La pugna entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) dio un giro significativo en las últimas horas.
Una nueva sentencia de la JEP ordena el reintegro inmediato de la UBPD a las labores de búsqueda en La Escombrera, considerada la fosa común a cielo abierto más grande de América Latina.
Esta decisión surge después de que la UBPD fuera excluida de las actividades a mediados de julio, tras el hallazgo de los primeros dos cuerpos de víctimas de desaparición forzada en diciembre pasado.
La Sala de Apelación del Tribunal para la Paz resolvió las impugnaciones relacionadas con una tutela presentada por la familia de Arles Edison Guzmán. Este joven desapareció durante la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín.
La abogada María Victoria Fallon, del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH), interpuso el recurso legal. Su objetivo era restituir a la UBPD todas las funciones constitucionales y legales en el proceso de búsqueda.
Inicialmente, la JEP había declarado improcedente el recurso. Sin embargo, la familia argumentó afectaciones directas a sus derechos y los de otras personas que buscan desaparecidos en la Comuna 13.
La ausencia de la UBPD generó dificultades para que los familiares asistieran a las labores forenses. Esto provocó un distanciamiento del proceso y ruptura de la confianza institucional construida previamente.
La Sección de Apelación de la JEP reconoció como adecuadas las decisiones sobre las intervenciones en La Escombrera. Destacó especialmente la garantía de recursos tras la imposibilidad de la UBPD de continuar con la financiación.
El tribunal resaltó los “óptimos resultados” del plan de búsqueda adaptado, que permitió encontrar dos cuerpos adicionales en julio. La nueva sentencia enfatiza la importancia de garantizar el mandato constitucional de la UBPD.
El conflicto entre ambas instituciones alcanzó su punto máximo cuando el magistrado Gustavo Salazar señaló que la UBPD se retiraba por falta de recursos. Esto ocurrió específicamente por limitaciones para mantener la maquinaria amarilla necesaria.
La UBPD había alertado previamente sobre restricciones presupuestarias. También presentó un plan de intervención en octubre de 2024 para ampliar el área de búsqueda, que requería mínimo seis meses adicionales.
Aunque los recursos se agotaron el 31 de marzo de 2025, la UBPD mantuvo su equipo forense en terreno. También conservó la maquinaria amarilla para evitar interrumpir las intervenciones mientras gestionaba más financiación.
Carlos Marín, subdirector de la UBPD, explicó que las limitaciones presupuestales fueron malinterpretadas como un “retiro” voluntario. La entidad insistió en mantener presente su equipo forense y personal de apoyo.
La JEP decidió asumir completamente las labores en La Escombrera. El magistrado Salazar justificó esta decisión basándose en la urgencia judicial y la necesidad de garantizar resultados eficaces.
Por su parte, la UBPD sostiene que su salida no fue voluntaria ni consecuencia de falta de recursos. Afirman que se trató de una exclusión total de las actividades de búsqueda.
