Las delegaciones del Gobierno Nacional y el Clan del Golfo anunciaron este martes la reactivación de la mesa de diálogos. El proceso de paz continúa su curso. La suspensión había sido declarada el pasado 4 de febrero. La controversia surgió por una promesa presidencial a Donald Trump.
El presidente Gustavo Petro se comprometió a capturar a Jobanis de Jesús Ávila Villadiego. Este hombre es conocido como Chiquito Malo. Además, es el máximo comandante de esa estructura armada. La promesa generó tensiones en las negociaciones.
Un comunicado conjunto oficializó el anuncio de este martes. “El proceso de paz para la desmovilización del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia y la construcción de paz con el pueblo en los territorios, continúa avanzando en el marco de los compromisos suscritos, dando por superada la situación de suspensión de la conversación que se había anunciado por el Estado Mayor Conjunto del (a)EGC en días previos”, escribieron las partes.
Las delegaciones destacaron avances en los compromisos previamente suscritos. Por lo tanto, consideran superada la crisis. La sesión del pasado 9 de febrero se realizó a puerta cerrada. Sin embargo, se desarrolló en un ambiente constructivo.
El encuentro se llevó a cabo por invitación especial. Un grupo de países mediadores convocó la reunión. Catar, España, Noruega y Suiza conforman este grupo. Asimismo, la MAPP/OEA acompañó el proceso. La Conferencia Episcopal también estuvo presente.
En la sesión se acordaron compromisos importantes. Estos permitirán avanzar decididamente en el proceso. Los beneficiarios serán las comunidades y el país entero. Así lo señalaron en el documento conjunto.
El Clan del Golfo explicó su decisión mediante su cuenta de X. Retoman los diálogos por una decisión del Ministerio de Defensa. Según la organización armada, Chiquito Malo fue retirado de la consideración de “objetivo de alto valor”. No obstante, el Gobierno no ha confirmado oficialmente esta información.
La suspensión original se produjo a principios de febrero. Esto ocurrió tras la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump en Washington. El encuentro presidencial tuvo lugar en la capital estadounidense. Las consecuencias se sintieron rápidamente en Colombia.
El Clan del Golfo justificó entonces su decisión de suspender las conversaciones. Buscaban “aclarar la veracidad de la información”. Medios de comunicación reportaron que Petro habría entregado nombres de tres capos del narcotráfico. Esta entrega habría sido parte de sus compromisos con Estados Unidos. Entre los nombres mencionados estaba el de Chiquito Malo.
La organización armada expresó su preocupación en ese momento. Si la información resultaba cierta, constituiría un problema grave. Representaría “un atentado contra la buena fe y los compromisos de la mesa de negociación”. La confianza es fundamental en estos procesos.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ofreció detalles sobre la reunión en Washington. Estados Unidos ofreció su ayuda para ubicar a Chiquito Malo. También mencionaron a otros dos líderes criminales. Mordisco, jefe de la disidencia conocida como Estado Mayor Central (EMC), fue incluido. Igualmente, Pablito, uno de los principales comandantes del ELN.
El diálogo de paz con el Clan del Golfo tiene una importancia estratégica. Es uno de los más relevantes en la política de paz total. La razón es clara. Se trata de la estructura armada más grande del país. Por consiguiente, su desmovilización tendría un impacto significativo.
Los patrullajes del Clan del Golfo en Cantagallo comenzaron el pasado 2 de septiembre. Esta actividad evidencia la presencia territorial de la organización. Mientras tanto, las negociaciones buscan transformar esta realidad. El objetivo es lograr la desmovilización completa.
La mesa de negociación enfrenta desafíos complejos. La confianza entre las partes es frágil. Cualquier declaración pública puede generar crisis. La coordinación entre política exterior e interior es crucial. Los compromisos internacionales deben alinearse con los procesos internos.
Los países mediadores juegan un papel fundamental. Catar, España, Noruega y Suiza aportan experiencia internacional. Estos países han participado en otros procesos de paz. Su presencia otorga legitimidad y facilita el diálogo. Además, pueden ofrecer garantías a ambas partes.
La MAPP/OEA brinda un acompañamiento técnico especializado. Esta misión tiene experiencia en procesos de desmovilización. Puede verificar compromisos y avances. Igualmente, puede alertar sobre posibles incumplimientos. Su rol es de observación y apoyo.
La Conferencia Episcopal representa un actor nacional importante. La Iglesia Católica tiene presencia en todo el territorio. Puede facilitar acercamientos en las regiones. Además, goza de credibilidad entre diversos sectores. Su participación añade legitimidad al proceso.
El autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia opera en múltiples departamentos. Su estructura abarca zonas rurales y urbanas. Controla rutas del narcotráfico y economías ilegales. Por ende, su desmovilización requiere estrategias integrales. No basta con acuerdos en Bogotá.
La construcción de paz con el pueblo en los territorios es esencial. Las comunidades han sufrido la violencia durante décadas. Necesitan garantías de seguridad y oportunidades económicas. De lo contrario, los ciclos de violencia continuarán. La paz requiere transformaciones estructurales.
El Estado Mayor Conjunto del EGC tomó la decisión de suspender. Esta instancia representa la máxima autoridad de la organización. Sus decisiones son acatadas por los mandos medios. Por lo tanto, su compromiso con el proceso es fundamental. Sin su respaldo, las negociaciones carecen de sentido.
La sesión a puerta cerrada del 9 de febrero permitió conversaciones francas. Sin presión mediática, las partes pueden expresarse libremente. Pueden abordar temas sensibles sin generar controversias públicas. Este formato facilita la construcción de confianza. Los acuerdos preliminares pueden madurar antes de anunciarse.
Los compromisos acordados en esa sesión no fueron detallados públicamente. Esta reserva es habitual en procesos de negociación. Permite implementar medidas sin generar expectativas prematuras. También protege a las partes de presiones externas. La transparencia llegará en momentos apropiados.
La controversia entre compromisos internacionales y procesos internos es recurrente. Colombia mantiene relaciones estrechas con Estados Unidos. La lucha contra el narcotráfico es un eje bilateral. Sin embargo, los procesos de paz requieren flexibilidad. Conciliar ambas agendas es un desafío permanente.
La promesa de capturar a Chiquito Malo generó desconfianza inmediata. El líder del Clan del Golfo está en negociaciones. Simultáneamente, sería objetivo militar. Esta contradicción es difícil de explicar. Las organizaciones armadas necesitan garantías para sus líderes. Sin ellas, no hay incentivos para negociar.
El retiro de la consideración de “objetivo de alto valor” sería significativo. Implicaría que las operaciones militares no lo buscarían activamente. Esto daría espacio para las negociaciones. No obstante, el Gobierno no ha confirmado este cambio. La ambigüedad persiste.
La política de paz total del presidente Petro abarca múltiples procesos. Incluye negociaciones con el ELN. También con disidencias de las FARC. Y con estructuras criminales como el Clan del Golfo. Cada proceso tiene dinámicas propias. Coordinarlos es extremadamente complejo.
El ELN mantiene su propio proceso de negociación. Las conversaciones han tenido avances y retrocesos. La mención de Pablito como objetivo también generó tensiones. Este comandante participa en las negociaciones. Por lo tanto, la situación es similar a la del Clan del Golfo.
Mordisco lidera el Estado Mayor Central de las disidencias. Esta estructura rechazó el Acuerdo de Paz de 2016. Ha crecido territorialmente en los últimos años. Controla áreas estratégicas para el narcotráfico. Su captura sería un golpe importante. Pero también complicaría eventuales acercamientos.
La reunión entre Petro y Trump tuvo múltiples temas. La migración fue uno de ellos. También el comercio bilateral. Y la lucha contra el narcotráfico. Este último tema es prioritario para Washington. Trump ha adoptado posiciones duras al respecto.
Estados Unidos mantiene recompensas por varios líderes criminales colombianos. Ofrece millones de dólares por información. Esto genera presión para capturas. Sin embargo, Colombia tiene soberanía sobre sus políticas. Puede decidir priorizar procesos de paz. El equilibrio es delicado.
La buena fe es un principio fundamental en negociaciones. Las partes deben cumplir lo acordado. No pueden tomar acciones contradictorias. Cuando esto ocurre, la confianza se erosiona. Reconstruirla toma tiempo y esfuerzo. Por eso las crisis son peligrosas.
El Clan del Golfo ha mostrado capacidad de movilización. Puede ordenar paros armados en varias regiones. Estos afectan la vida de millones de personas. También puede intensificar acciones violentas. Por ende, mantenerlo en negociaciones es estratégico. Reduce la violencia inmediata.
La desmovilización del Clan del Golfo tendría efectos múltiples. Reduciría la violencia en zonas rurales. Liberaría comunidades del control armado. Permitiría al Estado llegar con servicios. También debilitaría las redes del narcotráfico. Estos beneficios justifican los esfuerzos de negociación.
Sin embargo, la desmovilización requiere condiciones claras. Los combatientes necesitan alternativas económicas. No pueden simplemente dejar las armas sin opciones. También requieren garantías jurídicas. El marco legal debe ser atractivo. De lo contrario, preferirán continuar armados.
Las comunidades en los territorios observan con esperanza y escepticismo. Han visto procesos de paz anteriores. Algunos han funcionado. Otros han fracasado. La experiencia les ha enseñado prudencia. Necesitan ver resultados concretos. Solo entonces creerán en el proceso.
La construcción de paz trasciende la desmovilización. Requiere transformar las condiciones que generaron el conflicto. La ausencia estatal es una de ellas. La pobreza y la desigualdad son otras. También la economía ilegal como única opción. Estos problemas estructurales demandan soluciones integrales.
El narcotráfico es el combustible de muchas organizaciones armadas. Genera recursos enormes. Permite reclutar combatientes. Financia armas y logística. Mientras exista, habrá incentivos para la violencia. Por lo tanto, la paz requiere estrategias contra el narcotráfico. Pero no solo militares.
Las estrategias deben incluir desarrollo alternativo. Los campesinos necesitan cultivos legales rentables. También acceso a mercados y créditos. Sin esto, volverán a los cultivos ilícitos. La sustitución forzada no funciona. La experiencia lo ha demostrado repetidamente.
La reactivación de la mesa de diálogos es una buena noticia. Indica que las partes mantienen voluntad de paz. Superaron una crisis significativa. Esto demuestra madurez y compromiso. No obstante, el camino sigue siendo largo. Vendrán nuevos desafíos inevitablemente.
La coordinación gubernamental es esencial para el éxito. Los ministerios deben trabajar articuladamente. Defensa, Interior, Justicia y otros deben alinearse. Las declaraciones públicas deben ser coherentes. La improvisación genera crisis. La planificación estratégica es fundamental.
La comunicación pública sobre procesos de paz es delicada. Debe informar sin crear falsas expectativas. Debe ser transparente sin revelar información sensible. Debe mantener el apoyo ciudadano sin generar polarización. Este equilibrio es difícil de lograr. Requiere estrategia y disciplina.
Los próximos meses serán cruciales para este proceso. Las partes deben concretar los compromisos acordados. La implementación mostrará la seriedad de las intenciones. Las comunidades estarán atentas. La opinión pública también. El éxito o fracaso dependerá de acciones concretas.
