En Tomarrazón, La Guajira, las mujeres enfrentan una realidad que se repite globalmente. Durante la época de sequía, ellas caminan largas distancias hasta el río más cercano. Su misión es recoger agua para suplir las necesidades de toda su comunidad. Esta escena cotidiana revela una desigualdad profunda que agrava la crisis hídrica mundial.
La UNESCO publicó recientemente un informe revelador días antes del Día Mundial del Agua. El documento lleva por título “Agua para todas las personas, igualdad de derechos y oportunidades”. Sus conclusiones exponen una paradoja alarmante en la gestión del recurso más vital. Las mujeres y niñas son las principales encargadas de recoger agua a nivel mundial. Sin embargo, continúan siendo excluidas sistemáticamente de la gestión hídrica y los roles de liderazgo.
Las cifras presentadas por la organización internacional resultan contundentes. Globalmente, las mujeres y niñas dedican un total de 250 millones de horas cada día. Ese tiempo lo invierten únicamente en la tarea de recoger agua. En los hogares rurales que carecen de abastecimiento adecuado, la situación se agudiza aún más. Las mujeres son responsables del aporte de agua en más del 70 por ciento.
El informe advierte que 2.100 millones de personas todavía carecen de agua potable gestionada de manera segura. No obstante, son las mujeres y las niñas quienes soportan la carga más pesada. Ellas se encargan del abastecimiento y la gestión del agua en los hogares. Esta tarea implica esfuerzos físicos significativos que van más allá del simple traslado del líquido.
Las consecuencias de esta responsabilidad desproporcionada afectan múltiples aspectos de sus vidas. Su educación se ve comprometida por el tiempo dedicado a esta labor. Sus medios de vida se limitan al no poder dedicarse a otras actividades productivas. Su salud se deteriora por el esfuerzo físico constante y las condiciones precarias. Además, su vulnerabilidad frente a la violencia de género aumenta considerablemente.
Los autores del documento explican que los riesgos se incrementan en situaciones específicas. Cuando los servicios no son seguros, las mujeres quedan expuestas a peligros adicionales. Cuando los servicios no son fiables, deben realizar viajes más frecuentes y prolongados. Estas circunstancias las colocan en situaciones de alta vulnerabilidad durante sus desplazamientos.
Los datos desglosados por edad revelan disparidades preocupantes desde la infancia. Las niñas menores de 15 años tienen más probabilidades de encargarse de recoger agua. Específicamente, el 7 por ciento de ellas asume esta responsabilidad regularmente. En contraste, solo el 4 por ciento de los niños de la misma edad realiza esta tarea.
La precariedad de las instalaciones de saneamiento genera impactos diferenciados según el género. Las mujeres y niñas resultan afectadas de manera desproporcionada por estas carencias. La falta de aseos adecuados crea situaciones de vergüenza que limitan su participación social. La ausencia de agua para la higiene menstrual representa un obstáculo adicional para su desarrollo.
Las consecuencias educativas y laborales de estas deficiencias son medibles y alarmantes. Entre 2016 y 2022, aproximadamente 10 millones de adolescentes se vieron afectadas. Estas jóvenes tenían entre 15 y 19 años y vivían en 41 países diferentes. Faltaron a la escuela o al trabajo debido a la falta de instalaciones apropiadas. El absentismo relacionado con la higiene menstrual perpetúa ciclos de desigualdad y pobreza.
A pesar de desempeñar funciones esenciales en la gestión del agua, las mujeres enfrentan exclusión sistemática. Siguen estando infrarrepresentadas en la gobernanza de este recurso vital. Su participación en la financiación de proyectos hídricos resulta mínima o inexistente. Los servicios públicos relacionados con el agua raramente consideran sus necesidades específicas. La toma de decisiones sobre políticas hídricas ocurre mayoritariamente sin su voz.
Esta exclusión resulta particularmente injusta considerando su conocimiento y experiencia acumulados. Las mujeres poseen información valiosa sobre las fuentes de agua en sus comunidades. Conocen los patrones de uso y las necesidades específicas de diferentes grupos poblacionales. Su experiencia práctica diaria las convierte en expertas naturales del recurso hídrico. Sin embargo, este conocimiento permanece ignorado en las instancias formales de decisión.
Los principales llamados del informe apuntan a abordar estas desigualdades de género estructurales. La UNESCO formuló recomendaciones específicas para transformar la situación actual. Estas propuestas buscan crear condiciones de equidad real en el acceso y gestión del agua.
La primera recomendación se enfoca en eliminar barreras legales que limitan los derechos de las mujeres. Muchos países mantienen legislaciones que restringen su acceso a la tierra y al agua. Estas normativas impiden que puedan tomar decisiones sobre recursos fundamentales para su subsistencia. Además, existen barreras institucionales que dificultan su participación en organizaciones comunitarias de gestión hídrica. Las barreras financieras también les impiden acceder a créditos para proyectos relacionados con el agua.
La organización internacional sugirió aumentar la financiación con perspectiva de género. Los presupuestos destinados a proyectos hídricos deben considerar las necesidades específicas de mujeres y niñas. La planificación presupuestaria debe incluir mecanismos que garanticen su participación efectiva. Los recursos deben distribuirse de manera que reduzcan las cargas desproporcionadas que actualmente soportan.
Otra recomendación crucial implica invertir en datos desglosados por género. La información estadística sobre el agua raramente distingue entre experiencias de hombres y mujeres. Esta ausencia de datos específicos invisibiliza las desigualdades existentes. Los datos desglosados permitirían exponer las brechas reales en acceso y gestión. Además, orientarían el diseño de políticas públicas más efectivas y equitativas.
El informe también propone valorar la mano de obra no remunerada relacionada con el agua. Las horas que mujeres y niñas dedican a recoger agua representan un aporte económico invisible. Este trabajo no remunerado debe considerarse en las decisiones de planificación territorial. La política tarifaria de servicios de agua debe reconocer este esfuerzo oculto. Las decisiones de inversión en infraestructura hídrica deben priorizar reducir estas cargas no remuneradas.
Khaled El-Enany, director general de la UNESCO, enfatizó la importancia de la participación femenina. Para él, garantizar que las mujeres participen en la gestión del agua resulta fundamental. Esta participación constituye un motor clave para el progreso de las sociedades. También representa un elemento esencial para alcanzar el desarrollo sostenible a largo plazo.
El director general hizo un llamado contundente a intensificar los esfuerzos en este ámbito. Salvaguardar el acceso de las mujeres y las niñas al agua debe convertirse en prioridad. Este acceso no representa únicamente un derecho fundamental que debe garantizarse. Cuando las mujeres tienen igualdad de acceso al agua, toda la sociedad se beneficia. Los impactos positivos se extienden a la salud, la educación, la economía y el desarrollo comunitario.
La crisis mundial del agua presenta múltiples dimensiones que requieren atención urgente. La escasez creciente del recurso afecta a millones de personas en todos los continentes. El cambio climático agrava la situación con sequías más prolongadas y eventos extremos. La contaminación de fuentes hídricas reduce la disponibilidad de agua potable. Sin embargo, estas dimensiones técnicas y ambientales no pueden abordarse ignorando las desigualdades de género.
Las soluciones tecnológicas resultan insuficientes si no consideran quiénes cargan con las mayores responsabilidades. La construcción de infraestructura hídrica debe diseñarse consultando a las principales usuarias. Los sistemas de distribución de agua deben ubicarse considerando las necesidades de quienes la recolectan. Las políticas de conservación del recurso deben incorporar el conocimiento práctico de las mujeres.
La exclusión de las mujeres de los espacios de decisión representa un desperdicio de talento. Sus perspectivas aportarían soluciones más integrales y sostenibles a la crisis hídrica. Su experiencia cotidiana las convierte en actoras fundamentales para diseñar sistemas más eficientes. Su participación garantizaría que las políticas respondan a necesidades reales de las comunidades.
El caso de Tomarrazón en La Guajira ilustra una realidad que se replica globalmente. En comunidades de África, Asia, América Latina y otras regiones, las escenas son similares. Mujeres caminando largas distancias con recipientes pesados sobre sus cabezas o espaldas. Niñas que sacrifican horas de estudio para cumplir con esta responsabilidad familiar. Ancianas que continúan realizando esfuerzos físicos extenuantes hasta edades avanzadas.
Esta situación no solo representa una injusticia para quienes la padecen directamente. También constituye un obstáculo para el desarrollo económico y social de comunidades enteras. El tiempo dedicado a recoger agua no puede invertirse en actividades productivas o educativas. Las oportunidades de empleo formal resultan inaccesibles para quienes deben dedicar horas diarias a esta tarea. El potencial humano de millones de mujeres y niñas permanece desaprovechado.
Los impactos en la salud física y mental de esta carga desproporcionada son significativos. El transporte de agua pesada causa problemas musculoesqueléticos crónicos en muchas mujeres. Las largas caminatas bajo condiciones climáticas adversas generan agotamiento y deshidratación. La exposición a fuentes de agua contaminadas aumenta la incidencia de enfermedades hídricas. El estrés constante por garantizar el abastecimiento familiar afecta la salud mental.
La violencia de género asociada a la recolección de agua constituye otro aspecto preocupante. Los desplazamientos a zonas aisladas para buscar agua exponen a mujeres y niñas. En estos trayectos, quedan vulnerables a agresiones sexuales y otros tipos de violencia. La necesidad de salir en horas de oscuridad aumenta los riesgos considerablemente. Muchas comunidades carecen de medidas de protección adecuadas para estas situaciones.
Las consecuencias educativas de esta desigualdad perpetúan ciclos intergeneracionales de pobreza. Las niñas que dedican horas diarias a recoger agua tienen menos tiempo para estudiar. Su rendimiento académico se ve afectado por el cansancio físico acumulado. Muchas abandonan la escuela completamente para asumir responsabilidades domésticas relacionadas con el agua. Esta deserción escolar limita sus oportunidades futuras de empleo y desarrollo personal.
El informe de la UNESCO llega en un momento crucial para la agenda global del agua. El Día Mundial del Agua del 22 de marzo representa una oportunidad para reflexionar sobre estos desafíos. Las conmemoraciones anuales deben ir más allá de declaraciones simbólicas sin impacto real. Es necesario traducir los compromisos internacionales en acciones concretas que transformen vidas.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluyen metas específicas relacionadas con el agua y el saneamiento. El objetivo número seis busca garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua para todos. Sin embargo, el cumplimiento de este objetivo requiere abordar explícitamente las desigualdades de género. No puede haber acceso universal al agua sin equidad entre hombres y mujeres.
La pandemia de COVID-19 evidenció aún más la importancia crítica del acceso al agua. Las recomendaciones de lavado frecuente de manos resultaron imposibles para millones de personas. Quienes carecían de agua corriente en sus hogares enfrentaron mayores riesgos de contagio. Las mujeres, como principales responsables de la higiene familiar, sintieron presiones adicionales. La crisis sanitaria global expuso las conexiones entre agua, salud y desigualdad de género.
El cambio climático agrega urgencia a la necesidad de abordar estas desigualdades. Las sequías más frecuentes e intensas aumentan las distancias para encontrar agua. Las mujeres deben caminar cada vez más lejos para cumplir con su responsabilidad familiar. Las inundaciones destruyen infraestructura hídrica precaria, aumentando la carga de trabajo no remunerado. Los eventos climáticos extremos afectan desproporcionadamente a quienes ya son más vulnerables.
Las soluciones deben ser multidimensionales e integrar diversas perspectivas y sectores. La infraestructura hídrica debe expandirse priorizando comunidades rurales y periurbanas desatendidas. Los sistemas de agua potable deben instalarse cerca de los hogares para reducir tiempos de desplazamiento. Las tecnologías apropiadas pueden facilitar el almacenamiento y tratamiento doméstico del agua. Sin embargo, estas soluciones técnicas deben acompañarse de transformaciones sociales y culturales.
La educación y sensibilización sobre roles de género resultan fundamentales para el cambio. Las comunidades deben cuestionar la asignación automática de responsabilidades hídricas a mujeres y niñas. Los hombres y niños deben participar equitativamente en las tareas de recolección y gestión del agua. Las normas sociales que perpetúan estas desigualdades requieren transformación consciente y sostenida.
El fortalecimiento de capacidades de liderazgo femenino en gestión hídrica es prioritario. Las mujeres necesitan formación técnica para participar efectivamente en comités de agua. Deben desarrollar habilidades de negociación para influir en decisiones sobre recursos hídricos. Su participación en espacios de decisión debe ir acompañada de apoyo institucional real. Las cuotas de género en organismos de gestión del agua pueden acelerar estos procesos.
La inversión pública en servicios de agua debe considerar análisis de género rigurosos. Los proyectos hídricos deben evaluarse según su impacto en reducir cargas de trabajo femeninas. Los indicadores de éxito deben incluir mediciones de tiempo liberado para mujeres y niñas. Los beneficios económicos de estas inversiones incluyen mayor productividad y desarrollo de capital humano.
El sector privado también tiene responsabilidades en abordar estas desigualdades. Las empresas que utilizan recursos hídricos deben evaluar sus impactos de género. Sus prácticas de gestión del agua afectan la disponibilidad del recurso para comunidades circundantes. La responsabilidad social corporativa debe incluir compromisos específicos con la equidad de género en agua.
Las organizaciones de la sociedad civil desempeñan roles cruciales en visibilizar estas problemáticas. Muchas ONG trabajan directamente con comunidades para mejorar el acceso al agua. Sus programas incorporan cada vez más perspectivas de género en el diseño de intervenciones. La documentación de experiencias exitosas permite replicar buenas prácticas en otros contextos.
Los movimientos de mujeres han sido fundamentales para colocar estos temas en
