El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, confirmó que el Gobierno prepara un nuevo estatuto antiterrorista. Además, aclaró el alcance de los operativos contra la migración irregular en el país.
De acuerdo con información conocida por EL TIEMPO, el proyecto será presentado ante el Congreso de la República. La iniciativa busca crear en Colombia una lista nacional de organizaciones terroristas. Asimismo, contempla un régimen especial para los grupos que sean incluidos.
El anuncio se enmarca en los lineamientos de seguridad anunciados por el presidente Abelardo De La Espriella. El mandatario señaló que las organizaciones armadas ilegales recibirán un mismo tratamiento. Esto aplicará independientemente de su denominación o estructura.
“Todos son terroristas y los vamos a tratar como tales”, afirmó el presidente. Estas palabras resumen la estrategia que desarrollará su Gobierno frente a estas estructuras.
**Un vacío en la legislación colombiana**
Lara explicó que el proyecto busca llenar un vacío existente en la legislación. Aunque el país cuenta con el delito de terrorismo, no existe una definición específica. Tampoco hay un mecanismo que permita clasificar formalmente a las organizaciones terroristas.
“Nosotros vamos a presentar muy pronto en el Congreso de la República un estatuto antiterrorista”, explicó el ministro. Según sus palabras, se creará un sistema de lista de organizaciones terroristas. Por consiguiente, el país sabrá cuáles son estas estructuras.
El jefe de la cartera del Interior agregó detalles sobre la caracterización. A partir de esta, el Ejecutivo plantea establecer normas especiales. Estas aplicarán para las estructuras incorporadas a la lista.
Entre las medidas mencionó disposiciones penitenciarias diferenciadas. También señaló agravantes para determinados delitos. Además, habrá nuevas herramientas para que el Estado actúe frente a organizaciones de alto riesgo.
“Por ejemplo, un régimen penitenciario especial para esas organizaciones”, señaló Lara. Igualmente, explicó que habrá unas normas que le permitirán actuar al Estado. Estas estarán conforme al riesgo que ponen las organizaciones terroristas. También habrá causales de agravación de ciertos delitos.
**Medidas contra la minería criminal**
Dentro del estatuto también se contempla avanzar en una categoría relacionada con la minería ilegal. Específicamente, aquella vinculada a organizaciones terroristas. Lara mencionó la posibilidad de crear figuras como la de “gran minería ilegal”. Otra opción es “gran minería criminal ligada a organizaciones terroristas”.
Esta medida forma parte del endurecimiento del tratamiento jurídico. Se aplicará para actividades económicas utilizadas por estas estructuras. En consecuencia, busca cortar las fuentes de financiación de estos grupos.
“Todo lo que tenga que ver con estas organizaciones terroristas tendrá un trato especial”, agregó el ministro. Según explicó, cuando se encuentra un peligro excepcional se necesitan medidas excepcionales. Esto es especialmente cierto frente a organizaciones extraordinariamente criminales.
Aunque Lara evitó anticipar cuáles organizaciones aparecerían formalmente en la lista, hizo algunas precisiones. Afirmó que el Gobierno considera actualmente como organizaciones terroristas a las disidencias de las Farc. También al Eln y la Segunda Marquetalia.
No obstante, la clasificación definitiva dependerá del sistema que se establezca. Asimismo, de las reglas que queden en la iniciativa presentada al Congreso. Por lo tanto, el listado oficial se conocerá una vez se tramite el mecanismo.
**Consecuencias jurídicas específicas**
La propuesta busca que la clasificación de estas estructuras tenga consecuencias jurídicas específicas. De esta manera, no se limitará a una denominación política o de seguridad. El Gobierno pretende que la inclusión dentro de la lista active medidas diferenciadas.
Estas medidas aplicarán frente a delitos, manejo penitenciario y actividades criminales relacionadas. Por consiguiente, las organizaciones incorporadas oficialmente enfrentarán un régimen especial. Este será más estricto que el aplicado a otras estructuras criminales.
El estatuto representa un cambio en el enfoque del Estado frente a estas organizaciones. Anteriormente, el tratamiento dependía de negociaciones políticas o consideraciones coyunturales. Ahora, en cambio, se busca un marco jurídico claro y permanente.
**Aclaraciones sobre operativos migratorios**
En paralelo al anuncio del estatuto, el ministro del Interior precisó el alcance de los operativos migratorios. Lara aseguró que las medidas estarán dirigidas a extranjeros en situación irregular. También a personas involucradas en actividades delictivas.
Especialmente, el foco estará en redes que obtienen beneficios económicos mediante el tráfico. Igualmente, en aquellas dedicadas a la trata de migrantes. Por lo tanto, no se trata de una política contra la población migrante en general.
El funcionario aclaró que la política no está orientada contra los venezolanos regularizados. Mencionó particularmente a quienes llegaron durante los años más difíciles de la crisis migratoria. Estos ingresaron durante 2019, 2020 y 2021.
“El presidente no se refiere a los hermanos venezolanos que llegaron en lo más duro de la crisis”, sostuvo Lara. Explicó que fueron casi dos millones de personas. Además, en un noventa y tantos por ciento fueron perfectamente regularizados.
Según el ministro, una parte de esa población ya regresó a Venezuela. Otra, en cambio, permaneció en Colombia y se integró al país. Por esa razón, insistió en que los operativos no estarán orientados contra quienes tienen estatus regular.
**El Permiso por Protección Temporal**
Los venezolanos que cuentan con Permiso por Protección Temporal no serán objetivo de los operativos. Este mecanismo permitió la regularización de millones de migrantes. Asimismo, les facilitó el acceso a servicios sociales y públicos.
“El presidente no se refiere a muchos de estos hermanos venezolanos que, incluso, algunos ya han optado por regresar”, afirmó Lara. Agregó que los otros ya se quedaron y se integraron perfectamente. Por consiguiente, forman parte de la sociedad colombiana.
El foco de las autoridades estará en otros objetivos. Específicamente, en “las redes criminales, a los que se están lucrando”, según le contó el ministro a Noticias Caracol. Particularmente mencionó el paso de migrantes ilegales en el Darién.
Esta región selvática se ha convertido en una ruta crítica para la migración irregular. Miles de personas la atraviesan en condiciones peligrosas. Mientras tanto, redes criminales cobran sumas importantes por facilitar el paso.
**Dos frentes de la estrategia de seguridad**
Con estos dos frentes, el Gobierno plantea reforzar su estrategia de seguridad. Por un lado, busca nuevas herramientas legales contra organizaciones armadas y criminales. Por otro, delimita el alcance de las medidas migratorias anunciadas.
El estatuto antiterrorista deberá pasar ahora por el Congreso de la República. Allí se conocerán los detalles de la lista propuesta. Igualmente, los criterios para incluir organizaciones en ella. También las normas especiales que el Ejecutivo buscará incorporar.
El debate legislativo determinará la forma final del proyecto. Asimismo, establecerá los mecanismos de control y las garantías procesales. Por consiguiente, el Congreso jugará un papel fundamental en la configuración de esta política.
La iniciativa representa un giro en la política de seguridad del país. Anteriormente, el Gobierno actual había privilegiado el diálogo con algunas estructuras armadas. Ahora, en cambio, plantea un endurecimiento del tratamiento jurídico.
Este cambio responde a la evolución de la situación de orden público. También a las presiones de diversos sectores que pedían medidas más contundentes. Por lo tanto, refleja un ajuste en la estrategia gubernamental.
**Impacto en el sistema penitenciario**
El régimen penitenciario especial para organizaciones terroristas tendrá implicaciones importantes. Probablemente incluirá mayores restricciones y controles. Asimismo, medidas para evitar que estos grupos mantengan control desde las cárceles.
Actualmente, varias organizaciones criminales operan desde los centros penitenciarios. Mantienen estructuras de mando y continúan dirigiendo actividades ilegales. Por consiguiente, el nuevo régimen busca cortar estos vínculos.
Las medidas podrían incluir aislamiento de los líderes. También restricciones en las comunicaciones y visitas. Igualmente, traslados frecuentes para evitar el arraigo en un centro específico.
**Desafíos de implementación**
La implementación del estatuto enfrentará varios desafíos. Primero, deberá superar el trámite legislativo en el Congreso. Además, tendrá que resistir posibles cuestionamientos constitucionales. Por lo tanto, su diseño debe ser cuidadoso y bien fundamentado.
También deberá establecer criterios claros para la inclusión en la lista. Estos deben ser objetivos y verificables. Asimismo, deben respetar el debido proceso y las garantías fundamentales.
La coordinación interinstitucional será otro reto importante. El estatuto requerirá la participación de múltiples entidades. Entre ellas, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía y el sistema penitenciario. Por consiguiente, se necesitará una articulación efectiva.
En cuanto a los operativos migratorios, el desafío será distinguir adecuadamente entre poblaciones. Las autoridades deberán evitar afectar a migrantes regularizados. Mientras tanto, deben ser efectivas contra las redes criminales. Por lo tanto, se requerirá capacitación y protocolos claros.
El Gobierno deberá comunicar efectivamente el alcance de estas medidas. Esto evitará confusiones y temores en la población migrante regularizada. Asimismo, permitirá focalizar los esfuerzos en los objetivos correctos.
