El pasado jueves, el Gobierno de Abelardo de la Espriella radicó en el Congreso una nueva versión del Presupuesto General de la Nación para 2027. Este documento muestra las proyecciones de ingresos y gastos para el siguiente año. Básicamente, refleja cuánta plata tiene el país y cómo se va a gastar.
La segunda versión del presupuesto contempla gastos por 634,9 billones de pesos. Esta cifra representa 59,2 billones más que la propuesta del Gobierno Petro. El monto y la distribución de los recursos han generado un debate intenso sobre la situación fiscal del país.
Este martes, Miguel Gómez, ministro de Hacienda, presentó el presupuesto ante las comisiones económicas conjuntas. Estas incluyen las Terceras y Cuartas de Cámara y Senado. “Sin entender el contexto en el que nos encontramos va a ser muy difícil que ustedes puedan deducir cuál es la estrategia que tiene el Gobierno y por qué estamos presentando un presupuesto así de austero”, dijo.
Lo siguiente fue una carcajada de los congresistas. Pese a la reacción del Congreso, el jefe de la cartera defendió su propuesta. Aseguró que el presupuesto será el primer paso para frenar la tendencia de los últimos años. Esta tendencia consiste en aumentar el gasto sin tener ingresos que lo respalden.
Si no se hace ningún ajuste, dijo Gómez, el nivel de la deuda pública sería insostenible. El país entraría en un escenario de crisis de pago. Esto implicaría devaluación de la moneda y freno del crecimiento económico. Al final, vendría una recesión.
El pasado 11 de agosto, el Congreso devolvió el proyecto de presupuesto. La administración de Gustavo Petro lo había radicado el 29 de julio. Esa primera versión incluía gastos por 575,7 billones de pesos.
El principal “pero” a la propuesta fue el hueco por 30,2 billones de pesos. Este monto debía financiarse con nuevos ingresos, incluyendo una reforma tributaria. El ministro de Hacienda afirmó que esa versión era una “chambonada”. Defendió que el nuevo Gobierno presentaría un proyecto más sensato.
La nueva versión fue radicada el pasado jueves. Sorprendió a los analistas y al mercado por el aumento de 59,2 billones de pesos. Este incremento se dio frente a la propuesta de Petro.
“Es una sorpresa. Realmente hemos oído hablar al ministro de Hacienda de un ajuste, lo cual implicaba que el mercado esperaba una reducción del monto de presupuesto, pero por el contrario vemos que incrementó”, dijo ese día César Pabón. Él es director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana.
De todas formas, los analistas han asegurado que es más realista. Esto en comparación con la radicada por el Gobierno Petro. El Ministerio de Hacienda sostiene que el proyecto “sincera” las cuentas.
Las dos versiones no pueden compararse directamente, según Hacienda. En el proyecto anterior había obligaciones que estaban mal calculadas. También había compromisos que no se habían incorporado de manera suficiente.
“No cayó bien la cifra del Presupuesto General de la Nación porque a la gente no le gusta que le digan la verdad”, dijo el ministro Gómez. Esto ocurrió en la Convención Bancaria, que se realizó en Cartagena entre el 26 y 28 de agosto.
El Gobierno de Abelardo de la Espriella sostiene una posición clara sobre el aumento. No se debe a que esta administración quiera gastar más. En palabras sencillas, la primera versión estaba mal hecha. No incluía plata que sí o sí se necesita.
“El presupuesto estaba desfinanciado. Lo que estamos haciendo es poner sobre la mesa lo que otros pusieron debajo del tapete”, aseguró ante las comisiones económicas. La principal explicación está en el servicio de la deuda. Este aumentó 37,4 billones de pesos.
El Ministerio de Hacienda sostuvo que esta suma se deriva de la estrategia de manejo de deuda. El Gobierno Petro acumuló vencimientos de deuda de corto plazo con tasas elevadas. Estos no se incluyeron en las cuentas.
Gómez les propuso a los congresistas una sesión especial. En ella se explicaría, con todos los detalles, qué está pasando con la deuda.
Además, según Hacienda, faltaban recursos importantes en diferentes áreas. Se necesitaban 6,5 billones para el pago de pensiones. También 2 billones para el sistema de salud.
Asimismo, faltaban 4,5 billones para salarios de funcionarios públicos. Se requerían 0,7 billones para universidades públicas. Además, 9,6 billones para el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.
En el debate de este martes en las comisiones económicas hubo varios cuestionamientos. Se solicitaron soportes de aquellos rubros que, según el nuevo Gobierno, no incluyó la anterior administración.
Congresistas del Pacto Histórico también cuestionaron la baja en la inversión. Pidieron claridad respecto a cómo se va a financiar la reconstrucción tras el terremoto.
Sobre esto último, Gómez explicó que todavía no hay una cifra definitiva. Las pérdidas económicas aún se están calculando. Inicialmente se habló de 30 billones de pesos.
Sin embargo, esta semana el Banco Mundial se refirió a una cifra menor. Habló de 19 billones de pesos. También dijo que se está estructurando el “Fondo Milagro”.
Una vez esté listo, el Gobierno presentará su plan con todos los detalles. El presupuesto, por 634,9 billones de pesos, representa un incremento del 14,2 por ciento. Esta comparación se hace frente al vigente para 2026.
Por rubros, el gasto de funcionamiento alcanza 392,5 billones de pesos. Tiene un incremento del 7,3 por ciento. El servicio de la deuda llega a 155,4 billones de pesos. Se dispara 54,7 por ciento.
Este aumento está impulsado principalmente por el crecimiento del 37,3 por ciento en los intereses. En contraste, la inversión cae 2,8 por ciento. Esta alcanza 86,9 billones de pesos.
Esta es la pregunta del millón respecto al financiamiento. De acuerdo con los cálculos recogidos en los anexos del presupuesto, se acudiría a más deuda. También según los análisis consultados por El Espectador.
Este es uno de los temas que más preocupan del presupuesto. Luis Fernando Mejía, exdirector de Fedesarrollo y CEO de Lumen Economic Intelligence, explicó la situación. Al incluir amortizaciones de deuda y otras operaciones de caja, las necesidades totales de financiamiento llegarían a unos 266,3 billones.
Como señaló Sebastián Correa, experto en derecho tributario y socio de Serrano Martínez CMA, hay estimaciones claras. Para financiar el presupuesto se acudiría a deuda interna. Esta alcanzaría 150,9 billones mediante subastas y colocaciones de Títulos de Tesorería.
También se recurriría a deuda externa por 87,7 billones. Esta vendría con multilaterales y mercados internacionales. Además, se utilizarían utilidades de empresas del Estado como Ecopetrol. Estas aportarían 20,7 billones.
La noticia del presupuesto vino acompañada de la promesa de un ajuste fiscal. El ministro Gómez anunció la semana pasada que habrá un recorte de gasto. Este será por 21,9 billones de pesos este año.
Las cuentas del Gobierno indican que con ese ajuste el déficit fiscal bajaría. Este es la diferencia entre ingresos y gastos. Pasaría de un 8,2 por ciento del PIB a 7,2 por ciento.
El déficit primario bajaría de 4,4 por ciento a 3,3 por ciento. Este se calcula sin los intereses de la deuda pública. Además, el Ministerio de Hacienda anunció una ley de rescate económico.
Según el ministro, no será una reforma tributaria. Estará enfocada en reducir el gasto. La iniciativa se radicará a finales de septiembre.
Buscará un recorte estructural de unos 45 billones de pesos. Esto equivale a cerca de 2,2 por ciento del PIB. Se reflejaría en 2027.
El objetivo es que el déficit fiscal del próximo año baje significativamente. Pasaría de 9,4 por ciento del PIB a 7,2 por ciento. Este sería el escenario sin ajuste comparado con el ajustado.
El déficit primario pasaría de 4,5 por ciento a 2,3 por ciento. Con la ley de rescate económico, aseguró el ministro, habrá cambios importantes. A finales de 2030 el balance primario estará en 0,4 por ciento del PIB.
La deuda neta se estabilizará en 64,8 por ciento del PIB. Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, dijo este martes algo importante. “El sinceramiento del desequilibrio existente en las finanzas públicas” es un paso en la dirección correcta.
Sin embargo, aun con la racionalización del gasto planteada para 2027, hay preocupaciones. Las finanzas públicas seguirán por fuera de la senda requerida. Esta es necesaria para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública.
“La estabilidad macroeconómica solo estará garantizada si el proceso de ajuste fiscal continúa y se profundiza durante varios años. En estas circunstancias será útil que el Gobierno elabore un nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo o un documento equivalente que haga explícitas las bases cuantitativas y las metas del mencionado proceso de ajuste”, aseguró el gerente.
Gómez reconoció que, efectivamente, se necesita una actualización. En la sesión de este martes, varios congresistas advirtieron algo importante. Los mercados han reaccionado con nerviosismo ante la radicación del presupuesto.
Un informe de Investigaciones Económicas de Bancolombia advierte sobre la situación. La publicación del presupuesto generó una “desvalorización” de los activos locales. Con corte al lunes, hubo un aumento promedio de 25 puntos básicos.
Este se dio en los rendimientos de los TES. También hubo un incremento de los CDS a 10 años hasta de 240 puntos básicos. Este centro de análisis considera que el debate del presupuesto será clave.
También lo será el de la ley fiscal. Ambos serán determinantes para la tasa de cambio y para los TES. Juan David Velasco, socio del área de Impuestos de Baker McKenzie Colombia, dio su opinión.
Dijo a este diario que los mercados esperan un recorte del gasto corriente de la Nación. Este debe estar acompañado de medidas que fortalezcan el financiamiento. Especialmente mediante un aumento de los ingresos corrientes vía impuestos.
Las comisiones económicas tienen hasta el 15 de septiembre para evaluar el proyecto. También deben votarlo. Posteriormente, pasará a las plenarias de Cámara y Senado.
