La dictadura de Nicaragua mantiene en sus cárceles a un grupo de presos políticos. Estos individuos han enfrentado un trato de particular crueldad. Actualmente se calcula que son 38 personas las que permanecen detenidas. Diez de ellas llevan presas más de 10 años.
Desde sus celdas han visto pasar una tras otra las liberaciones. A menudo estas celdas son mazmorras de castigo. Las excarcelaciones se han realizado durante los últimos siete años. Sin embargo, ellos permanecen olvidados en las prisiones del régimen.
A diciembre de 2025, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas registraba 62 personas. Todas ellas se encontraban en prisión política. No obstante, el 10 de enero ocurrió un cambio significativo. Una semana después de la captura de Nicolás Maduro, el régimen excarceló a 24 presos.
Por otro lado, el Monitoreo Azul y Blanco reportó detenciones masivas. En esos días fueron detenidos 71 nicaragüenses. Estas personas habían celebrado en redes sociales la captura de Maduro. La operación militar de Estados Unidos en Venezuela fue el motivo de celebración.
De ese grupo, 38 personas habrían sido ya liberadas. Las liberaciones ocurrieron entre el 3 y el 8 de enero. Así lo indica la información del Monitoreo. Sin embargo, la situación de quienes permanecen presos es preocupante.
Los organismos de derechos humanos prefieren llamar “excarcelaciones” a estos eventos. No utilizan el término liberaciones por una razón específica. Los presos políticos pasan a sus casas bajo un régimen de libertad condicionada. Deben reportarse todos los días en una unidad policial. Tienen prohibido dar declaraciones o salir de su municipio.
Quienes quedan en las cárceles de la dictadura son un grupo especial. El régimen de Ortega los trata con especial saña. Se ha negado a liberarlos en las reiteradas excarcelaciones. Estas excarcelaciones han ocurrido en múltiples ocasiones.
Nueve personas del grupo actual de presos políticos enfrentan una situación extrema. Se consideran en condición de “desaparición forzada”. Así lo explica Claudia Pineda, vocera del Monitoreo Azul y Blanco. No tienen proceso legal abierto contra ellos. No reciben visitas familiares ni tienen acceso a un abogado. No se sabe dónde están ni en qué condiciones se encuentran.
Entre los presos políticos destacan ocho líderes y guardabosques. Pertenecen al Pueblo Indígena Mayangna. Se encuentran presos en la cárcel “La Modelo”, en Tipitapa. Esta prisión está a 500 kilómetros de su territorio. Son autoridades comunitarias y voluntarios encargados de vigilar su territorio ancestral. Su labor incluye proteger frente a invasiones, depredación ambiental y agresiones armadas.
Entre 2021 y 2023 fueron detenidos y condenados. En su mayoría, la detención ocurrió sin orden judicial. Ocho de ellos han sido identificados como Dionisio Robins Zacarías y Donald Andrés Bruno Arcángel. También están Argüello Celso Lino e Ignacio Celso Lino. Además, se encuentran Rodrigo Bruno Arcángel y Tony Bruno Smith. Completan el grupo Oliver Bruno Palacios y Evertz Bruno Palacios.
En cuatro casos, las condenas se vinculan a la masacre de Kiwakumbaih. Este evento ocurrió el 23 de agosto de 2021. Víctimas y testigos señalaron reiteradamente a atacantes no indígenas. Estos atacantes estaban armados y vestidos con ropa militar. Aun así, la versión oficial responsabilizó a un grupo mayangna. El régimen procesó a 14 indígenas, varios de ellos guardabosques.
Los ocho guardabosques habrían sido ubicados en celdas de máxima seguridad. No tienen acceso a un patio donde puedan tomar sol. Están bajo tortura psicológica según los reportes. Los mantendrían encerrados y aislados en celdas. Así lo indica la carta que la relatora especial de la ONU envió.
El gobierno de Nicaragua recibió esta carta en septiembre de 2025. La misiva expresaba preocupaciones graves sobre denuncias de tratos crueles. También mencionaba tratos inhumanos y degradantes. Estos incluirían episodios de violencia física, tortura y agresiones sexuales. Los perpetradores serían custodios y otros internos. Esto representaría una grave vulneración a la integridad física. También violaría la prohibición absoluta de la tortura. El régimen no respondió a esta misiva.
Angélica Patricia Chavarría Altamirano representa otro caso de desaparición forzada. Tiene 39 años y estaba vinculada a opositores. Fue detenida el 19 de mayo de 2024. Era la pareja sentimental del fallecido general Humberto Ortega. Humberto fue exjefe del Ejército y hermano del dictador Daniel Ortega.
La Corte Interamericana ordenó su libertad inmediata. La orden incluía a otros dos desaparecidos. Sin embargo, Nicaragua no respondió a esta solicitud. El 19 de mayo de 2024, agentes del régimen la apresaron. La detención ocurrió en su residencia en Managua junto a su pareja.
Este arresto coincidió con la publicación de una entrevista. Humberto Ortega había hablado con Infobae ese mismo día. En la entrevista criticaba abiertamente la falta de sucesión democrática. También cuestionaba la capacidad de Rosario Murillo para liderar la dictadura. Esto ocurriría tras la eventual muerte de su esposo.
Una fuente cercana al ex militar asegura algo importante. La saña del régimen contra Angélica Chavarría tiene un origen específico. Ella habría proporcionado el teléfono desde el que Ortega denunció la represión. Esta denuncia ocurrió la noche que lo apresaron.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a su favor. El sistema interamericano escaló el caso ante la falta de información. También consideró el riesgo para su vida e integridad. El régimen no ha dado explicación verificable sobre su paradero. Tampoco ha informado en qué condiciones se encuentra. No se sabe bajo qué causa se le retiene.
Existe otro grupo de presos políticos con una historia más antigua. Son nueve condenados por un ataque contra una caravana sandinista. El ataque ocurrió en Matagalpa. El caso fue resuelto con rapidez policial. Se sustentó en confesiones y relatos cuestionados por organismos de derechos humanos. Las defensas también han cuestionado estos testimonios.
La noche del 19 de julio de 2014 ocurrió un ataque armado. Un grupo atacó una caravana de buses con simpatizantes sandinistas. Estos regresaban de Managua tras celebrar el 35 aniversario de la revolución. Cinco personas murieron en el ataque. Veinticuatro resultaron heridas.
Policías y civiles encapuchados capturaron a varios opositores conocidos de la región. Los acusaron y condenaron por la masacre. Entre ellos están Wilfredo José Balmaceda Castrillo y Walter José Balmaceda Ruiz. También fueron detenidos Zacarías Isabel Cano Angulo y José Ricardo Cortez Dávila. Además, capturaron a Eddy Antonio Gutiérrez Delgadillo y Rosendo Antonio Huerta González. Completan la lista Jairo Alberto Obando Delgadillo, Leonel Antonio Poveda Palacios y José Olivar Meza Raúdez.
La Unidad de Defensa Jurídica es un organismo creado específicamente. Su objetivo es defender “a los nicaragüenses detenidos arbitrariamente”. Este organismo señala diferentes formas de tortura usadas contra estos acusados. Las torturas incluyen golpes con culatas de fusil. También mencionan asfixia con sogas y extracción de uñas y dientes. Además, reportan choques eléctricos, amenazas contra sus familias y violencia sexual.
El informe detalla casos específicos de tortura. Jairo Obando fue torturado sexualmente con la punta de un fusil AK. El arma fue introducida en su cuerpo. Eddy Gutiérrez fue sumergido desnudo en un barril con agua electrificada. También fue golpeado con cables. Lo obligaron a inhalar gases tóxicos. Las confesiones obtenidas bajo tortura fueron presentadas como “pruebas”. La Policía Nacional las utilizó en el proceso judicial.
Este grupo permanece desde 2015 recluido en condiciones extremas. Están en la galería de máxima seguridad conocida como “La 300”. Esta se encuentra en el penal La Modelo. Viven bajo condiciones de aislamiento permanente.
Marvin Vargas, alias El Cachorro, representa un caso emblemático. Fue condenado en 2011 a cinco años y medio de prisión. El delito fue estafa. Cada vez que ha logrado su libertad le endilgan nuevos cargos. Continúa en prisión hasta el día de hoy.
Marvin Vargas tiene 56 años actualmente. Los últimos 15 años de su vida los ha pasado en solitario. Permanece en una pequeña celda oscura y con poca ventilación. Es considerado el primer preso político del régimen de Daniel Ortega. Así lo establece el Grupo de Reflexión Excarcelados Políticos.
Hasta principios de 2011, Vargas era un aliado de Daniel Ortega. Decidió protestar por las promesas incumplidas a los veteranos de guerra. Estos estaban organizados en la Asociación de Cachorros de Sandino. Él dirigía esta organización. La respuesta a su reclamo fue violenta. Para algunos cercanos a él existe una voluntad clara. El régimen busca mantenerlo preso hasta el fin de sus días.
El domingo 8 de mayo de 2011 llegaron patrullas de policías. Fueron por Vargas a su casa, en Managua. Durante siete meses pasó preso sin cargo alguno. Finalmente apareció una acusación por el delito de Estafa Agravada. Dos personas lo acusaban de estafarlos con tres mil dólares. Estas personas no se presentaron al juicio. Tampoco se les ubicó en la dirección que reportaban.
Aun así, el proceso judicial continuó. El 16 de febrero 2012, Vargas fue condenado a cinco años y seis meses. El 7 de noviembre 2016 se cumplió la condena de cárcel impuesta. Sin embargo, no fue liberado a pesar de que una juez giró la orden. La orden de libertad respectiva fue ignorada.
Seis meses más tarde llegó un nuevo cargo contra Vargas. Aún permanecía preso a pesar de cumplir su condena. El Sistema Penitenciario Nacional lo acusó de tráfico interno de estupefacientes. El GREX considera “insólita” esta nueva acusación. El reo se encontraba en una galería de máxima seguridad. Además, estaba en régimen de aislamiento.
Del inicio de este proceso nadie se enteró. Fue realizado prácticamente en secreto. Así lo afirma el organismo en un documento publicado en 2019. Vargas fue condenado a otros 12 años y ocho meses.
Un compañero de Vargas ofrece su perspectiva sobre el caso. Considera que el odio contra Marvin Vargas tiene una explicación. Fue el primer disidente que se atrevió a desafiar al régimen. Fue el primer rebelde en sus filas. Es un líder natural. Esos líderes naturales son peligrosos para la dictadura. No tiene explicación racional, según este compañero.
Marvin Vargas, El Cachorro, deberá salir de la cárcel a finales del 2029. Para entonces tendrá 59 años. Esto ocurrirá si sobrevive a sus múltiples enfermedades. También depende de que esta vez la dictadura se lo permita.
Las condiciones de detención de estos presos políticos son brutales. La mayoría se encuentra en condiciones de aislamiento carcelario extremo. Nueve de ellos son reportados como “desaparecidos”. No tienen contacto con el exterior ni acceso a sus familias.
El régimen de Nicaragua ha utilizado diversos métodos para mantener a estos prisioneros. Las acusaciones fabricadas son una práctica común. También utilizan procesos judiciales secretos y confesiones obtenidas bajo tortura. Las condenas se imponen sin pruebas verificables.
La comunidad internacional ha expresado su preocupación por estos casos. La Corte Interamericana ha emitido órdenes de liberación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado medidas cautelares. La relatora especial de la ONU ha enviado cartas al gobierno nicaragüense. Sin embargo, el régimen de Ortega no ha respondido a ninguna de estas solicitudes.
Los organismos de derechos humanos continúan documentando estos casos. El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas mantiene un registro actualizado. El Monitoreo Azul y Blanco reporta las detenciones y liberaciones. La Unidad de Defensa Jurídica documenta las torturas y abusos. El Grupo de Reflexión Excarcelados Políticos analiza los casos históricos.
Las familias de estos presos políticos viven en la incertidumbre. Muchas no saben dónde están sus seres queridos. Otras no pueden visitarlos ni comunicarse con ellos. Algunas temen por sus vidas debido a las condiciones de detención. Todas esperan que algún día sus familiares sean liberados.
La situación de los guardabosques indígenas es particularmente preocupante. Fueron arrestados por defender su territorio ancestral. Las acusaciones en su contra carecen de fundamento. Los verdaderos responsables de la masacre nunca fueron investigados. Ahora permanecen a 500 kilómetros de sus comunidades. No pueden practicar sus costumbres ni hablar su idioma libremente.
El caso de Angélica Chavarría muestra la venganza personal del régimen. Su relación con Humberto Ortega la convirtió en objetivo. La entrevista crítica publicada en Infobae desató la furia del dictador. Su desaparición forzada es un mensaje para otros opositores. Nadie está a salvo de la represión del régimen.
Los condenados por la masacre del 19 de julio de 2014 llevan más de una década presos. Sus confesiones fueron obtenidas mediante tortura brutal. Los métodos utilizados incluyen violencia física extrema y abuso sexual. Las “pruebas” presentadas en su contra carecen de validez. Aun así, permanecen en la galería de máxima seguridad.
Marvin Vargas simboliza la persecución política sistemática del régimen. Su único delito fue disentir y reclamar promesas incumplidas. El gobierno
