En un acontecimiento histórico para la política colombiana, la Plenaria del Senado de la República ha dado su visto bueno unánime al proyecto de ley que busca poner fin a las “marcas de Gobierno”. Este paso legislativo, que aún debe ser conciliado con la Cámara de Representantes y recibir la sanción presidencial, podría marcar un antes y un después en la gestión de la identidad visual de las entidades estatales en Colombia.
Los proponentes de la iniciativa, Cristian Avendaño y Carolina Giraldo, junto con la senadora Angélica Lozano, han sido los artífices de esta propuesta que pretende erradicar la costumbre de modificar colores, nombres, lemas y logos con cada cambio de mandato. La razón detrás de esta medida es doble: por un lado, se busca un ahorro significativo de recursos y, por otro, se pretende preservar la identidad histórica y cultural de las regiones.
La capital del país, Bogotá, ya había sentado un precedente en 2019, cuando decidió unificar su imagen institucional bajo una sola marca para la Alcaldía Mayor y sus dependencias. Este cambio fue un claro indicativo de la viabilidad y los beneficios de una imagen estatal coherente y perdurable.
La ley, que se encuentra a un paso de su implementación, establece un plazo de seis meses para que todas las entidades gubernamentales, tanto a nivel nacional como regional, adopten un manual de identidad visual estandarizado. Este cambio implicará la eliminación de logos y publicidades que hasta ahora han servido para resaltar la figura del gobernante de turno.
La senadora Lozano ha enfatizado la importancia de esta ley como un avance hacia la eficiencia y la responsabilidad en el uso de los recursos públicos. La práctica de cambiar la imagen institucional con cada nueva administración ha sido vista como un despilfarro que finalmente podría llegar a su fin.
La promoción de la identidad histórica y cultural, a través del uso de escudos y otros elementos representativos, no solo reforzará el sentido de pertenencia y continuidad, sino que también se traducirá en un ahorro estimado de 2,4 billones de pesos en publicidad. La normativa abarcará a organismos de control y otras entidades estatales, garantizando así una imagen unificada y respetuosa del patrimonio cultural y simbólico de la nación.
Con la aprobación de esta ley, se verá también el fin de la marca “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, promovida por el actual gobierno de Gustavo Petro. Además, se prohibirá el uso de fondos públicos en publicidad que busque la autopromoción o afecte la imagen de funcionarios gubernamentales, así como la promoción de cuentas personales en redes sociales o de partidos políticos.
Es importante destacar que las redes sociales y páginas web de las entidades estatales deberán ser utilizadas exclusivamente para fines estatales y no podrán ser consideradas propiedad personal de ningún funcionario. Al término de una administración, estas deberán ser entregadas para asegurar la continuidad y el servicio a la ciudadanía.
Este proyecto de ley representa un cambio paradigmático en la gestión de la comunicación gubernamental en Colombia. Al eliminar las “marcas de Gobierno”, se busca fortalecer la identidad institucional y evitar la fragmentación visual que puede confundir o desviar la atención de los ciudadanos de los verdaderos objetivos y servicios del Estado. Con la implementación de esta ley, Colombia se encamina hacia una mayor transparencia, eficiencia y respeto por su rica herencia cultural y su diversidad regional.
