Una mujer permanece hospitalizada en el Hospital María Auxiliadora de Mosquera, Cundinamarca, esperando un traslado urgente. La paciente requiere atención en un centro de mayor complejidad. Sin embargo, la Nueva EPS no ha autorizado la remisión.
La congresista Jennifer Pedraza denunció la situación a través de sus redes sociales. Según informó, la solicitud fue presentada el 3 de marzo de 2026. Además, existe un fallo de tutela que ordena el traslado. A pesar de esto, la entidad no ha cumplido.
La paciente necesita exámenes médicos especializados y una cirugía de urgencia. Su caso evidencia fallas en el sistema de salud colombiano. La demora pone en riesgo su vida.
Paola Consuelo Serrato Castro es el nombre de la afectada. Ella padece colelitiasis, colecistitis y problemas en el páncreas. Su cuadro clínico es delicado. Requiere intervención quirúrgica inmediata.
En diálogo con Infobae Colombia, la mujer expresó su angustia. “La verdad, todavía sigo un poco enferma”, afirmó. Está esperando la remisión para someterse a la cirugía. Sin embargo, ya agotó todos los recursos con la EPS.
“No sabemos qué hacer”, agregó la paciente. Su familia y su abogada están desesperados. Buscan una respuesta de la Nueva EPS. Hasta ahora, no han recibido soluciones.
El fallo de tutela salió a favor de Serrato Castro. A pesar de esto, la entidad no le ha resuelto nada. “Yo también tengo niños pequeños”, explicó la mujer. Ella es estilista y vive de su trabajo. La situación la tiene muy preocupada.
La paciente mostró su abdomen visiblemente inflamado. Sufre de pancreatitis aguda derivada de cálculos en la vesícula. El centro asistencial ya le notificó que necesita atención especializada. Debe ser remitida a una clínica de mayor complejidad.
El Hospital María Auxiliadora es un centro de primer nivel. Además, en febrero de 2026 reportó ocupación hospitalaria del 100%. Por tanto, no cuenta con la capacidad para realizar la cirugía. La remisión es urgente y necesaria.
Serrato Castro enfrenta una ausencia total de respuesta. Sus familiares afirmaron que la Nueva EPS no contesta. Ni siquiera responde a la tutela judicial. Mientras tanto, el tiempo transcurre peligrosamente.
En el hospital le dieron 24 horas para ser remitida. Sin embargo, ya ha permanecido más de 72 horas. La demora aumenta los riesgos para su salud. Cada día que pasa es crítico.
La abogada de la paciente es Lida Elizabeth Torres. Ella ha hecho todo lo posible por ayudar. Torres informó que la situación se complica cada vez más. La Nueva EPS sigue presentando fallas en su sistema.
“No quiere dar la remisión”, señaló la abogada. Ella ha sido agente oficiosa de varias personas. Ha tramitado varios fallos de tutela contra la entidad. Incluso, hay sanciones contra la gerente de Nueva EPS.
Torres mencionó que existen órdenes de arresto desde el año pasado. Sin embargo, estas no se han materializado. La impunidad persiste en el sistema. Las sanciones no se cumplen efectivamente.
La jurista compartió el caso de otra paciente mayor. Esa mujer también necesitaba una remisión urgente. Tras un fallo de tutela, finalmente fue operada. Lamentablemente, ya era demasiado tarde.
“A los veinte días la señora murió”, relató Torres. La misma situación se está presentando con Paola Consuelo. Por eso, la abogada teme por su vida. “Quiero salvarle la vida”, expresó con urgencia.
“Por una omisión y negligencia de Nueva EPS, la señora se nos puede morir”, advirtió. Su testimonio revela un patrón de conducta preocupante. Las demoras no son casos aislados. Se repiten sistemáticamente.
Desde que fue internada, la EPS no ha ayudado en nada. Paola Consuelo lleva veinte días hospitalizada. Estuvo seis días en la Unidad de Cuidados Intensivos. Ahora está más recuperada, pero no está bien.
“Este es el momento en el que no se han pronunciado”, lamentó. La falta de respuesta institucional es evidente. Mientras tanto, su salud sigue en riesgo. La incertidumbre aumenta día a día.
La mujer debe sostener a su familia económicamente. Además, debe atender a su hijo menor. Estando internada, enfrentó otra tragedia personal. Su hijo desapareció durante cuatro días.
“Han sido unos días bastante complejos, bastante difíciles”, aseguró. La situación ha sido extremadamente dura. Su preocupación se multiplica por varios frentes. No solo es su salud.
“Si no recibo esa cirugía, no voy a poder salir a trabajar”, explicó. No se siente en condiciones para sus labores normales. Su sustento depende de trabajar como estilista. La enfermedad la ha dejado sin ingresos.
Tras quedar hospitalizada, su hijo intentó buscar trabajo por Internet. El menor tiene 15 años de edad. Quería ayudar económicamente a su madre. Sin embargo, fue víctima de un engaño.
Delincuentes lo contactaron a través de redes sociales. Le desinstalaron WhatsApp e Instagram. El niño salió el domingo 15 de marzo a las 9:30 a.m. A las 4:00 p.m. se apagó su celular.
El menor permaneció desaparecido durante cuatro días. Fue llevado a un lugar entre Bojacá y Facatativá. Según su testimonio, era un sitio muy feo. No recuerda todo lo que sucedió.
“No sabemos qué le dieron allá”, contó la madre. El niño solo tiene flashes de memoria. Recuerda cosas muy poco claras. Dice que caminó demasiado. Estuvo durmiendo en la calle.
El hijo de Paola Consuelo es habitualmente disciplinado. Poco dado a salir de casa. Apareció desorientado y en malas condiciones físicas. La investigación de las autoridades permitió su localización.
La familia sostiene que el menor fue víctima de engaños. También sufrió amenazas durante su desaparición. Al parecer, lo drogaron en ese lugar. Eso explicaría su pérdida parcial de memoria.
Como madre cabeza de familia, Serrato Castro es el principal sustento. Su situación la afecta profundamente en múltiples aspectos. No puede reincorporarse al trabajo. Tampoco puede brindar apoyo necesario a su hijo.
El menor requiere atención psicológica tras el episodio traumático. Sin embargo, la madre está hospitalizada e impedida. La familia enfrenta una crisis en varios niveles. La salud y la economía están comprometidas.
La representante Jennifer Pedraza hizo un llamado urgente. Exigió a Nueva EPS que cumpla con la decisión judicial. La entidad debe garantizar acceso oportuno a la atención médica. La paciente necesita el traslado inmediatamente.
Pedraza elevó la denuncia a la Superintendencia de Salud. Busca que las autoridades intervengan en el caso. La situación requiere acción inmediata de los organismos de control. No puede seguir dilatándose.
El caso evidencia problemas estructurales del sistema de salud. Las EPS incumplen fallos judiciales sistemáticamente. Los pacientes quedan en medio de la burocracia. Sus vidas están en riesgo constante.
La tutela es un mecanismo constitucional de protección. Sin embargo, muchas veces no se cumple efectivamente. Las entidades ignoran las órdenes judiciales. La impunidad genera más violaciones de derechos.
El Hospital María Auxiliadora de Mosquera tiene limitaciones. No cuenta con la infraestructura para casos complejos. Por eso, la remisión es absolutamente necesaria. El centro asistencial ya cumplió su función.
La pancreatitis aguda es una condición seria. Puede derivar en complicaciones mortales si no se trata. Los cálculos en la vesícula requieren extracción quirúrgica. La demora aumenta exponencialmente los riesgos.
La inflamación del abdomen de la paciente es visible. Su malestar físico es constante. Además, enfrenta angustia emocional por su situación. La incertidumbre sobre su futuro la afecta profundamente.
Los niños pequeños de Paola Consuelo dependen de ella. Sin su trabajo, no hay ingresos en el hogar. La enfermedad ha generado una crisis económica familiar. No pueden cubrir necesidades básicas adecuadamente.
La abogada Torres ha documentado múltiples casos similares. La Nueva EPS tiene un historial de incumplimientos. Las fallas en el sistema son recurrentes. Los pacientes sufren las consecuencias directamente.
Las sanciones contra la gerente de la EPS no se ejecutan. Las órdenes de arresto permanecen sin cumplir. Esto genera un círculo vicioso de impunidad. Las violaciones de derechos continúan sin consecuencias reales.
El caso de la adulta mayor fallecida es revelador. Muestra las consecuencias fatales de las demoras. La negligencia institucional cobra vidas humanas. No son solo estadísticas, son personas con familias.
La desesperación de la familia Serrato Castro es comprensible. Han agotado todos los recursos disponibles. Presentaron la tutela y ganaron. Sin embargo, el fallo no se cumple.
La congresista Pedraza utilizó su plataforma para visibilizar el caso. Las redes sociales se convirtieron en un canal de denuncia. La presión pública puede generar respuestas institucionales. Es una estrategia necesaria ante la indiferencia.
El municipio de Mosquera enfrenta limitaciones en su sistema de salud. La sobrecarga hospitalaria es evidente. El 100% de ocupación reportado en febrero muestra la crisis. Los recursos son insuficientes para la demanda.
La solicitud de remisión fue presentada hace casi un mes. El tiempo transcurrido es excesivo e injustificable. Cada día que pasa es un día perdido. La salud de la paciente se deteriora progresivamente.
Los procedimientos burocráticos no pueden estar por encima de la vida. El derecho a la salud es fundamental y prioritario. Las EPS deben responder con celeridad y eficiencia. La vida humana no puede esperar indefinidamente.
La historia de Paola Consuelo refleja la de miles de colombianos. Muchos enfrentan barreras similares en el acceso a salud. El sistema presenta fallas estructurales que deben corregirse. Las reformas son urgentes y necesarias.
La Superintendencia de Salud debe actuar con contundencia. Los organismos de control tienen la responsabilidad de intervenir. Deben garantizar que las EPS cumplan sus obligaciones. Las sanciones deben ser efectivas y ejemplares.
El drama familiar se multiplica con la desaparición del hijo. La vulnerabilidad de la familia aumentó exponencialmente. Los delincuentes aprovechan la desesperación de las personas. Las redes sociales son utilizadas para engaños peligrosos.
La recuperación psicológica del menor será un proceso largo. Requiere atención profesional especializada. Sin embargo, la familia carece de recursos para costearla. La crisis económica limita el acceso a servicios necesarios.
El testimonio de Paola Consuelo es desgarrador y revelador. Muestra la realidad de muchas familias colombianas. El sistema de salud falla a quienes más lo necesitan. Las promesas institucionales no se traducen en atención efectiva.
La disciplina habitual del menor hace más sorprendente su desaparición. La desesperación por ayudar a su madre lo llevó a tomar riesgos. Los delincuentes explotan la vulnerabilidad de los jóvenes. Las familias en crisis son blancos fáciles.
El sitio entre Bojacá y Facatativá donde llevaron al menor es preocupante. Evidencia la existencia de redes delictivas organizadas. Utilizan las redes sociales para captar víctimas. Las autoridades deben investigar y desmantelar estas estructuras.
La pérdida parcial de memoria del menor sugiere uso de sustancias. Posiblemente fue drogado para mantenerlo desorientado. Esta práctica es común en casos de trata de personas. La situación pudo haber sido mucho más grave.
Las autoridades lograron localizar al menor tras cuatro días. La investigación fue crucial para su hallazgo. Sin embargo, el trauma ya estaba causado. Las secuelas psicológicas pueden ser duraderas.
La condición de madre cabeza de familia hace más crítica la situación. Paola Consuelo es el único sustento económico del hogar. Su incapacidad para trabajar afecta a toda la familia. No hay red de apoyo económico alternativa.
El trabajo como estilista requiere estar en condiciones físicas adecuadas. La inflamación y el dolor impiden realizar las labores. Además, la necesidad de reposo es médicamente indicada. No puede forzar su cuerpo sin riesgos mayores.
La colelitiasis es la presencia de cálculos en la vesícula. Esta condición puede generar inflamación, llamada colecistitis. Cuando afecta el páncreas, se produce pancreatitis. El cuadro completo es grave y doloroso.
El tratamiento definitivo es la cirugía de vesícula. Debe extraerse el órgano afectado para evitar complicaciones. Este procedimiento es relativamente común pero requiere instalaciones adecuadas. Un hospital de primer nivel no puede realizarlo.
La remisión a un centro de mayor complejidad es protocolo estándar. Los hospitales de primer nivel deben reconocer sus limitaciones. Deben gestionar traslados oportunos cuando sea necesario. La Nueva EPS debe facilitar este proceso.
Las 24 horas iniciales para la remisión ya pasaron. Se han convertido en más de 72 horas de espera. El incumplimiento de los tiempos médicos es evidente. Cada hora adicional aumenta los riesgos.
La Unidad de Cuidados Intensivos estabilizó a la paciente inicialmente. Los seis días allí fueron críticos para su supervivencia. Sin embargo, la estabilización no es la solución definitiva. Se requiere la cirugía para resolver el problema.
La recuperación parcial actual es temporal y frágil. Sin la intervención quirúrgica, puede haber recaídas. Incluso, pueden presentarse complicaciones más graves. El tiempo es un factor crítico en estos casos.
El silencio de la Nueva EPS es ensordecedor. No han dado explicaciones ni justificaciones. Tampoco han presentado alternativas de solución. La falta de comunicación es una forma de violencia institucional.
Los familiares sienten impotencia ante la situación. Han tocado todas las puertas posibles. Han seguido todos los conductos regulares. Sin embargo, no obtienen resultados concretos.
La tutela judicial debería ser suficiente para garantizar derechos. Es el mecanismo constitucional diseñado para proteger a los ciudadanos. Sin embargo, su
