El pasado jueves, dos ciudadanos encontraron cuatro cajas lacradas de la ONPE. Los recipientes contenían aproximadamente 1.200 cédulas de votación. Además, estaban abandonados en un tacho de basura del distrito de Surquillo, en Lima.
Este hallazgo expone graves irregularidades en la cadena de custodia. Por consiguiente, el material electoral debía estar bajo estricto resguardo oficial. Sin embargo, terminó en la vía pública.
La denuncia se difundió durante el programa “Beto a Saber” de Willax. El conductor Beto Ortiz exhibió en vivo las cajas y sobres. Asimismo, mostró votos correspondientes a cuatro mesas del distrito de Surco.
El equipo de producción recibió el material gracias a la colaboración ciudadana. Los dos hombres que encontraron las cajas las llevaron hasta los estudios. Posteriormente, Ortiz mostró en cámara los sobres lacrados y firmados.
Según la normativa vigente, estos documentos debían permanecer bajo custodia policial. Igualmente, debían resguardarse hasta la proclamación oficial de resultados. No obstante, aparecieron en un contenedor de basura.
La documentación electoral hallada corresponde a mesas específicas con números identificatorios. Se trata de las mesas 050619, 050627, 050618 y 050620. Cada una contenía aproximadamente 300 votos.
El material debió trasladarse bajo resguardo policial desde los centros de votación. Luego, debía llegar a las instalaciones de la ONPE. Finalmente, debía permanecer resguardado hasta la oficialización de resultados.
La Ley Orgánica de la ONPE establece procedimientos claros al respecto. Los sobres con cédulas escrutadas deben mantenerse lacrados. Además, deben estar bajo custodia oficial permanente.
Solo pueden destruirse tras la proclamación de resultados. Previamente, debe notificarse al Ministerio Público. También debe avisarse al Jurado Nacional de Elecciones y a los personeros legales.
Estas autoridades deben ser informadas sobre la fecha de destrucción. Igualmente, deben conocer el lugar donde se realizará el procedimiento. Por tanto, el protocolo es sumamente estricto.
Beto Ortiz cuestionó duramente la situación durante su programa. “¿Cómo es posible que dos ciudadanos encuentren en la basura material que debería estar custodiado hasta la proclamación oficial?”, expresó el conductor.
El periodista remarcó que la evidencia permite reconstruir el conteo de votos. Consecuentemente, puede compararse con las actas publicadas por la ONPE. Esto pone en duda la confiabilidad del sistema de resguardo electoral.
Según pudo corroborar el programa La Encerrona, las actas sí fueron procesadas. Los votos de esas cajas fueron subidos al sistema. Por lo tanto, este descuido no implica que se ignoraran los sufragios.
No obstante, el incidente sigue siendo grave por las irregularidades del protocolo. Una inconsistencia en el reporte periodístico genera dudas adicionales. Se señaló que las cajas llegaron el miércoles a los estudios.
Sin embargo, posteriormente mostraron a un notario verificando el material. Esta verificación ocurrió en un basurero en Surquillo. Por consiguiente, la secuencia temporal presenta incongruencias.
Claudia Sandoval es jefa de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Surco. Durante su intervención en “Beto a Saber”, reconoció la responsabilidad institucional. También explicó las circunstancias del incidente.
Sandoval admitió que las cajas fueron olvidadas en un taxi. Este vehículo se utilizó para el traslado del material electoral. El olvido ocurrió tras el repliegue de los votos el día de la elección.
Explicó que se trató de “un error involuntario del personal”. Las cuatro cajas blancas y selladas no fueron retiradas del vehículo. Este taxi había sido contratado mediante una empresa autorizada.
Añadió que intentaron contactar al conductor desde el domingo. Lamentablemente, estos intentos resultaron infructuosos. Además, presentó pruebas de las comunicaciones realizadas para recuperar los sobres.
La funcionaria sostuvo que el taxi cumplía con requisitos mínimos. En el vehículo viajaba un efectivo policial. También iba un fiscalizador del Jurado Nacional de Elecciones.
Asimismo, viajaba un coordinador técnico de la ONPE. Este coordinador era el responsable de asegurar la entrega del material. Por tanto, había personal de supervisión presente.
La jefa de la ODPE Surco calificó el hecho como grave. Asumió la responsabilidad institucional ante las cámaras. No obstante, remarcó que la ciudadanía colaboró al entregar el material encontrado.
Finalizó señalando que acudió al programa para exponer la verdad. También buscaba esclarecer lo ocurrido públicamente. Sin embargo, el periodista consideró insuficiente su presencia.
Ortiz sostuvo que el jefe nacional de la ONPE debía comparecer. Según el conductor, Piero Corbeto debía rendir cuentas personalmente. De esta manera, la responsabilidad institucional llegaría hasta las máximas autoridades.
El incidente puso bajo escrutinio la actuación de Corbeto. Su nombre figura en la resolución jefatural número 0075-2025. Este documento detalla los pasos para el tratamiento del material electoral.
También establece normas para la conservación de las cédulas. Igualmente, regula la destrucción de los documentos de sufragio. Por consiguiente, Corbeto es responsable de estos protocolos.
La ley establece que los miembros de mesa entregan sobres lacrados. Estos van al coordinador de mesa tras el escrutinio. Posteriormente, los traslada al responsable del centro de acopio.
Este traslado debe realizarse siempre con resguardo policial. Cualquier alteración de este protocolo genera consecuencias graves. Específicamente, puede comprometer la trazabilidad del proceso.
Además, afecta la transparencia del sistema electoral. Por tanto, cada paso debe cumplirse rigurosamente. De lo contrario, se pone en riesgo la legitimidad de los resultados.
Durante el programa, se exhibieron códigos y sellos de seguridad. También se mostraron los códigos QR de las cajas. Estos códigos permiten vincular el material con las actas digitales.
Las actas ya están publicadas en el portal de la ONPE. Ortiz invitó a los votantes de las mesas afectadas a comunicarse. De esta forma, podrían verificar si sus sufragios fueron considerados.
El hallazgo encendió el debate sobre los controles institucionales. La posterior aceptación del error por parte de Sandoval intensificó la polémica. Diversos especialistas consultados por el programa expresaron su preocupación.
Estos expertos insistieron en que la custodia de votos no es secundaria. Además, señalaron que las actas digitalizadas no sustituyen los documentos originales. Por tanto, los sobres físicos mantienen valor probatorio esencial.
El material de las cuatro mesas de Surco permanece disponible. Está a disposición de las autoridades competentes. Mientras tanto, organizaciones civiles exigen investigaciones exhaustivas.
Los partidos políticos también demandan el establecimiento de responsabilidades. Consecuentemente, solicitan sanciones para los funcionarios involucrados. Asimismo, piden medidas para evitar futuros incidentes.
El incidente reaviva la discusión sobre la confianza electoral. También subraya la importancia de mantener intacta la cadena de custodia. Por consiguiente, se cuestiona la capacidad institucional de la ONPE.
La ley que regula estos procedimientos es clara y detallada. Específicamente, la Ley Orgánica de la ONPE establece parámetros estrictos. Su reglamentación interna complementa estas disposiciones.
Los sobres con cédulas escrutadas deben mantenerse lacrados permanentemente. Además, deben estar bajo custodia oficial en todo momento. Solo pueden destruirse tras cumplir requisitos específicos.
Estos requisitos incluyen la proclamación oficial de resultados. También requieren previo aviso a múltiples instituciones. El Ministerio Público debe ser notificado formalmente.
El Jurado Nacional de Elecciones también debe recibir notificación. Los personeros legales de las organizaciones políticas deben estar presentes. Por tanto, la destrucción es un acto público y supervisado.
Las autoridades deben conocer la fecha exacta del procedimiento. Igualmente, deben saber el lugar donde se realizará. De esta manera, se garantiza la transparencia del proceso.
El protocolo establece que el traslado debe realizarse en vehículos autorizados. Estos vehículos deben contar con resguardo policial permanente. Además, debe haber personal técnico de la ONPE presente.
También debe acompañar un fiscalizador del Jurado Nacional de Elecciones. Estos requisitos buscan garantizar la seguridad del material. Sin embargo, en este caso se produjeron fallas evidentes.
El coordinador técnico de la ONPE era responsable de asegurar la entrega. No obstante, las cajas fueron olvidadas en el taxi. Posteriormente, el conductor no pudo ser contactado.
Finalmente, el material terminó en un contenedor de basura. Dos ciudadanos lo encontraron casualmente. Luego, lo llevaron a un medio de comunicación.
Esta cadena de eventos expone múltiples puntos de falla. Primero, el olvido del material en el taxi. Segundo, la imposibilidad de contactar al conductor.
Tercero, el aparente descarte del material por parte del taxista. Cuarto, la falta de seguimiento inmediato del material faltante. Por consiguiente, cada etapa presenta problemas de gestión.
Diversos especialistas consultados insistieron en reforzar los controles. También sugirieron mejorar la capacitación del personal encargado. Además, propusieron sistemas de seguimiento más efectivos.
El traslado y resguardo del material electoral requiere profesionalización. No puede considerarse un trámite secundario o rutinario. Por el contrario, constituye un elemento fundamental del proceso democrático.
Las actas digitalizadas facilitan la transparencia y el acceso a información. No obstante, no pueden sustituir el valor probatorio de los originales. Los documentos físicos mantienen su importancia legal.
La custodia de los votos garantiza la posibilidad de auditorías posteriores. También permite resolver controversias sobre los resultados. Por tanto, su resguardo adecuado es imprescindible.
El material permanece a disposición de las autoridades competentes. Estas deben realizar investigaciones exhaustivas sobre lo ocurrido. También deben establecer responsabilidades individuales e institucionales.
Las organizaciones civiles han expresado su preocupación pública. Los partidos políticos también manifestaron su descontento. Consecuentemente, exigen medidas correctivas inmediatas.
El incidente genera dudas sobre la capacidad de la ONPE. También cuestiona la efectividad de sus protocolos de seguridad. Además, pone en evidencia posibles deficiencias en la capacitación del personal.
La confianza en los procesos electorales es fundamental para la democracia. Cualquier irregularidad, por pequeña que parezca, puede erosionarla. Por tanto, las instituciones deben actuar con máxima transparencia.
La importancia de mantener intacta la cadena de custodia es innegable. Los documentos oficiales deben protegerse desde su generación hasta su destrucción autorizada. Cualquier ruptura de esta cadena genera sospechas legítimas.
El caso de las cuatro cajas de Surco se convierte en emblemático. Ilustra los riesgos de las fallas en los protocolos de seguridad. También muestra la importancia de la vigilancia ciudadana.
Los dos ciudadanos que encontraron el material actuaron responsablemente. Llevaron las cajas a un medio de comunicación. De esta manera, alertaron a la opinión pública sobre la irregularidad.
Sin su intervención, el incidente podría haber pasado desapercibido. Las cajas podrían haberse perdido definitivamente. Por consiguiente, su acción ciudadana merece reconocimiento.
No obstante, el hecho de que el material llegara a la basura es inaceptable. Las autoridades electorales deben garantizar que esto no se repita. Además, deben sancionar a los responsables de esta negligencia.
La funcionaria Claudia Sandoval asumió la responsabilidad institucional. Sin embargo, muchos consideran que esto no es suficiente. Las máximas autoridades de la ONPE deben pronunciarse públicamente.
Piero Corbeto, jefe de la ONPE, enfrenta cuestionamientos por este incidente. Su gestión está bajo escrutinio por parte de la opinión pública. También enfrenta críticas de organizaciones políticas y civiles.
La resolución jefatural que lleva su firma establece los protocolos incumplidos. Por tanto, su responsabilidad en el caso es innegable. Debe explicar qué medidas tomará para evitar futuros incidentes.
Las elecciones de 2026 ya enfrentaban diversos cuestionamientos previos. Este incidente agrega una nueva controversia al proceso. Consecuentemente, aumenta la desconfianza de sectores de la ciudadanía.
La transparencia electoral es un pilar de la democracia peruana. Cualquier acción que la ponga en riesgo debe investigarse exhaustivamente. También debe sancionarse con el máximo rigor de la ley.
Los partidos políticos han solicitado reuniones con autoridades electorales. Buscan garantías de que el resto del material está debidamente custodiado. También exigen auditorías independientes del sistema de resguardo.
Las organizaciones de observación electoral también expresaron su preocupación. Solicitan acceso a información sobre los protocolos de seguridad. Además, piden participar en la supervisión de futuros procesos.
El Ministerio Público podría iniciar investigaciones sobre el caso. La pérdida de material electoral podría constituir delito. Por tanto, funcionarios podrían enfrentar responsabilidades penales.
El Jurado Nacional de Elecciones también debe pronunciarse sobre el incidente. Esta institución es responsable de la fiscalización del proceso electoral. Debe determinar si hubo irregularidades que afecten la validez de los resultados.
La ONPE enfrenta uno de sus momentos más críticos. Su credibilidad está en juego tras este incidente. Debe actuar con transparencia absoluta para recuperar la confianza ciudadana.
Los protocolos de seguridad deben revisarse y fortalecerse. La capacitación del personal debe intensificarse. También deben implementarse sistemas de seguimiento más efectivos del material electoral.
El uso de tecnología podría ayudar a prevenir futuros incidentes. Sistemas de rastreo GPS para los vehículos de traslado serían útiles. También podrían implementarse códigos de barras para seguimiento en tiempo real.
La supervisión de los traslados debe intensificarse. No puede depender únicamente de la responsabilidad individual del personal. Deben existir controles cruzados y verificaciones constantes.
Los vehículos utilizados para el traslado deben cumplir requisitos más estrictos. No deberían utilizarse taxis comunes para esta función. Deben ser vehículos institucionales con sistemas de seguridad adecuados.
El personal encargado del traslado
