Todo varón colombiano debe definir su situación militar: prestar el servicio o pagar la cuota de compensación. Según la Ley 1861 de 2017, esa obligación va desde la mayoría de edad hasta los 50 años. Esto es lo que cambia de verdad en tu bolsillo.
La libreta, o tarjeta de reservista, es el documento que prueba que ya definiste esa situación. El artículo 11 dice: «Todo varón colombiano está obligado a definir su situación militar». La incorporación a filas es posible hasta el día antes de cumplir 24 años.
Quien es clasificado y no ingresa a filas paga la cuota de compensación militar. La ley la define como una «contribución ciudadana, especial y pecuniaria» al Tesoro. No es un porcentaje fijo del salario mínimo. El artículo 27 la calcula con dos componentes.
El primero es el patrimonio de la familia. Se suma el patrimonio líquido del padre y la madre, o de quien dependa el joven. Si no depende de nadie, cuenta el propio. Hasta 200 salarios mínimos no se paga por este componente.
El segundo son los ingresos. La base es el promedio del ingreso reportado en la PILA durante los últimos dos años. Los porcentajes escalan así: 20 % hasta 2 salarios mínimos y 30 % entre 2 y 3,5. Luego 50 % entre 3,5 y 5, y 60 % por encima de 5. Cada componente tiene un tope de 20 salarios mínimos.
Por eso la cuota total tiene un tope de 40 salarios mínimos. Con el mínimo de 2026, de $1.750.905, eso equivale a unos $70 millones, según un cálculo de El Centavo. Quienes no declaran renta presentan una declaración juramentada, que la DIAN puede verificar.
En la práctica, la liquidación la hace el distrito militar. El Colombiano y otros medios publican una tabla con montos de $87.545 a $875.453. Esa tabla no aparece en el artículo 27 ni en la Ley 2384 de 2024. Además, los medios no citan un documento del Ejército. Por eso, tómala solo como referencia que circula, no como tarifa oficial. Confirma el valor en tu distrito.
Hay personas exentas de la cuota. Entre ellas están quienes tienen una discapacidad permanente grave y los indígenas con certificación del Ministerio del Interior. También quienes están en los niveles 1, 2 o 3 del Sisbén «o equivalentes». Igual que las víctimas inscritas en el Registro Único de Víctimas y los desmovilizados acreditados por la ARN. La ley incluye además a quienes están en extrema pobreza acreditada y a personas en situación de calle certificadas.
La Ley 2384 de 2024 amplió esa lista. Sumó a los grupos étnicos con certificación del Ministerio del Interior. También a los hijos de veteranos o de miembros de la Fuerza Pública con asignación de retiro o pensión. Esa ley no cambió los montos ni la fórmula de la cuota. También permitió que la tarjeta sea física o digital.
En el trabajo, el artículo 42 dice que no pueden exigirte la tarjeta militar para ingresar a un empleo. Quien trabaja tiene 18 meses desde su vinculación para definir su situación. Para eso puede pedir una certificación provisional en línea, válida por ese plazo y por una sola vez. Quienes fueron declarados no aptos, o superan la edad de incorporación, pueden trabajar sin haberla definido.
Las multas, según el artículo 46, son estas:
1. Remiso que no se presenta: 1 salario mínimo por año de retardo, con tope de 5.
2. Estudiante aplazado que no se presenta tras el grado: 1 salario mínimo por año o fracción.
3. Empleador que vincule a un mayor de 18 sin situación definida: 5 salarios mínimos por trabajador, salvo lo previsto en el artículo 42.
Con el mínimo de 2026, un año de retardo equivale a $1.750.905, según un cálculo de El Centavo. Algunos sitios citan una multa de «20 % del mínimo por año». Viene de la Ley 48 de 1993, no de la ley actual.
El servicio militar dura 18 meses, o 12 para los bachilleres. Además, cuenta como experiencia laboral, según la Ley 2384.
Fuentes: Ley 1861 de 2017, Ley 2384 de 2024, Infobae, El Colombiano.