En la actualidad, Colombia enfrenta un punto de inflexión en su lucha histórica contra el narcotráfico, un problema que ha marcado profundamente su tejido social, político y económico. El presidente Gustavo Petro, consciente de la complejidad y la evolución de esta problemática, ha puesto sobre la mesa una serie de declaraciones y propuestas que buscan replantear la estrategia del país y de la comunidad internacional frente a la guerra contra las drogas.
El mandatario colombiano ha reconocido abiertamente que Colombia ha perdido el monopolio de la cocaína, un cambio significativo en el panorama del narcotráfico global. Esta afirmación, lejos de ser una mera observación, revela un escenario donde los carteles colombianos han cedido terreno ante la “libre competencia mundial”. Este fenómeno no solo altera la dinámica del tráfico de drogas sino que también tiene implicaciones directas en la seguridad, la economía y la política tanto a nivel nacional como internacional.
Además, Petro ha señalizado el impacto del Fentanilo en el consumo de cocaína, una droga sintética que ha ganado terreno en el norte, específicamente en Estados Unidos, y que ha modificado las rutas y los hábitos de consumo de sustancias ilícitas. Este cambio en el mercado de las drogas sugiere una expansión del consumo de cocaína hacia el sur de América, Europa, Rusia y China, lo que plantea nuevos desafíos para las políticas de control de drogas y para la cooperación internacional.
El presidente colombiano también ha hecho hincapié en el fracaso de la llamada guerra contra la droga, una iniciativa que ha dejado un saldo de un millón de muertos sin lograr sus objetivos de erradicar el tráfico y consumo de drogas. Esta crítica a las políticas tradicionales de lucha contra las drogas abre la puerta a un debate necesario sobre la efectividad de las estrategias implementadas hasta la fecha y la urgencia de buscar alternativas más humanas y eficaces.
En este contexto, Petro ha propuesto la sustitución de economías ilícitas por lícitas en territorios específicos como una vía para salir de la violencia que ha azotado a Colombia durante décadas. Esta propuesta implica un enfoque integral que no solo aborda el problema del narcotráfico sino que también busca mejorar las condiciones de vida de las comunidades afectadas, promoviendo el desarrollo y la inclusión social.
La transformación de los carteles y redes de narcotráfico también ha llevado al mandatario a plantear la discusión sobre la legalización del consumo de drogas. Esta medida, que sin duda generaría un intenso debate tanto a nivel nacional como internacional, se presenta como una estrategia para desmantelar las estructuras criminales que se benefician del mercado ilegal de sustancias.
Petro ha mencionado su intención de convocar una reunión con los gobiernos de China, Estados Unidos y México para analizar la interconexión entre las rutas del Fentanilo y la cocaína, un esfuerzo que busca una mayor cooperación y entendimiento entre las naciones afectadas por el tráfico de drogas. Esta iniciativa refleja la necesidad de una respuesta coordinada y multilateral ante un problema que trasciende fronteras y jurisdicciones.
Finalmente, el presidente se ha cuestionado sobre cómo diseñar un proceso de paz en Colombia en esta nueva fase de la violencia en el país, y cómo evitar replicar estrategias de seguridad obsoletas que no se ajustan a la realidad actual de las economías ilícitas como ejes centrales de la violencia. Este llamado a la reflexión es un recordatorio de que las políticas de seguridad deben ser dinámicas y adaptarse a los cambios en el contexto en el que se aplican.
La narrativa de Petro sobre la guerra contra las drogas y sus propuestas para enfrentarla representan un cambio de paradigma que busca no solo abordar las consecuencias del narcotráfico sino también sus causas profundas. Este enfoque, que combina realismo político con una visión humanista, podría ser el inicio de una nueva era en la lucha contra las drogas, una que priorice la vida y el bienestar de las personas por encima de la persecución y la criminalización.
