La jueza Carmen Rodríguez Medel, del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, ha decidido abrir juicio oral contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
El empresario deberá responder por presuntos delitos de fraude fiscal, falsedad en documento mercantil, delito contable continuado y pertenencia a organización criminal.
La investigación ha revelado que entre 2020 y 2021, González Amador habría defraudado 350.951 euros a través de un complejo sistema de facturas falsas.
Junto al novio de la presidenta madrileña, también se sentarán en el banquillo otros cuatro empresarios. Entre ellos se encuentran el mexicano Maximiliano Niederer y los sevillanos David Herrera Lobato y los hermanos José Antonio y Agustín Carrillo Saborido.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado han centrado sus acusaciones en los delitos de fraude fiscal y falsedad documental. Por su parte, las acusaciones populares del PSOE y Más Madrid han añadido dos cargos adicionales.
Los partidos de la oposición argumentan que González Amador y sus colaboradores actuaron de manera organizada para defraudar al erario público. Esta actuación coordinada justificaría el cargo de pertenencia a grupo criminal.
La diferencia entre grupo criminal y organización criminal radica en la temporalidad. Mientras la organización criminal requiere continuidad en el tiempo, el grupo criminal solo necesita la unión de más de dos personas para delinquir.
Las penas solicitadas varían según las acusaciones. Los fiscales y abogados del Estado piden tres años y nueve meses de prisión. Sin embargo, PSOE y Más Madrid elevan la petición a cinco años.
El caso se inició en mayo de 2022 cuando Hacienda detectó irregularidades en 15 facturas consideradas falsas. La jueza María Inmaculada Iglesias llevó inicialmente la investigación durante año y medio.
González Amador enfrenta además otra investigación en el mismo juzgado por un presunto soborno a un directivo de Quirón Prevención. Esta causa continúa abierta en una pieza separada.
El empresario intentó frenar el procedimiento solicitando su suspensión hasta que la Audiencia Provincial resolviera los recursos contra su procesamiento. Alegó vulneración de derechos por no admitirse ciertas pruebas durante la instrucción.
Sin embargo, la magistrada Rodríguez Medel rechazó la petición al no encontrar motivos suficientes para paralizar el proceso. Ahora, la última esperanza de González Amador para evitar el juicio recae en un recurso de apelación presentado el 1 de septiembre.
Este caso ha generado importante repercusión política por la relación sentimental del acusado con la presidenta de la Comunidad de Madrid. La investigación ha puesto de manifiesto presuntas irregularidades fiscales que involucran a varios empresarios.
