Tras diez días de protestas y bloqueos, el Gobierno nacional y el Comité Nacional del Paro Arrocero alcanzaron un acuerdo histórico este 24 de julio de 2025.
La prolongada crisis del sector arrocero, caracterizada por la caída sostenida en los precios de comercialización, encontró una salida negociada. Los ministerios de Agricultura, Comercio e Interior confirmaron la firma del pacto que pone fin a las movilizaciones iniciadas el 14 de julio.
El punto central del acuerdo establece una fórmula técnica para determinar el precio mínimo de compra del arroz paddy verde. Este mecanismo busca garantizar que los productores puedan cubrir sus costos de producción sin generar pérdidas.
La Defensoría del Pueblo actuó como garante del diálogo que condujo a un documento con siete compromisos fundamentales. En primer lugar, el arroz paddy verde entrará al régimen de libertad regulada de precios mediante una resolución que debe ser avalada por la Superintendencia de Industria y Comercio.
En materia de comercio exterior, el Ministerio de Comercio evaluará la implementación de aranceles inteligentes o restricciones temporales a las importaciones. Estas medidas buscan proteger la producción nacional cuando las condiciones del mercado lo requieran.
Una comisión técnica conjunta identificará mecanismos legales para apoyar a los productores afectados por la caída reciente de precios. Además, se reactivarán programas de apoyo como el Fonsa y el Faia que operaron durante el primer trimestre.
El acuerdo contempla la instalación de una mesa técnica para revisar las tarifas del agua, buscando condiciones más equitativas para el sector agropecuario. El Ministerio de Ambiente liderará este proceso de ajuste al instrumento económico de acceso al recurso hídrico.
El Ministerio de Hacienda se comprometió a actualizar la base de datos utilizada para calcular los costos presuntos de los productores. Esta revisión se realizará en coordinación con la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales.
Para garantizar transparencia en la comercialización, la Policía Fiscal y Aduanera junto con la Dian realizarán verificaciones sobre inventarios y trazabilidad del arroz en molinos y centros de acopio.
El Comité Nacional del Paro Arrocero declaró el fin de las protestas y el desbloqueo total de las vías. Sin embargo, se reservaron el derecho a retomar las movilizaciones si el Gobierno incumple los compromisos pactados.
La crisis que llevó a las protestas se originó cuando los pagos recibidos por los productores no alcanzaban a cubrir sus costos operativos. El Ministerio de Agricultura diseñó entonces una fórmula técnica basada en datos regionales para establecer precios mínimos.
Este mecanismo de precios fue sometido a consulta pública hasta el 18 de julio. Las partes acordaron que los valores definidos garantizan la cobertura de costos sin generar utilidades, explicando así por qué resultan inferiores a algunos precios comerciales vigentes.
El Gobierno nacional reafirmó su compromiso con el diálogo como vía para resolver conflictos sociales. El acuerdo representa un paso importante hacia la estabilización de la cadena productiva del arroz, alimento fundamental en la dieta de los colombianos.
