En el panorama económico colombiano, la definición del salario mínimo para el año 2024 se ha convertido en un tema de arduo debate y expectativa. A medida que se acerca la fecha límite del 30 de diciembre, la tensión entre las partes interesadas —el Gobierno, los grupos sindicales y los empresarios— se intensifica. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ha enfatizado su compromiso con alcanzar un acuerdo que satisfaga a todos los sectores involucrados. Sin embargo, la falta de consenso en la mesa de diálogos, cuyo primer plazo expiró el pasado viernes 15 de diciembre, ha dejado la decisión pendiente para los próximos días.
Las centrales obreras han puesto sobre la mesa una propuesta de incremento del 18 por ciento, lo que elevaría el salario mínimo de 1’160.000 pesos a 1’368.800 pesos, adicionando un auxilio de transporte de 165.915 pesos. Por otro lado, los empresarios han optado por no presentar una cifra concreta, expresando su preocupación por un posible aumento desproporcionado frente al contexto económico actual y la simultaneidad de la discusión con la tramitación de la reforma laboral en el Congreso.
El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, y el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias Giraldo, han manifestado su disposición a buscar una solución negociada, pese a las diferencias. Esta actitud refleja la complejidad de las negociaciones y la importancia de encontrar un punto medio que no solo responda a las expectativas de los trabajadores, sino que también considere la realidad económica del país.
El factor determinante en esta ecuación es la inflación. El Banco de la República ha proyectado que esta podría cerrar entre 9,2 y 9,4 para el 2023, mientras que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha indicado una cifra ligeramente superior, del 9,7%. La normativa vigente estipula que el incremento del salario mínimo no puede ser iCZ En este escenario, la recta final de las negociaciones será crucial. Los próximos días serán testigos de intensas deliberaciones, donde cada parte deberá ponderar sus demandas y ofrecimientos con el fin de llegar a un acuerdo equilibrado que beneficie al conjunto de la sociedad colombiana. La decisión final, que deberá ser tomada antes del 30 de diciembre, no solo definirá el poder adquisitivo de millones de trabajadores, sino que también enviará una señal sobre la estabilidad y previsibilidad de la política económica del país.
