El Gobierno Nacional presentó el martes una controvertida propuesta de Presupuesto General para 2026 ante el Congreso de la República. La nueva iniciativa asciende a 556,9 billones de pesos, superando los 551,9 billones inicialmente previstos.
Durante la presentación, el ministro de Hacienda Germán Ávila defendió el proyecto argumentando que “refleja una estrategia de consolidación fiscal con visión de desarrollo”. Sin embargo, la propuesta ha generado fuertes críticas desde diversos sectores.
La distribución presupuestal contempla 102 billones de pesos para el pago de deudas nacionales. Adicionalmente, destina 365,7 billones para gastos de funcionamiento y 88,7 billones para inversión pública.
Ante este panorama, la oposición política ha manifestado serias preocupaciones sobre la viabilidad del presupuesto. Christian Garcés, vocero del Centro Democrático en la Cámara de Representantes, anunció que solicitarán formalmente la devolución del proyecto al Ministerio de Hacienda.
“Están presentando un presupuesto más inflado que el anterior”, señaló Garcés. “Necesitamos una versión más realista y responsable, alineada con las verdaderas necesidades de la Nación”, agregó el representante.
Entre las principales críticas destaca que la financiación dependerá significativamente de una futura ley por 26,3 billones de pesos. Esta cifra supera ampliamente el monto de la ley rechazada por el Congreso en 2025.
Otro punto cuestionado es el déficit fiscal proyectado para 2026, que alcanzaría el 5,3% del PIB. Esta cifra llega al límite establecido por la regla fiscal, mientras que el 25,6% del presupuesto total se financiaría mediante deuda.
La propuesta también ha sido criticada por incrementar el gasto en funcionamiento en un 11% y crear 1.250 nuevos cargos en la rama ejecutiva. Paralelamente, reduce la inversión en sectores estratégicos como educación, comercio, agricultura, vivienda, deporte y tecnología.
Los opositores al proyecto han convocado a los congresistas de las Comisiones Económicas para analizar detalladamente el presupuesto. Buscan proteger el equilibrio fiscal y evitar mayores cargas tributarias para los colombianos.
El proceso de revisión incluirá consultas con el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda, el Comité de la Regla Fiscal y diversos gremios. Los legisladores verificarán si la propuesta cumple con el Estatuto Orgánico del Presupuesto antes de tomar una decisión final.
