Por última vez, los 168 municipios más golpeados por el conflicto armado eligieron este domingo a sus representantes. Las Circunscripciones Transitorias Especiales para la Paz (Citrep) renovaron sus 16 escaños en una jornada marcada por la violencia. Estas curules, conocidas también como curules de víctimas, fueron creadas en el Acuerdo de Paz de 2016.
Según el preconteo de la Registraduría, al menos seis de los nueve representantes buscaban reelección. Los resultados preliminares los perfilan como ganadores de sus respectivas circunscripciones. Entre ellos destaca Jorge Rodrigo Tovar, hijo del exjefe paramilitar conocido como Jorge 40. Tovar se proyecta como ganador de la circunscripción 12, correspondiente a la Serranía del Perijá. Con el 77,77% de los votos, lidera ampliamente en Cesar, La Guajira y Magdalena.
La candidatura de Tovar ha generado controversia desde el inicio de la campaña. Su padre fue responsable de crímenes de lesa humanidad en la región Caribe. Ahora, el hijo de este criminal representa a las víctimas del conflicto armado. Por donde se mire, la situación plantea interrogantes éticos y morales profundos. Sin embargo, la legislación vigente no impide que familiares de victimarios accedan a estas curules.
James Hermenegildo Mosquera también se perfila como ganador en la circunscripción seis. Esta zona abarca territorios de Chocó y Antioquia, especialmente afectados por el conflicto. Mosquera obtuvo el 69,60% de los votos según el avance número cinco del preconteo. Su gestión en el Congreso durante el periodo anterior le valió el respaldo electoral.
En la circunscripción ocho, correspondiente a Bolívar y Sucre, Luis Ramiro Ricardo lidera las votaciones. El administrador de empresas y magíster de la Universidad Nacional alcanzó el 57,70% de los sufragios. Ricardo postuló junto a Sindi Paola Ortega como fórmula para esta curul. Con el 21,95% de las mesas informadas, se proyecta como el cuarto candidato en reelegirse.
Gerson Lisímaco Montaño va ganando en la circunscripción 10 de Nariño. Por su parte, Jhon Fredi Valencia se proyecta como ganador en la circunscripción 11 de Putumayo. Ambos departamentos han sufrido especialmente la violencia de grupos armados durante décadas. La presencia de cultivos ilícitos y rutas de narcotráfico complica la situación de seguridad.
Karen Juliana López lidera en la circunscripción 16 del Urabá Antioqueño. Hasta ahora tiene el mayor número de votaciones en esa curul. Sería la quinta candidata que se perfila para reelegirse en estos escaños. El Urabá ha sido históricamente una de las regiones más violentas del país. La disputa territorial entre grupos armados continúa afectando a las comunidades.
Karen Manrique se proyecta como ganadora en la circunscripción dos de Arauca. Manrique obtuvo 1.633 votos según el avance número 10 del preconteo. Sin embargo, su candidatura está marcada por la controversia judicial. La representante es investigada en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.
Diego Rubiano, director del Observatorio Electoral de la Misión de Observación Electoral, explicó las implicaciones legales. Si la Corte Suprema de Justicia ordena una medida de aseguramiento, quedaría comprometida su candidatura. También afectaría la representación de esa circunscripción en el Congreso. Arauca fue la única circunscripción que inicialmente no presentó resultados de preconteo.
En la curul de Catatumbo, Tatiana Gaona Pinzón lidera la votación con 617 votos. Esto representa el 47,50% de los sufragios en la circunscripción cuatro. Su campaña estuvo en el centro del debate público por razones específicas. Gaona cuenta con el respaldo del clan Pinzón, una influyente familia política regional.
Jairo Pinzón, tío de la candidata, encabeza este clan político en la subregión. Fue alcalde de San Calixto y gerente del hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña. Desde la creación de estas circunscripciones, organizaciones y observadores electorales han advertido riesgos. Las maquinarias políticas tradicionales podrían respaldar candidaturas a través de terceros o estructuras locales.
La jornada electoral estuvo marcada por múltiples incidentes de seguridad en varios territorios. En Aracataca, la Defensoría del Pueblo pidió abrir un corredor humanitario urgente. El municipio pertenece a la circunscripción 12 y registró nuevos enfrentamientos armados. El Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada protagonizaron los combates.
La Defensoría recordó que ambos grupos armaron firmaron compromisos en febrero pasado. Estos acuerdos establecían el respeto a las elecciones y a la población civil. Las negociaciones se adelantan en el marco de las mesas con el Gobierno Petro. “La conducción de hostilidades exige precaución”, escribió la entidad en su comunicado oficial.
El derecho internacional humanitario establece implementar medidas para evitar daños a civiles. También protege los bienes de la población en medio de los combates. Los espacios sociojurídicos de conversación permitieron que los grupos firmaran compromisos con el Gobierno. Sin embargo, los enfrentamientos en plena jornada electoral evidencian el incumplimiento de estos acuerdos.
En Cartagena del Chairá, Caquetá, se presentó una situación crítica de orden público. El municipio pertenece a la circunscripción cinco y registró bloqueos en las afueras. La Registraduría Nacional informó que integrantes de la guardia indígena realizaron los bloqueos. Esta acción dificultó el normal desarrollo de la jornada electoral en la zona.
La situación más grave se presentó en la zona rural de La Macarena, Meta. Por razones de seguridad, se suspendió el preconteo en este municipio. La Macarena corresponde a la circunscripción siete y enfrenta constante presión armada. Tras el cierre de urnas, la situación obligó a los jurados a resguardarse. Los jurados de votación no pudieron realizar el conteo de votos por amenazas.
Hasta el momento, el 95,33% de los votos para estas circunscripciones ha sido válido. El porcentaje de votos nulos alcanzó el 2,18% del total de sufragios. Las 5.042 mesas informadas representan un avance significativo en el escrutinio nacional. Sin embargo, varias zonas rurales aún no reportan resultados por dificultades de acceso.
Estas curules fueron diseñadas para dar voz a las víctimas del conflicto armado. Los 168 municipios incluidos son los más afectados por décadas de violencia. La intención era garantizar representación política a comunidades históricamente marginadas. No obstante, la implementación ha enfrentado múltiples obstáculos y controversias desde su creación.
Organizaciones de víctimas han denunciado la infiltración de intereses políticos tradicionales en estas circunscripciones. Algunos candidatos no representan genuinamente a las comunidades afectadas por el conflicto. La presencia de familiares de victimarios genera rechazo en sectores de víctimas. Además, las maquinarias políticas locales han intentado cooptar estos espacios de representación.
La Misión de Observación Electoral ha documentado irregularidades en el proceso electoral. Entre ellas destacan presiones a votantes, compra de votos y presencia armada. Los grupos armados ilegales mantienen control territorial en muchas de estas circunscripciones. Esta realidad dificulta garantizar elecciones libres y transparentes en los territorios más afectados.
Los resultados finales se conocerán en las próximas horas según avance el escrutinio. La Registraduría Nacional continúa procesando la información de las mesas de votación. Las zonas rurales y de difícil acceso reportarán resultados más tardíamente. La seguridad de los funcionarios electorales sigue siendo una preocupación prioritaria.
Esta es la última elección de las curules de paz bajo el esquema actual. La figura fue establecida de manera transitoria en el Acuerdo de Paz de 2016. Los representantes electos ejercerán su mandato hasta 2030, cuando concluye este mecanismo. El debate sobre la continuidad o transformación de estas circunscripciones ya comenzó en el Congreso.
Algunos sectores políticos defienden la permanencia de estas curules más allá del periodo transitorio. Argumentan que las condiciones de violencia persisten en los territorios afectados. Las comunidades aún requieren representación específica para sus demandas de paz y reparación. Otros sectores consideran que el mecanismo debe evolucionar hacia formas más inclusivas.
Las críticas también señalan que no todas las víctimas están representadas en estas curules. Víctimas de otros actores armados diferentes a las FARC quedan excluidas. La focalización territorial deja por fuera municipios también afectados por el conflicto. Además, persisten dudas sobre la efectividad legislativa de estos representantes en el Congreso.
Durante el periodo 2022-2026, los congresistas de paz presentaron diversas iniciativas legislativas. Sin embargo, pocas lograron convertirse en leyes de la República. La fragmentación política y las dificultades de articulación limitaron su impacto. Algunos representantes enfrentaron cuestionamientos por su gestión y uso de recursos públicos.
El escándalo de la UNGRD salpicó a varios congresistas, incluida Karen Manrique. Las investigaciones judiciales generan incertidumbre sobre la legitimidad de algunos representantes. La Corte Suprema de Justicia adelanta procesos contra varios congresistas por presuntos delitos. Estas situaciones empañan el propósito original de las curules de paz.
Las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas esperaban mayor incidencia de estos representantes. La transformación territorial prometida en el Acuerdo de Paz avanza lentamente. Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial enfrentan problemas de implementación y financiación. La reforma rural integral, pilar del acuerdo, permanece en gran medida sin ejecutar.
Los nuevos representantes electos enfrentarán el desafío de demostrar resultados concretos. El periodo 2026-2030 será crucial para consolidar los avances del proceso de paz. También deberán trabajar en la construcción de memoria histórica y reconciliación. Las expectativas de las comunidades son altas tras años de espera.
La violencia continúa afectando a muchos de los municipios de las circunscripciones de paz. Los grupos armados ilegales disputan territorios estratégicos para el narcotráfico y la minería ilegal. Las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo mantienen presencia. Los enfrentamientos entre estas estructuras generan desplazamientos y afectan a la población civil.
El ataque del ELN en Aguachica evidencia la escalada de violencia en algunos territorios. La disputa con disidencias y el Clan del Golfo se intensifica por el control territorial. Los acuerdos de cese al fuego son frágiles y se rompen frecuentemente. La población civil queda en medio del fuego cruzado sin protección adecuada.
El Gobierno de Gustavo Petro mantiene diálogos de paz con varios grupos armados. Las negociaciones con el ELN avanzan lentamente con múltiples tropiezos. Los acercamientos con disidencias de las FARC muestran resultados mixtos. El Clan del Golfo participa en espacios de conversación bajo la denominación de Estado Mayor.
La paz total, bandera del gobierno actual, enfrenta obstáculos significativos en su implementación. La desconfianza entre las partes dificulta los avances en las negociaciones. Los grupos armados mantienen sus estructuras y capacidad operativa durante los diálogos. La población civil cuestiona la efectividad de estos procesos ante la persistencia de la violencia.
El Partido Comunes, surgido de las FARC, no logró superar el umbral electoral. Su candidata Sandra Ramírez no alcanzó los votos necesarios para mantener representación. Esta derrota marca un momento crítico para la colectividad creada tras el Acuerdo de Paz. Era la primera vez que se medían en las urnas sin las curules especiales.
La desaparición electoral de Comunes plantea interrogantes sobre la reintegración política de excombatientes. El Acuerdo de Paz garantizaba representación transitoria en el Congreso hasta 2026. Ahora deberán competir en igualdad de condiciones en las elecciones ordinarias. Las dificultades para conectar con el electorado evidencian los retos de la transición.
Comunes denunció irregularidades durante la jornada electoral en varios territorios. Según la colectividad, hubo presiones, amenazas y compra de votos en su contra. La Misión de Observación Electoral documentará estas denuncias para su verificación. La transparencia electoral sigue siendo un desafío en las regiones más afectadas.
Los 16 nuevos representantes asumirán sus curules en el Congreso próximamente. Tendrán la responsabilidad de representar a millones de víctimas del conflicto armado. Sus decisiones legislativas impactarán directamente en la construcción de paz territorial. El país observará atentamente su gestión durante los próximos cuatro años.
La implementación del Acuerdo de Paz depende en parte de estos representantes. Deberán impulsar leyes que materialicen los compromisos firmados en La Habana. La reforma rural, la participación política y los derechos de las víctimas requieren desarrollo legislativo. También deberán vigilar la inversión de recursos en los territorios más afectados.
Los desafíos son enormes para quienes asumen estas responsabilidades de representación. Las comunidades esperan que sus voces finalmente sean escuchadas en el Congreso. La historia juzgará si estas curules lograron transformar las realidades de los territorios. Por ahora, los resultados electorales muestran continuidad con algunos representantes y nuevas caras políticas.
