El pasado 8 de diciembre se cerró el plazo para inscribir candidaturas al Congreso de la República. Entre ellas, las de aspirantes a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. Estos 16 escaños fueron creados para garantizar representación política a comunidades golpeadas por el conflicto armado. El cierre marca el final de una fase decisiva para organizaciones de víctimas, campesinas, étnicas y sociales.
Estas agrupaciones han debido navegar un proceso complejo. Además, han enfrentado nuevos ajustes normativos y problemas de financiación. Asimismo, persisten las presiones territoriales y las condiciones de riesgo en sus regiones.
Las curules de paz surgieron del Acuerdo de Paz de 2016. Su objetivo es dar representación a las zonas más afectadas por la guerra. El primer periodo legislativo transcurrió entre 2022 y 2026. Por ley, tienen derecho a uno más, entre 2026 y 2030.
**Una reducción significativa en las inscripciones**
El cierre de las inscripciones evidenció una reducción en varias listas. Esto incluye las de los candidatos a curules de paz. El conteo final arrojó 527 listas inscritas en total. La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que fueron postulados 3.231 candidatos.
Al Senado de la República fueron inscritos 1.124 candidatos que componen 27 listas. Por la circunscripción nacional se inscribieron 16 listas conformadas por 1.097 candidatos. Por la circunscripción indígena, 11 listas integradas por 27 aspirantes.
En 2022 se inscribieron 555 listas en total. Por lo tanto, la inscripción cae de manera considerable. En el caso de las curules de paz la tendencia es clara. Se pasa de 203 listas en 2022 a 122 actualmente. Esto representa una reducción cercana al 40 por ciento.
La confirmación del número total de inscritos se conocerá este martes. También se darán a conocer los nombres en el consolidado que debe presentar la Registraduría.
**El comportamiento desigual en las 16 circunscripciones**
El comportamiento no es homogéneo entre las diferentes circunscripciones. Mientras algunas mantienen o incrementan sus inscripciones, la mayoría presenta descensos pronunciados.
De las 16 circunscripciones, 15 registran disminuciones hasta el momento. Solo una —la Citrep 2, en Arauca— conserva el mismo número de listas que hace cuatro años. No hubo ningún aumento en ninguna otra circunscripción.
La Citrep 13 muestra una de las caídas más pronunciadas. Esta circunscripción recoge departamentos de Bolívar y Antioquia. Agrupaba 30 listas en 2022 y ahora solo registra 6.
Por su parte, otras circunscripciones también presentan reducciones significativas. La Citrep 7, que corresponde a Meta y Guaviare, es una de ellas. También la Citrep 8 de Montes de María. Igualmente, la Citrep 9 del Pacífico Medio y la Citrep 14 del Sur de Córdoba. Estas reducciones oscilan entre el 50 y el 70 por ciento.
Incluso las circunscripciones históricamente más dinámicas experimentan reducciones importantes. La Citrep 4 de Norte de Santander pasó de 30 a 18 listas. Esto representa una disminución considerable en esa región fronteriza.
**Factores que explican la contracción**
Esta situación puede estar asociada a condiciones de seguridad más complejas. También a la fragmentación organizativa en los territorios. Los problemas de financiación son otra causa importante. Además, las tensiones por el control territorial desalientan la inscripción.
Las disminuciones más moderadas se observan en algunos territorios específicos. La Citrep 11 de Putumayo es uno de ellos. También la Citrep 12 de la Serranía del Perijá. Igualmente, la Citrep 15 del Sur del Tolima. Por último, la Citrep 16 de Urabá y Chocó. Sin embargo, todas pierden entre una y cuatro listas.
Este patrón podría sugerir un escenario electoral más sencillo. Menos listas implicaría menos fragmentación del voto. También campañas más identificables para el electorado. Potencialmente, habría mayores posibilidades para proyectos comunitarios con trayectoria.
Sin embargo, la reducción tan extendida plantea interrogantes. Puede estar relacionada con condiciones de seguridad más complejas en los territorios. La fragmentación organizativa es otro factor a considerar. Los problemas de financiación afectan especialmente a organizaciones pequeñas. Las tensiones por el control territorial desalientan la inscripción de candidaturas.
Además, las nuevas exigencias normativas podrían estar limitando la participación. Estas regulaciones buscan corregir problemas del proceso anterior. No obstante, pueden representar barreras adicionales para organizaciones con menos recursos.
El único caso de estabilidad es la Citrep de Arauca. Parece ser la excepción que confirma una tendencia general. Esta tendencia es de contracción del espacio electoral en territorios priorizados por el Acuerdo de Paz.
**Los requisitos para aspirar a las curules de paz**
Las candidaturas solo pueden ser presentadas por organizaciones específicas. Entre ellas, organizaciones de víctimas y de mujeres. También organizaciones campesinas, étnicas o comunitarias. Asimismo, pueden presentarse grupos significativos de ciudadanos.
Quienes aspiran deben estar reconocidos como víctimas del conflicto. También deben haber nacido, vivido o sido desplazados desde los territorios de cada circunscripción. No pueden haber hecho parte recientemente de partidos políticos tradicionales.
Las listas deben estar integradas por dos personas. Específicamente, un hombre y una mujer. Además, deben participar sin alianzas con otras listas o partidos políticos. Esto busca garantizar la autonomía de las organizaciones comunitarias.
**Las lecciones de 2022 y los desafíos actuales**
La experiencia de 2022 mostró lo difícil que resulta convertir esta promesa en representación efectiva. En algunas regiones hubo dificultades para inscribir candidaturas genuinas. En otras aparecieron interferencias de actores políticos tradicionales.
En muchas más regiones, la violencia y los riesgos terminaron silenciando liderazgos. Ahora, de cara a 2026, comunidades y organizaciones vuelven a intentarlo. Esta vez lo hacen bajo nuevas reglas que buscan corregir lo que falló.
La financiación continúa siendo una de las barreras más grandes. Sin anticipos suficientes, las organizaciones enfrentan dificultades. Las exigencias de pólizas representan otro obstáculo significativo. Varias organizaciones pequeñas siguen quedando por fuera del proceso.
Justamente, este mecanismo busca representar a esas organizaciones de base. Son las que tienen mayor arraigo en los territorios afectados por el conflicto. Sin embargo, las barreras económicas limitan su participación efectiva.
En total, en las zonas rurales de los 167 municipios había más de 1.100.000 personas habilitadas para votar. Estos municipios conforman las 16 circunscripciones especiales de paz. Representan territorios históricamente marginados del país.
**El contexto de seguridad y las presiones territoriales**
Las condiciones de seguridad en muchos de estos territorios siguen siendo precarias. Diversos grupos armados mantienen presencia en las regiones. Ejercen control territorial y presión sobre las comunidades.
Los liderazgos sociales enfrentan amenazas constantes. Muchos han sido víctimas de asesinatos y desplazamientos forzados. Esta situación genera temor en quienes consideran participar en política.
Las organizaciones comunitarias deben navegar entre múltiples actores armados. También enfrentan la presión de estructuras políticas tradicionales. Estas buscan cooptar o neutralizar estos espacios de representación.
El reclutamiento forzado y las amenazas contra candidatos son constantes. Esto limita la posibilidad de hacer campaña en algunos territorios. Muchas organizaciones optan por no inscribirse ante estos riesgos.
**La fragmentación organizativa y sus efectos**
La fragmentación organizativa es otro factor que explica la reducción de listas. Muchas organizaciones pequeñas carecen de capacidad para sostener una candidatura. No cuentan con recursos económicos ni estructuras organizativas sólidas.
En algunos territorios hay múltiples organizaciones con objetivos similares. Sin embargo, no logran articularse en candidaturas comunes. Esta dispersión debilita las posibilidades de representación efectiva.
Las diferencias políticas e ideológicas también generan divisiones. Algunas organizaciones tienen vínculos con procesos de paz específicos. Otras priorizan reivindicaciones étnicas o de género. Esto dificulta la construcción de consensos.
La desconfianza entre organizaciones es producto de experiencias anteriores. En 2022 hubo casos de listas que no representaban genuinamente a las comunidades. Esto generó escepticismo sobre la legitimidad del mecanismo.
**Los ajustes normativos y su impacto**
Las nuevas reglas buscan corregir problemas identificados en el primer proceso electoral. Se han establecido requisitos más estrictos para verificar la representatividad de las organizaciones. También se han fortalecido los mecanismos de control sobre las candidaturas.
Estos ajustes pretenden evitar la cooptación por parte de actores políticos tradicionales. Igualmente, buscan garantizar que quienes aspiran sean genuinamente víctimas del conflicto. Además, que tengan arraigo en los territorios que pretenden representar.
Sin embargo, estas exigencias también pueden representar barreras adicionales. Especialmente para organizaciones pequeñas con menos capacidad técnica. Cumplir con todos los requisitos documentales resulta complejo para muchas comunidades.
La necesidad de pólizas y garantías financieras es particularmente problemática. Muchas organizaciones de base no tienen acceso a estos instrumentos. Los costos asociados superan sus capacidades económicas.
**El debate sobre la efectividad del mecanismo**
Existe un debate sobre la efectividad real de las curules de paz. Algunos cuestionan si han logrado representar genuinamente a las comunidades afectadas. También se pregunta si han tenido impacto legislativo significativo.
Los congresistas elegidos en 2022 han enfrentado múltiples desafíos. Muchos carecían de experiencia en el trabajo legislativo. Además, han debido adaptarse a las dinámicas del Congreso. Esto ha limitado su capacidad de incidencia en algunos casos.
Sin embargo, otros destacan logros importantes de estos representantes. Han visibilizado problemáticas de territorios históricamente marginados. También han presentado iniciativas legislativas relacionadas con víctimas y paz. Además, han servido como puente entre las comunidades y el Estado.
La evaluación del mecanismo depende de las expectativas que se tengan. Si se esperaba una transformación radical del Congreso, los resultados pueden parecer limitados. Si se valora la representación simbólica y la visibilización, hay avances importantes.
**Las perspectivas para 2026**
El panorama para las elecciones de 2026 presenta luces y sombras. Por un lado, hay mayor claridad normativa sobre el proceso. También existe experiencia acumulada del primer periodo legislativo. Además, algunas organizaciones han fortalecido sus capacidades.
Por otro lado, persisten barreras estructurales significativas. Las condiciones de seguridad no han mejorado sustancialmente en muchos territorios. Los problemas de financiación continúan afectando a organizaciones pequeñas. La fragmentación organizativa sigue siendo un desafío.
La reducción en el número de listas puede interpretarse de múltiples formas. Podría indicar una mayor madurez del proceso electoral. También podría reflejar el desaliento de organizaciones ante las dificultades enfrentadas. Igualmente, puede ser resultado de mejores filtros para evitar candidaturas no genuinas.
El consolidado final que presentará la Registraduría este martes será definitivo. Permitirá conocer con exactitud cuántas listas y candidatos participarán. También revelará los nombres de quienes aspiran a representar estos territorios.
**La importancia del voto en estos territorios**
Los más de 1.100.000 ciudadanos habilitados para votar tienen una responsabilidad crucial. Su decisión determinará quiénes los representarán en el Congreso. Esto puede incidir en políticas públicas que afectan directamente sus territorios.
La participación electoral en estas circunscripciones ha sido históricamente baja. Múltiples factores explican esta situación. Las dificultades de acceso a lugares de votación es uno de ellos. También la desconfianza en las instituciones políticas. Además, las amenazas de actores armados contra votantes.
Incrementar la participación electoral es fundamental para la legitimidad del mecanismo. Solo con una votación robusta se puede garantizar representación genuina. Esto requiere esfuerzos institucionales para facilitar el ejercicio del voto.
La pedagogía electoral es especialmente importante en estos territorios. Muchos ciudadanos desconocen el funcionamiento de las curules de paz. También ignoran los criterios para elegir a sus representantes. Campañas de información son necesarias para una decisión informada.
**Los retos institucionales pendientes**
La Registraduría enfrenta desafíos importantes para garantizar elecciones transparentes. Debe verificar la autenticidad de las candidaturas inscritas. También debe prevenir la cooptación por parte de actores ilegales. Además, debe garantizar condiciones de seguridad para la votación.
El Gobierno nacional tiene responsabilidades cruciales en este proceso. Debe garantizar recursos suficientes para las campañas electorales. También debe proveer seguridad a candidatos y votantes. Además, debe facilitar el acceso a lugares de votación en zonas remotas.
Las organizaciones de la sociedad civil cumplen un rol de veeduría fundamental. Deben monitorear el desarrollo del proceso electoral. También deben denunciar irregularidades que detecten. Además, pueden apoyar pedagogía electoral en los territorios.
La comunidad internacional también tiene un papel importante. Puede proveer recursos para fortalecer el proceso. También puede ejercer veeduría internacional sobre las elecciones. Además, puede presionar por garantías de seguridad para participantes.
**Las voces de las comunidades**
Las organizaciones que lograron inscribir candidaturas expresan esperanza y preocupación. Valoran la oportunidad de representación que ofrece el mecanismo. Sin embargo, manifiestan inquietud por las condiciones de seguridad.
Muchas comunidades sienten que finalmente tienen voz en el Congreso. Después de décadas de marginación, pueden elegir representantes propios. Esto genera expectativas sobre cambios en políticas que los afectan.
No obstante, también hay escepticismo en algunos sectores. Cuestionan si realmente pueden competir contra estructuras políticas tradicionales. Dudan de que sus representantes puedan incidir efectivamente en el Congreso.
Las organizaciones que decidieron no inscribirse
