El tribunal revolucionario de Mashad condenó este domingo a Narges Mohammadi a siete años y medio de prisión. La activista iraní recibió el premio Nobel de la Paz en 2023. Además, es reconocida internacionalmente por su lucha por los derechos humanos.
La sentencia fue confirmada en febrero de 2024. Sin embargo, responde a cargos de conspiración y propaganda contra la República Islámica. Se trata de la décima condena impuesta contra Mohammadi desde 2021.
El abogado de la activista, Mostafa Nili, detalló la sentencia en sus redes sociales. Mohammadi recibió seis años de prisión por conspiración y colusión. Asimismo, obtuvo un año y medio por actividad propagandística. Como pena complementaria, enfrenta dos años de prohibición para salir del país.
La resolución fue comunicada tras una audiencia en la sala primera del tribunal. Esta se realizó mientras Mohammadi permanecía bajo custodia. Además, se encontraba en mal estado de salud durante el proceso judicial.
Nili explicó que recibió una llamada telefónica de su defendida. Fue su primera comunicación en casi dos meses. Durante la llamada, la activista informó haber sido ingresada recientemente al hospital. Posteriormente, relató problemas de salud graves que requieren atención médica urgente.
La llamada fue interrumpida antes de que pudiera describir las circunstancias completas. No obstante, Mohammadi relató su traslado al tribunal desde el centro médico. El abogado precisó que, según la legislación iraní, la condenada debe ser enviada a prisión.
Por otro lado, sostuvo que por su estado físico debería acceder a excarcelación provisional. “En vista de sus enfermedades, se espera que se ordene su liberación temporal bajo fianza”, afirmó Nili. De esta manera, podría recibir el tratamiento médico que necesita.
La trayectoria judicial de Mohammadi evidencia una persecución persistente por parte del régimen. Fue puesta en libertad condicional por razones médicas a finales de 2023. Sin embargo, en noviembre ya había denunciado la prohibición permanente de salir de Irán.
Las autoridades iraníes le negaron la expedición de pasaporte. En consecuencia, le impiden ver a sus hijos desde hace once años. Estos residen en el extranjero y mantienen contacto limitado con su madre.
En total, Mohammadi ha sido detenida trece veces desde el inicio de su activismo. También ha sido condenada en nueve ocasiones diferentes. De este modo, acumula causas judiciales y penas de prisión durante más de una década.
Internacionalmente, Mohammadi es conocida por su defensa inquebrantable de los derechos de las mujeres. Igualmente, destaca su resistencia ante la represión estatal ejercida por el gobierno iraní. Esta labor fue reconocida por el Comité Nobel noruego en 2023.
El Comité destacó su lucha “contra la opresión de las mujeres en Irán”. Asimismo, reconoció su trabajo “para promover los derechos humanos y la libertad para todos”. Su caso ha incrementado la presión global sobre las autoridades iraníes.
Organizaciones internacionales han señalado repetidas veces la situación de Mohammadi. Además, exigen su liberación inmediata y el cese de la persecución judicial. No obstante, el régimen iraní continúa intensificando las acciones contra la activista.
La represión en Irán se intensificó tras las manifestaciones multitudinarias que comenzaron en diciembre. Inicialmente, surgieron como protesta ante la crisis económica que afecta al país. Posteriormente, evolucionaron hasta exigir un cambio de régimen político.
Las cifras oficiales reconocen 3.117 muertos desde el inicio de las protestas. Mientras tanto, la organización Human Rights Activists documenta 6.941 fallecidos. De estos, 6.495 eran manifestantes que participaban en las movilizaciones.
Además, HRA registra 171 menores de edad entre los fallecidos. También documenta 50.921 arrestos realizados por las fuerzas de seguridad. Igualmente, reporta 11.021 heridos graves como consecuencia de la represión gubernamental.
La agencia HRANA, dependiente de HRA, considera estos datos como mínimos verificados. Actualmente, tiene bajo revisión más de 11.600 posibles muertes adicionales. Sin embargo, distintos organismos remarcan que acceder a cifras independientes resulta complejo.
Mahmood Amiry Moghaddam dirige Iran Human Rights. Según él, la verdadera magnitud de la tragedia aún permanece incierta. “Creo que los detalles definitivos tendrán que esperar a que el régimen caiga”, afirmó.
Además, señaló que se necesita “una misión de investigación independiente” para conocer la verdad. Solo así será posible documentar completamente los hechos ocurridos durante las protestas. Mientras tanto, las organizaciones continúan recopilando información disponible.
El caso del “Comunicado de los 17” agravó la situación de varios activistas. Este documento fue firmado por Mohammadi junto a otros defensores de derechos humanos. También lo suscribieron figuras destacadas de la sociedad civil iraní.
El comunicado exigía un referéndum libre para decidir el futuro del país. Asimismo, demandaba una asamblea constituyente con representación democrática. Finalmente, pedía el fin de la República Islámica como sistema de gobierno.
La publicación de este documento ha provocado nuevas detenciones de firmantes y simpatizantes. Entre ellos se encuentra Ghorban Behzadian-Nejad, arrestado recientemente por las autoridades. También han detenido a cineastas y defensores de derechos humanos vinculados al comunicado.
Las autoridades iraníes han atribuido los disturbios a instigaciones extranjeras. Principalmente, señalan a Israel como responsable de fomentar las protestas. Las organizaciones consideran esto una estrategia para desviar la atención internacional.
Jennifer Connet es asesora legal de HRA. Ella indicó que “ese discurso no es inusual” por parte del régimen. Generalmente, se emplea para transformar la disidencia local en presunta injerencia foránea.
De esta manera, el gobierno intenta deslegitimar las demandas ciudadanas genuinas. Además, busca justificar la represión violenta contra los manifestantes. Sin embargo, la comunidad internacional rechaza estas narrativas oficiales.
Organizaciones internacionales han advertido sobre la reacción del régimen iraní. Esta incluye censura mediática estricta sobre los acontecimientos en el país. También implica presión sobre familias de desaparecidos para silenciar sus reclamos.
Asimismo, se documenta el uso regular de armamento militar en protestas civiles. Connet subrayó el carácter extremo del control ejercido sobre la sociedad. Igualmente, destacó la militarización de la respuesta gubernamental ante la disidencia.
Por su parte, Moghaddam señaló que obtener un panorama completo resulta extremadamente difícil. Esto se debe a la represión sistemática implementada por las autoridades. Además, el gobierno limita el acceso de observadores independientes a las zonas de conflicto.
A pesar de las sucesivas sentencias, Narges Mohammadi mantiene su activismo. También conserva su voz en defensa de los derechos humanos fundamentales. Igualmente, continúa luchando por las libertades básicas en Irán.
El riesgo de prisión no ha silenciado a la activista. Por el contrario, su caso se ha convertido en símbolo internacional. Representa la resistencia contra la opresión y la lucha por la dignidad humana.
Las protestas continúan en varias ciudades del mundo para exigir cambios. Manifestantes demandan el fin del régimen de los ayatolás en Irán. Además, piden la liberación de prisioneros políticos como Mohammadi.
La comunidad internacional observa con preocupación la evolución de la situación. Diversos gobiernos han expresado su solidaridad con los manifestantes iraníes. También han condenado la violencia estatal contra civiles desarmados.
Mientras tanto, el régimen iraní mantiene su postura represiva. Continúa negando las acusaciones de violaciones a los derechos humanos. Asimismo, rechaza permitir investigaciones independientes sobre los hechos denunciados.
La situación de Narges Mohammadi refleja la crisis más amplia en Irán. Su caso evidencia la persecución sistemática contra voces disidentes. También muestra la determinación de quienes luchan por la libertad y la justicia.
