Grossi, tales afirmaciones traen consecuencias directas para el régimen de verificación.
“Con esas capacidades viene la responsabilidad y el compromiso de permitir inspecciones”, subrayó el funcionario. La posesión de tecnología nuclear avanzada no puede separarse de la transparencia. Los países que desarrollan programas nucleares civiles deben demostrar constantemente sus intenciones pacíficas.
Al referirse a la hipótesis de una destrucción completa del programa nuclear iraní por vía militar, Grossi fue tajante. “No se puede borrar completamente”, afirmó sin ambigüedades. Esta evaluación contrasta con planteamientos que sugieren soluciones militares definitivas.
Argumentó que Irán es un país grande con características que lo hacen resiliente. Posee sofisticación industrial y tecnológica en múltiples sectores económicos. Además, cuenta con recursos humanos altamente capacitados en ciencias nucleares. El conocimiento acumulado no puede eliminarse bombardeando instalaciones ni asesinando científicos.
“Eso sería inédito y poco realista”, planteó el director general con firmeza. Además, agregó una consideración estratégica fundamental sobre las limitaciones de la fuerza militar. “No creo que un país con la dimensión y madurez económica de Irán pueda ser impedido de seguir adelante militarmente”, explicó.
Grossi detalló la evolución tecnológica iraní como evidencia de esta capacidad de recuperación. En menos de cuatro años tras la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear (JCPOA), Irán desarrolló centrifugadoras de altísimo rendimiento. Estas máquinas superaron las limitaciones iniciales impuestas por generaciones anteriores de tecnología.
Esta evolución tecnológica incrementa el desafío de control mediante acciones militares. Muchas actividades podrían continuar en distintos talleres distribuidos por el territorio. Ciudades industriales alejadas de los centros conocidos podrían albergar instalaciones clandestinas. Todo esto quedaría fuera del alcance de ataques militares directos.
El director sostuvo que existe un único modo eficaz de frenar el avance. Un régimen de inspecciones robusto combinado con cooperación plena con la OIEA constituye la solución. La alternativa militar no ofrece garantías de éxito permanente. Además, podría generar consecuencias regionales impredecibles.
Grossi defendió la vía diplomática con convicción basada en su experiencia. “Creo en la diplomacia, en los acuerdos”, declaró ante The Economist. Agregó que ha llegado el momento de sentarse a la mesa. Las partes deben considerar opciones para que Irán mantenga un programa nuclear civil. Esto coincide con lo que las autoridades iraníes “han manifestado” públicamente.
Sobre el impacto de la presión militar estadounidense e israelí, el funcionario ofreció una evaluación crítica. Estas acciones no contribuyen a una solución sostenible en el tiempo. Por el contrario, fortalecen posturas duras dentro del establishment iraní. Además, complican el panorama de verificación al generar desconfianza mutua.
El contexto regional y global acentúa la preocupación por un eventual efecto dominó. Grossi advirtió con tono grave sobre las consecuencias de la proliferación. “Estoy genuinamente preocupado por una carrera armamentista masiva, donde muchos países intenten obtener una bomba ahora”, declaró.
Anticipó que este será uno de los ejes de su mensaje institucional. La próxima conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación se celebrará en Nueva York. Allí presentará sus preocupaciones ante la comunidad internacional reunida. El foro constituye una oportunidad crucial para revertir tendencias peligrosas.
El dirigente argentino subrayó los riesgos de una multiplicación del número de potencias nucleares. “No creo ni por un segundo que vivir en un mundo con 25 o 34 países con armas nucleares será más seguro que ahora”, afirmó. Esta proyección contradice argumentos que defienden la proliferación como elemento disuasorio.
Grossi reconoció debates crecientes sobre armamento nuclear en diversas capitales. Países como Corea del Sur, Japón, Polonia o Alemania están reconsiderando sus posturas. Estos debates están impulsados por la percepción de una menor fiabilidad del paraguas estadounidense. La erosión de garantías de seguridad tradicionales alimenta estas discusiones.
El director enfatizó la carga económica y tecnológica de iniciar un programa nuclear militar. “Mantener esos programas requiere cientos de miles de millones”, explicó a The Economist. Esta inversión masiva representa “una carga inmensa para cualquier economía”. Además, los recursos desviados hacia armamento nuclear no pueden destinarse a desarrollo social.
En el caso surcoreano, destacó datos de opinión pública que reflejan cambios significativos. “El 76% de la opinión pública” declara su respaldo a disponer de armas nucleares. Esta cifra proviene de una encuesta del Asan Institute. Sin embargo, Grossi confía en el compromiso de Corea del Sur con sus obligaciones internacionales.
Allí subrayó la importancia de preservar el doble mandato de la OIEA. El organismo debe promover el uso pacífico de la energía nuclear. Simultáneamente, debe prevenir su desvío hacia objetivos militares. Este equilibrio constituye el fundamento del sistema internacional de no proliferación.
Al abordar el aumento de riesgos para instalaciones nucleares civiles en zonas de conflicto, Grossi compartió experiencias directas. Relató sus visitas a emplazamientos como Zaporizhzhia en Ucrania. También mencionó su presencia en Bushehr en Irán. Ambos sitios han sido afectados por bombardeos y amenazas directas.
Detalló que la OIEA ha implementado recientemente protocolos específicos para escenarios de guerra. Estos “pilares de seguridad” para plantas nucleares representan una innovación institucional. Las medidas han evitado, hasta ahora, accidentes graves con consecuencias radiológicas. La presencia de inspectores en zonas de combate resulta crucial.
Grossi afirmó con orgullo profesional el compromiso de su equipo. “En marzo, tras el inicio de la guerra, ya estábamos desplegados cerca del frente”, recordó. Los inspectores rotan constantemente en los sitios comprometidos por las hostilidades. Esta presencia continua permite monitorear condiciones de seguridad en tiempo real.
“Y hemos logrado contener impactos inmediatos gracias a la interlocución con las partes”, agregó. Enfatizó que el hecho de que el organismo supervisor esté presente contribuye decisivamente. Esta presencia limita los daños y sostiene cierta contención. Las partes en conflicto muestran mayor cautela cuando saben que inspectores internacionales observan.
Por último, el propio Grossi reveló haber sido objeto de amenazas personales. Fue señalado por el fallecido dirigente del régimen de Irán, Ali Larijani. Las acusaciones lo responsabilizaban por “ayudar a Israel y otros a conocer el programa nuclear iraní”. Estas declaraciones públicas obligaron a reforzar sus medidas de seguridad personal.
No obstante, el director afirmó que esto solo ha redoblado su determinación profesional. Las amenazas no lo han disuadido de cumplir su mandato. Por el contrario, han fortalecido su convicción sobre la importancia del trabajo del OIEA.
“Hay un espacio donde las instituciones multilaterales pueden modificar la realidad y obtener resultados”, afirmó con convicción. Frente a la parálisis del Consejo de Seguridad de la ONU, esta visión cobra especial relevancia. La fragmentación del sistema internacional genera vacíos peligrosos.
Grossi aboga por una revitalización de los mecanismos de seguridad y cooperación existentes. Estos instrumentos pueden sostener el frágil equilibrio nuclear global. La alternativa a la diplomacia multilateral es un mundo más peligroso. Un escenario donde cada país busque su propia seguridad mediante arsenales nucleares.
El desafío inmediato consiste en restaurar la supervisión sobre el uranio enriquecido iraní. Sin embargo, el problema trasciende este caso particular. La credibilidad del sistema de no proliferación está en juego. Cada violación o ambigüedad debilita el régimen internacional construido durante décadas.
La comunidad internacional enfrenta decisiones cruciales en los próximos meses. Debe elegir entre presión militar y compromiso diplomático. Entre aislamiento de Irán o reintegración condicionada al sistema de verificación. Las consecuencias de estas elecciones se extenderán por generaciones.
Mientras tanto, 440 kilos de uranio altamente enriquecido permanecen sin supervisión directa. Este material representa suficiente materia prima para varias armas nucleares. Cada día que pasa sin inspecciones aumenta la incertidumbre. La ventana para soluciones diplomáticas podría cerrarse si la situación se prolonga.
