El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) ha solicitado la intervención de los entes de control para asegurar la transparencia en sus procesos de contratación. Esta solicitud surge tras denuncias de irregularidades en la contratación directa de empresas con antecedentes de corrupción. La entidad busca así “darle tranquilidad a la ciudadanía” y demostrar que sus acciones se ajustan a la normatividad vigente.
El sindicato del ICFES ha señalado posibles irregularidades en la contratación de empresas vinculadas a casos de corrupción. Estas denuncias han generado preocupación en la opinión pública y han puesto en el ojo del huracán a la directora del ICFES, Elizabeth Blandón, quien asumió el cargo en agosto de 2023. Según el sindicato, algunos contratos recientes podrían estar relacionados con tráfico de influencias.
En respuesta a estas acusaciones, el ICFES emitió un comunicado en el que asegura que todos los contratos se han realizado de manera transparente y objetiva. La entidad afirma que cada proceso ha contado con un estudio de mercado y ha cumplido con todos los requisitos legales. “Estamos como siempre, dispuestos a entregar la información oficial y verídica de nuestra transparencia y ejecución de lo actuado, reconociendo que es un derecho de la ciudadanía y la opinión pública”, se lee en el comunicado.
Uno de los contratos cuestionados es el firmado en marzo de este año con la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán (EMTEL) por un valor de $3.600 millones. Este contrato, destinado a la “fábrica de software y fábrica de pruebas para los proyectos de transformación digital del ICFES”, se realizó mediante un convenio interadministrativo. EMTEL es una entidad mixta con un 99% de participación de la Alcaldía de Popayán.
EMTEL ha estado en el centro de varios escándalos de corrupción. En 2022, su exgerente Jorge Hernández Gómez fue capturado por la Fiscalía por un contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Este contrato, firmado con la Alcaldía de Buenaventura, tenía como objetivo llevar internet a varias escuelas rurales mediante SIM cards. Sin embargo, la Fiscalía descubrió que las escuelas estaban cerradas debido a la pandemia y no había nadie usando el servicio contratado.
Las denuncias también han puesto en tela de juicio la gestión de Elizabeth Blandón. Se ha señalado que al menos dos de los funcionarios y contratistas nombrados por ella tienen vínculos con el exsenador liberal Julián Bedoya. Bedoya, quien fue candidato a la Gobernación de Antioquia, ha sido acusado de fraude por falsificar su título de abogado.
Ante este panorama, el ICFES ha solicitado a los entes de control y demás autoridades competentes que intervengan con celeridad. La entidad busca así despejar cualquier duda sobre la transparencia de sus procesos y garantizar la confianza de la ciudadanía.
La situación del ICFES pone de relieve la importancia de la transparencia en las instituciones públicas. La contratación directa, aunque legal en ciertos casos, puede ser un terreno fértil para la corrupción si no se maneja con rigor y transparencia. La intervención de los entes de control es crucial para asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada y que las decisiones se tomen en beneficio de la ciudadanía.
El caso de EMTEL es un ejemplo claro de cómo las irregularidades en la contratación pueden tener consecuencias graves. La captura de su exgerente y las acusaciones de corrupción han dañado la reputación de la empresa y han generado desconfianza en sus operaciones. Es fundamental que las entidades públicas realicen un análisis exhaustivo de las empresas con las que contratan para evitar situaciones similares.
La relación de algunos funcionarios del ICFES con Julián Bedoya también es preocupante. La vinculación de personas con antecedentes cuestionables puede afectar la credibilidad de la entidad y poner en riesgo su misión de evaluar la educación en el país. Es esencial que los nombramientos se realicen con base en méritos y no en conexiones políticas.
La solicitud de intervención por parte del ICFES es un paso en la dirección correcta. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales de una gestión pública eficiente y honesta. La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se manejan los recursos públicos y a exigir que se utilicen de manera responsable.
