La polémica por el control de internet enfrenta al Gobierno y la oposición
Una nueva controversia surgió entre el Gobierno Nacional y la oposición por el proyecto de ley 193 de 2025 que busca garantizar el acceso universal a internet. La senadora Paloma Valencia del Centro Democrático denunció presuntas intenciones del ejecutivo para controlar medios de comunicación.
A través de su cuenta en X, Valencia expresó su preocupación por las facultades que el proyecto otorgaría al Ministerio de las TIC. Específicamente, señaló el artículo 10 que fortalece las funciones de inspección, vigilancia y control de esta cartera.
El punto más polémico del articulado propone agregar un numeral al artículo 18 de la Ley 1341 de 2009. Este otorgaría al MinTIC facultades de policía administrativa y de toma de posesión en el sector de tecnologías de la información.
Ante estos señalamientos, el ministro Julián Molina respondió enfáticamente que las acusaciones son “plenamente falsas”. Según explicó, las nuevas facultades solo aplicarían para la infraestructura crítica y el despliegue de redes, no para medios de comunicación.
Otro aspecto controversial del proyecto es la creación de un “subsidio de solidaridad digital” para usuarios de estrato 1. Este beneficio se financiaría con un aporte adicional del 30% sobre el valor de los planes de internet en estratos 5 y 6.
La senadora Valencia criticó esta medida calificándola como una “mini reforma tributaria”. Según sus cálculos, el recaudo anual por este concepto alcanzaría medio billón de pesos, una cifra que considera excesiva.
El proyecto también contempla la regulación de proveedores de infraestructura de telecomunicaciones. Esto incluye todo tipo de instalaciones que puedan utilizarse de manera compartida como soporte físico para redes o servicios.
Las tensiones por esta iniciativa legislativa se dan en medio de críticas del presidente Gustavo Petro a diferentes medios de comunicación. Valencia considera que otorgar estas facultades al MinTIC en época preelectoral representa una amenaza a la libertad de prensa.
El proyecto de ley, radicado a finales de agosto, espera su primer debate en la Comisión Primera del Senado. Mientras tanto, el debate público continúa sobre el alcance real de las facultades propuestas y su posible impacto en el ecosistema mediático.
La discusión también evidencia preocupaciones más amplias sobre el rol del Estado en la regulación de internet. Este tema cobra especial relevancia considerando la creciente importancia del acceso digital para el desarrollo social y económico del país.
Los defensores del proyecto argumentan que es necesario garantizar conectividad universal y cerrar la brecha digital. Sin embargo, los críticos temen que las nuevas facultades gubernamentales puedan utilizarse para ejercer control sobre la información.
