Las comunidades indígenas y los defensores del río Tapajós lograron una victoria histórica la semana pasada. Bloquearon los planes del gobierno brasileño de privatizar el río. Además, frenaron su transformación en una vía comercial para transportar soja.
Cerca de mil activistas locales ocuparon el terminal cerealero durante varios días. La mayoría pertenecía a las etnias Mundurukú, Arapiun y Apiaká. La protesta se desarrolló en Santarém, en la Amazonía brasileña. Posteriormente, el gobierno dio marcha atrás ante la presión ejercida.
La acción condujo a la revocación del decreto presidencial controvertido. Este sacaba a subasta la gestión de tres grandes ríos amazónicos. Además del Tapajós, incluía el Madeira y el Tocantins. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva había anunciado el proyecto meses antes.
El proyecto apuntaba a ampliar el papel del Tapajós como hidrovía estratégica. Conectaría a las grandes empresas agrícolas brasileñas con los mercados internacionales. En particular, buscaría facilitar el comercio con China. Sin embargo, las comunidades denunciaron amenazas a sus territorios ancestrales.
Los pueblos indígenas alertaron sobre los riesgos para la biodiversidad regional. También expresaron preocupación por la seguridad alimentaria de sus comunidades. Asimismo, señalaron que peligraban sus modos de vida tradicionales. La transformación de los ríos en corredores económicos representaba una amenaza directa.
El Tapajós está profundamente contaminado desde hace tiempo. Una masiva extracción minera ilegal ha afectado sus aguas. Además, el intenso tráfico fluvial ha deteriorado el ecosistema. Para los indígenas, esta batalla representa un triunfo temporal.
Pedro Lucas Fernandes lidera el partido Unión Brasil en la Cámara de Diputados. Ya solicitó a Lula reincorporar las hidrovías al Programa Nacional de Desestatización. El diputado criticó duramente la revocación del decreto gubernamental. Utilizó la red social X para expresar su descontento.
Fernandes afirmó que la decisión interrumpe la planificación estratégica del país. También sostuvo que genera inseguridad jurídica para los inversores. Además, consideró que transmite un mensaje negativo sobre la gobernabilidad. Según él, las decisiones estratégicas no deberían paralizarse por presión popular.
En este escenario complejo, la guerra cotidiana de las comunidades se vuelve más ardua. Sin embargo, representan el núcleo electoral más simbólico para Lula. Esta importancia se magnifica de cara a la campaña electoral inminente. Las presidenciales de octubre están cada vez más cerca.
En Brasil todos recuerdan la ceremonia de investidura del 1 de enero de 2023. El líder indígena Raoni Metuktire subió la rampa junto al presidente electo. Además, le colocó la banda presidencial en un gesto histórico. A sus 94 años, Raoni es uno de los defensores más famosos de la Amazonía.
Dos años después de aquella jornada histórica, la situación cambió radicalmente. Durante la COP 30 del pasado noviembre, el propio Raoni expresó duras críticas. Otros líderes indígenas de Pará y Amapá se sumaron a su postura. Manifestaron una profunda decepción por las políticas del presidente brasileño.
El motivo principal fue el apoyo presidencial a la exploración petrolera. Esta se desarrolla en la desembocadura del río Amazonas. La zona se conoce como Margen Ecuatorial. Las perforaciones de prueba ya han comenzado en el área.
Según los representantes indígenas, la decisión se tomó sin consultar a las comunidades. De hecho, se borró su presencia sobre los territorios ancestrales. También se ignoraron sus derechos reconocidos constitucionalmente. Esta omisión generó un profundo malestar entre los pueblos originarios.
Los líderes reconocen que Lula es el presidente que más tierras indígenas ha demarcado. No obstante, subrayaron una contradicción fundamental en su gestión. Por un lado, pronuncia discursos sobre el cambio climático. Por otro, respalda la extracción de combustibles fósiles.
Estos combustibles son los principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero. La contradicción resulta evidente para las comunidades indígenas. Además, debilita la credibilidad del discurso ambiental del gobierno. Los hechos posteriores confirmaron estas preocupaciones.
Menos de dos meses después, ocurrió un accidente grave. El pasado 4 de enero se produjo un vertido a 175 kilómetros de la costa. El estado de Amapá fue el escenario del incidente. Específicamente, ocurrió en la desembocadura del río Amazonas.
Se vertieron al mar 18,44 metros cúbicos de fluido de perforación. Este fluido tenía una base no acuosa. La descarga se originó en el buque sonda NS-42. El accidente ocurrió durante las operaciones en el pozo Morpho.
Por este motivo, el IBAMA impuso una multa considerable a Petrobras. El Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables actuó con firmeza. La sanción alcanzó los 2,5 millones de reales. Esta cifra equivale a 487.225 dólares estadounidenses.
Según el IBAMA, el fluido es una mezcla oleosa. Se utiliza habitualmente en la exploración petrolera. Contiene componentes clasificados como de riesgo medio. Estos representan peligro para la salud humana y el ecosistema acuático.
El fluido es biodegradable y no persistente. Tampoco es bioacumulable ni tóxico. Sin embargo, se liberó en una región particularmente sensible. La presencia de corales y manglares hace el área especialmente vulnerable.
A pesar de la sanción impuesta, las actividades fueron reanudadas. Esta decisión generó más preocupación entre los ambientalistas. También aumentó la desconfianza de las comunidades indígenas. La falta de precaución resulta evidente para los críticos.
Las comunidades indígenas también están preocupadas por el proyecto de ley 2903/2023. Hace dos semanas fue aprobado por la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Este proyecto busca regular la explotación económica en tierras indígenas. Además, abre el camino a la extracción minera conocida como garimpo.
También contempla la extracción de petróleo y gas en territorios ancestrales. Según la líder y activista indígena Txai Suruí, esto representa un grave retroceso. Afecta directamente los derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, debilita la protección ambiental existente.
En un editorial publicado en el diario Folha de São Paulo, la activista expresó su postura. Definió la legalización del garimpo como una forma de institucionalización del ecocidio. También lo consideró un genocidio y violación de los derechos humanos. Recordó que la Constitución brasileña protege a las comunidades indígenas.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo también establece salvaguardas. Impone la consulta previa a las comunidades indígenas. Además, exige rigurosos estudios de impacto ambiental. Estas disposiciones están siendo ignoradas según los activistas.
Txai Suruí citó datos científicos alarmantes en su artículo. Mencionó un estudio de la Fiocruz. Esta institución pertenece al Ministerio de Salud de Brasil. Se dedica a la investigación y desarrollo de las ciencias biológicas.
El estudio fue realizado junto con asociaciones indígenas. Detectó mercurio en el 100% de las muestras analizadas. Estas provenían del cabello del pueblo Paiter Suruí. Los resultados son extremadamente preocupantes para la salud pública.
Los efectos incluyen daños neurológicos en adultos. También representan graves riesgos para el desarrollo infantil. Además, causan un severo deterioro de los ecosistemas. La contaminación por mercurio tiene consecuencias a largo plazo.
La activista también desmontó el argumento desarrollista utilizado por los defensores del proyecto. Afirmó que el garimpo no genera beneficios económicos para los indígenas. Por el contrario, genera conflictos y enfermedades. También causa deforestación y violencia en las comunidades.
Citó el caso del estado de Rondônia como ejemplo. En Rondônia, el decreto estatal prohíbe la destrucción de equipos de minería ilegal. La Ley 1511/21 ya demuestra cómo las políticas locales fomentan la impunidad. Mientras continúa la hipocresía del desarrollo, la situación empeora.
La minería ilegal beneficia a unos pocos empresarios. Sin embargo, sus costos son pagados por toda la sociedad. Estos incluyen la destrucción de bosques y la violencia contra las poblaciones indígenas. También se suma la pérdida de biodiversidad irreparable.
Entre las comunidades indígenas que continúan pagando un alto precio están los Yanomami. La crisis humanitaria que los afecta desde hace años se ha agravado. Recientemente aparecieron casos de tos ferina entre los niños. El territorio de Roraima es el más afectado.
El Ministerio de Salud confirmó recientemente tres muertes infantiles. También registró al menos ocho casos de la enfermedad. A mediados de febrero inició una intervención sanitaria de emergencia. La situación requiere atención inmediata de las autoridades.
La enfermedad es una infección respiratoria bacteriana. Se puede prevenir mediante vacunación adecuada. Sin embargo, surgió en un contexto de baja cobertura vacunal. Esta deficiencia explica la gravedad del brote actual.
En 2022, el último año de Jair Bolsonaro en la presidencia, la situación era crítica. Solo el 29,8% de los niños yanomami menores de un año tenía el esquema completo. En 2025, el porcentaje ascendió al 57,8%. Todavía está muy por debajo del umbral de seguridad superior al 90%.
Las autoridades temen un posible brote epidémico de mayores proporciones. Según la asociación Urihi Yanomami, el número de muertes podría ser mayor. Las cifras oficiales no reflejarían la magnitud real del problema. La situación está directamente relacionada con las deficiencias en la vacunación.
El episodio se inscribe en una crisis más amplia. Esta está marcada por la desnutrición y la malaria. También incluye otras enfermedades infecciosas prevenibles. Todo es consecuencia de la invasión de la minería ilegal.
Durante años esta actividad ha afectado al territorio yanomami. A pesar de que el gobierno de Lula señala una reducción global de las muertes, persisten los problemas. La reducción se mide desde el inicio de la emergencia sanitaria en 2022. Sin embargo, la tos ferina representa una nueva señal de alarma.
La fragilidad de las condiciones de salud de los niños yanomami es evidente. Se necesitan intervenciones estructurales y continuas. Las medidas temporales no son suficientes para resolver la crisis. La comunidad internacional observa con preocupación esta situación.
En cuanto a la agenda ambiental de Lula, seguirá siendo una prioridad. Especialmente en su próxima campaña electoral. Sin embargo, el presidente intenta evitar enfrentamientos directos sobre el tema. Esta estrategia política resulta evidente en sus recientes decisiones.
Como escribe Lauro Jardim en el diario O Globo, Lula ha evitado tomar posición. Específicamente sobre la Ley General de Licenciamiento Ambiental. Los ambientalistas la definen como el “Proyecto de Ley de la Devastación”. Consideran que debilita de manera estructural las protecciones ambientales del país.
Se critica la extrema simplificación del sistema de licencias ambientales. También se cuestionan las autocertificaciones permitidas. De hecho, reducen los estudios de impacto y los controles preventivos. Esta flexibilización preocupa a los expertos en medio ambiente.
Además, la norma reduce la participación obligatoria de organismos protectores. Entre ellos está la FUNAI, la Fundación Nacional del Indio. Esta institución estatal protege a los pueblos indígenas. Su marginación del proceso de licenciamiento genera alarma entre las comunidades.
