La OEA Confirma Graves Violaciones Democráticas y Represión Sistemática en Venezuela
La Organización de Estados Americanos (OEA) presentó hoy un demoledor informe que confirma la existencia de un fraude electoral masivo en Venezuela. Según el documento, el régimen de Nicolás Maduro oculta deliberadamente los resultados que dieron la victoria a Edmundo González Urrutia en julio de 2024.
Durante una sesión del Consejo Permanente, Gloria Monique de Mees, relatora para Venezuela de la CIDH, expuso detalladamente la situación. En su presentación, destacó que el Consejo Nacional Electoral venezolano se niega a publicar las actas necesarias para verificar los resultados oficiales.
La magnitud de la represión post-electoral resulta especialmente alarmante. Las cifras oficiales, reconocidas por el propio Maduro, confirman más de 2.000 detenciones relacionadas con las protestas. Además, el fiscal general venezolano admitió 25 muertes en ese contexto.
Un aspecto particularmente preocupante es el patrón de las víctimas fatales. De los 25 fallecidos documentados, 24 presentaron impactos de bala en cabeza y tórax. Únicamente uno pertenecía a la Guardia Nacional Bolivariana, mientras que el resto eran civiles.
La represión ha afectado especialmente a los jóvenes de zonas vulnerables. El régimen ha detenido a cientos de adolescentes durante manifestaciones y mediante operativos selectivos denominados “Operación Tun Tun”. Muchos permanecen en condiciones que podrían constituir tortura.
El aparato represivo también se ha ensañado con la prensa. Numerosos periodistas y trabajadores de medios han sido detenidos arbitrariamente tras cubrir las protestas post-electorales. Algunos se han visto forzados al exilio.
La respuesta internacional ha sido contundente pero dispar. Argentina, a través de su embajador Carlos Cherniak, denunció específicamente el caso del gendarme Nahuel Gallo, víctima de desaparición forzada. Costa Rica, Estados Unidos, Canadá, Paraguay, Perú, Guatemala y Ecuador expresaron fuertes críticas al régimen.
Sin embargo, algunos países mantuvieron posiciones más ambiguas. México, Colombia y Bolivia optaron por el silencio diplomático. Brasil, aliado de Maduro, se escudó en el principio de no injerencia para evitar cualquier crítica.
La CIDH advierte que la situación refleja un patrón más amplio de erosión democrática. El desmantelamiento del Estado de derecho y la ruptura institucional han derivado en un sistema que reprime sistemáticamente la disidencia y manipula la justicia para perpetuarse en el poder.
A más de un año de las elecciones, la falta de transparencia y rendición de cuentas sigue siendo total. Las detenciones arbitrarias continúan, los presos políticos permanecen aislados, y las investigaciones sobre las muertes están estancadas.
La ausencia del Secretario General Albert Ramdin en la presentación resultó notoria. En su lugar, Sebastián Kraljevich, secretario para el Fortalecimiento de la Democracia, ofreció un discurso considerado por muchos como superficial dada la gravedad de la situación.
