La representante a la Cámara Karen Manrique fue trasladada a una guarnición militar en Malambo. Este municipio se encuentra en el departamento del Atlántico. La medida busca cumplir una restricción ordenada por la Corte Suprema de Justicia.
La parlamentaria enfrenta actualmente una investigación por su presunta participación en el escándalo de corrupción. Este caso involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Además, la defensa de Manrique solicitó este sitio específico de reclusión.
La razón principal del traslado fueron las amenazas recibidas en los últimos días. Por consiguiente, las autoridades determinaron cambiar su lugar de detención. La congresista fue ubicada en el Batallón de Ingenieros de Combate N.° 2 General Francisco Javier Vergara y Velasco.
Inicialmente, Karen Manrique había sido llevada a la cárcel del Buen Pastor. Sin embargo, como parte de las medidas para reforzar su seguridad, se decidió el traslado. De esta manera, las autoridades buscan garantizar su integridad física durante el proceso judicial.
La investigación que involucra a la representante forma parte de un proceso más amplio. Este abarca supuestas irregularidades en la asignación de recursos dentro de la Ungrd. Asimismo, incluye presuntas anomalías en la contratación de proyectos en diferentes departamentos del país.
Según las autoridades, Karen Manrique habría recibido beneficios indebidos a cambio de favores políticos. Entre estos beneficios figuran contratos o proyectos para regiones específicas. A cambio, ella habría emitido votos favorables al Gobierno en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
Los acuerdos investigados también incluirían el respaldo a iniciativas oficiales en el Congreso. Estos compromisos estarían relacionados con proyectos en Córdoba, Arauca y Bolívar. Por lo tanto, el entramado de corrupción incluiría a otros funcionarios y congresistas del país.
La Corte Suprema de Justicia acusa a Karen Manrique del delito de cohecho impropio. Igualmente, señala a otros legisladores, entre ellos Wadith Manzur, por el mismo delito. Ambos habrían aceptado dádivas que comprometían su función parlamentaria.
La investigación corresponde a los hechos registrados durante el segundo semestre de 2023. En ese período, los legisladores actuaban como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Además, habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda.
Según un comunicado de la Corte, estos ofrecimientos se hacían a cambio de conceptuar operaciones. Específicamente, se trataba de operaciones de crédito que interesaban a esa cartera ministerial. Por consiguiente, los congresistas habrían condicionado su voto a la obtención de beneficios.
Los beneficios para los congresistas consistían en el impulso de la contratación de proyectos. También incluían obras de interventoría de tres proyectos de la Ungrd en distintos departamentos. De esta forma, las autoridades investigan si estos recursos públicos fueron utilizados como mecanismo político.
El objetivo habría sido asegurar apoyos políticos en el Congreso mediante la asignación de recursos. Consecuentemente, se habría configurado una red de favores entre el Ejecutivo y ciertos legisladores. Esta red habría operado durante varios meses del año 2023.
La defensa de Karen Manrique sostiene que la representante es inocente de los cargos. Además, afirma que colaborará con la justicia para esclarecer los hechos investigados. No obstante, su situación jurídica actual complica su futuro político inmediato.
Su reciente reelección para un segundo periodo en las curules de paz por Arauca queda en entredicho. La posesión estaba prevista para el 20 de julio de este año. Sin embargo, podría verse obstaculizada si Karen Manrique continúa detenida para esa fecha.
Las investigaciones judiciales señalan que Karen Manrique y Wadith Manzur habrían tenido un papel central. Este papel se habría desarrollado en el esquema de corrupción detectado en la Ungrd. De acuerdo con la investigación, los congresistas participaron en reuniones con funcionarios del Ministerio de Hacienda.
También habrían participado en encuentros con funcionarios de la Ungrd para coordinar beneficios. Estos beneficios se entregarían a cambio de respaldar proyectos clave para el Gobierno. Por lo tanto, las reuniones habrían servido para estructurar acuerdos ilícitos entre las partes.
El esquema habría operado a través de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. En esta comisión, ambos legisladores tenían influencia directa sobre las decisiones tomadas. Según la Corte Suprema, los acuerdos incluían la asignación de contratos específicos.
También contemplaban la asignación de recursos públicos para obras y proyectos en departamentos como Córdoba. Igualmente, se beneficiarían proyectos en Arauca y Bolívar con estos recursos desviados. A cambio, Manrique y Manzur habrían emitido votos favorables en las instancias legislativas correspondientes.
Además, habrían gestionado apoyos legislativos en favor de iniciativas impulsadas por el Ejecutivo. De esta manera, se habría consolidado un intercambio de favores entre el Gobierno y los congresistas. Este intercambio habría comprometido la independencia del poder legislativo.
Entre las pruebas recabadas figuran registros de encuentros entre los investigados y funcionarios públicos. También se han recopilado comunicaciones que evidenciarían los acuerdos realizados entre las partes. Asimismo, existen testimonios de exfuncionarios y colaboradores judiciales que respaldan las acusaciones.
Estos elementos apuntan a que, en distintas reuniones celebradas entre septiembre y diciembre de 2023, se definieron montos. También se establecieron proyectos específicos que beneficiarían a los congresistas involucrados en el esquema. Por consiguiente, las autoridades cuentan con evidencia documental y testimonial del presunto delito.
En el proceso investigativo, Wadith Manzur habría asumido el liderazgo en la interlocución con funcionarios. Su papel habría sido coordinar directamente con representantes del Gobierno nacional. Mientras tanto, Karen Manrique se encargó de supervisar la ejecución de los acuerdos pactados.
La representante también habría mantenido el enlace con las entidades responsables de ejecutar los proyectos. De esta forma, ambos congresistas habrían cumplido roles complementarios dentro del esquema corrupto. Esta división de funciones habría permitido operar con mayor eficiencia en la red ilícita.
Los testimonios recogidos por las autoridades describen cómo ambos legisladores habrían actuado en coordinación. El objetivo era asegurar la asignación de recursos a proyectos específicos en sus regiones. También buscaban el direccionamiento de contratos hacia empresas o personas de su interés político.
Así, habrían consolidado una red de favores políticos y beneficios económicos dentro de la Ungrd. Esta red habría comprometido la transparencia en la asignación de recursos para la gestión del riesgo. Además, habría desviado fondos públicos destinados a la atención de comunidades vulnerables.
El caso de la Ungrd representa uno de los escándalos de corrupción más graves del actual gobierno. Las investigaciones continúan ampliándose para identificar a todos los involucrados en el esquema. Mientras tanto, Karen Manrique permanece bajo custodia militar en el Batallón de Ingenieros de Combate.
Su situación jurídica se resolverá conforme avancen las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia. Por ahora, las autoridades mantienen las medidas restrictivas sobre la congresista. Igualmente, continúan recopilando evidencias que permitan esclarecer completamente los hechos investigados.
El traslado a la guarnición militar en Malambo responde a criterios de seguridad establecidos por las autoridades. Esta decisión se tomó considerando las amenazas reportadas por la defensa de la representante. De esta manera, se busca garantizar que el proceso judicial se desarrolle sin contratiempos.
La Corte Suprema de Justicia continuará evaluando las pruebas recopiladas contra Karen Manrique y Wadith Manzur. Próximamente se conocerán nuevas decisiones judiciales sobre la situación de ambos congresistas. Mientras tanto, el caso sigue generando reacciones en el ámbito político nacional.
