La Jurisdicción Especial para la Paz analiza actualmente el caso del exgobernador de Santander Hugo Aguilar Naranjo. Además, fue exgeneral de la Policía Nacional. Por segunda vez, este funcionario busca acceder a los beneficios del sistema de justicia transicional.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas tiene ahora la responsabilidad de tomar una decisión. Posteriormente, determinará si el exmandatario cumple con los estándares requeridos. En consecuencia, podrá o no acceder a beneficios jurídicos dentro del proceso.
El magistrado Carlos Alberto Suárez López dirigió la audiencia ante su despacho. Durante dos jornadas, Aguilar expuso sus aportes sobre presuntos vínculos políticos con estructuras paramilitares. Asimismo, habló sobre su relación con integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Previamente, la Sala de Definición había rechazado su solicitud de sometimiento en primera instancia. En ese momento, consideró insuficientes sus explicaciones sobre nexos con grupos paramilitares. También evaluó otros hechos relacionados con el conflicto armado.
Sin embargo, Aguilar interpuso un recurso de apelación contra esa decisión inicial. Luego, la Sección de Apelación revocó el fallo anterior. Por lo tanto, ordenó la realización de una Audiencia Única y Definitiva de Aporte a la Verdad.
Esta nueva oportunidad busca establecer si sus versiones aportan elementos suficientes. En particular, debe esclarecer hechos graves ocurridos durante el conflicto. La diligencia se desarrolló en dos momentos diferenciados en el tiempo.
La primera sesión tuvo lugar el 24 de enero de 2024. Posteriormente, se realizó una segunda audiencia definitiva. Esta última se extendió durante los días 4 y 5 de mayo de 2026.
Durante las audiencias, los magistrados indagaron sobre su incursión en la política regional. También preguntaron sobre el respaldo electoral que habría recibido del Bloque Central Bolívar. Este grupo pertenecía a las Autodefensas Unidas de Colombia.
Los magistrados cuestionaron igualmente sus reuniones con reconocidos jefes paramilitares de la época. Entre ellos se encontraban alias “Don Berna”, “Camilo Morantes” y “Ernesto Báez”. Todos eran figuras prominentes dentro de las estructuras armadas ilegales.
Un punto central de la indagatoria fue el aval otorgado por Convergencia Ciudadana. Este partido político respaldó su candidatura a la Gobernación de Santander. Además, se exploraron presuntos acuerdos políticos con estructuras paramilitares.
Estos acuerdos habrían tenido como objetivo respaldar candidaturas en la región santandereana. En su testimonio, Aguilar reconoció haber tenido conocimiento del apoyo paramilitar. Específicamente, admitió saber del respaldo de las autodefensas a su campaña en 2003.
El exgobernador también admitió no haber tomado medidas para rechazar ese apoyo. Durante la diligencia, hizo una declaración particularmente relevante sobre su responsabilidad. “Fui cómplice porque nunca denuncié ante las autoridades competentes que el bloque estaba diciendo que votaran por mí”, aseguró.
Además, señaló al exdiputado Nelson Naranjo Cabarique como figura clave en esta trama. Según su versión, Naranjo habría sido “directamente candidato de las Autodefensas”. También mencionó a Alfonso Riaño, quien fue exrepresentante a la Cámara.
Riaño habría actuado como enlace para coordinar apoyos electorales con estructuras armadas. De esta manera, se habría tejido una red de apoyo político irregular. Esta red habría operado en Santander durante ese período electoral.
Durante la diligencia, el exgeneral Aguilar también respondió preguntas sobre su paso profesional. Específicamente, habló sobre su tiempo en el Bloque de Búsqueda. Este era un grupo élite de la Policía Nacional.
Negó que esa unidad hubiera recibido financiación de Ecopetrol. Igualmente, rechazó vínculos financieros con el Cartel de Cali. Según explicó, la operación se sostenía con recursos de entidades estatales.
También mencionó el apoyo logístico de la Administración para el Control de Drogas. “Había elementos también de la Fuerza Aérea y de la Marina. Y sí recibíamos recursos de la DEA, (…) encargada de apoyar logísticamente y también del pago de recompensas para informantes”, dijo.
Concluidas las dos sesiones de audiencia, ahora corresponde a la Subsala Especial evaluar. Esta instancia de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas analizará los aportes entregados. Determinará si cumplen los estándares de verdad exigidos por la justicia transicional.
El exgobernador quedó a la espera de una decisión definitiva de la JEP. Esta decisión determinará si será aceptado como compareciente en el sistema. En ese caso, podrá acceder a los beneficios judiciales contemplados.
Por el contrario, existe la posibilidad de que su solicitud sea nuevamente rechazada. Esto ocurriría si la Sala considera que sus aportes siguen siendo insuficientes. La evaluación se centrará en la calidad y profundidad de la información proporcionada.
El caso de Hugo Aguilar representa uno de los múltiples procesos en los que la JEP examina vínculos entre política y paramilitarismo. Estos casos buscan esclarecer las dinámicas del conflicto armado en diferentes regiones. Particularmente, en zonas donde la influencia paramilitar fue significativa durante las décadas pasadas.
La justicia transicional exige aportes sustanciales de verdad a quienes buscan sus beneficios. No basta con admisiones generales o reconocimientos vagos de responsabilidad. Los comparecientes deben proporcionar información detallada, verificable y que contribuya al esclarecimiento histórico.
En el caso de Santander, el Bloque Central Bolívar tuvo una presencia significativa. Esta estructura paramilitar ejerció control territorial y político en varios municipios. Su influencia se extendió también a procesos electorales y a la conformación de gobiernos locales.
Los testimonios sobre estos vínculos resultan fundamentales para comprender la parapolítica. Este fenómeno marcó profundamente la política colombiana durante años. Miles de víctimas esperan conocer la verdad sobre cómo operaron estas redes.
La decisión de la JEP en este caso sentará precedentes importantes. Definirá qué nivel de detalle y profundidad se requiere en los aportes. También establecerá límites sobre qué constituye una contribución suficiente a la verdad.
Para Hugo Aguilar, esta es su última oportunidad dentro del sistema transicional. La Sección de Apelación fue clara al otorgarle esta audiencia definitiva. No habrá más oportunidades de ampliar o mejorar sus declaraciones.
El exgobernador deberá esperar ahora la valoración de los magistrados sobre sus testimonios. Esta evaluación considerará tanto lo que dijo como lo que dejó de decir. También analizará la coherencia de sus versiones con otras pruebas disponibles.
Las víctimas del conflicto en Santander siguen con atención este proceso. Muchas esperan que se esclarezcan hechos que afectaron sus vidas y comunidades. La verdad sobre los vínculos entre política y paramilitarismo es parte esencial de su reparación.
La JEP continúa así su labor de investigar la parapolítica en diferentes regiones. Cada caso aporta piezas al complejo rompecabezas del conflicto armado colombiano. La verdad judicial se construye testimonio a testimonio, audiencia tras audiencia.
