El reciente anuncio del Gobierno de Gustavo Petro sobre la revocación de la designación como gestores de paz de siete miembros de la disidencia de las FARC, conocida como Estado Mayor Central (EMC), ha generado un debate significativo en Colombia. Esta decisión, formalizada a través de una resolución firmada el 22 de noviembre, refleja la complejidad y los desafíos inherentes al proceso de paz en el país. La medida afecta a Jeisson Ferney Lasso, Euser Motta Meneses, Jhon Maro Ortiz Camayo, Faber García Guzmán, John Janier Trochez, Leidy Tatiana Rojas y Rolan Arnulfo Torres Huertas, conocido como Álvaro Boyaco.
El contexto de esta revocación es crucial para entender las dinámicas actuales del proceso de paz. En marzo pasado, el ala de Iván Mordisco se levantó de la mesa de diálogos, mientras que el grupo liderado por Calarcá Córdoba decidió continuar con las negociaciones. Esta división interna dentro de las disidencias de las FARC ha complicado los esfuerzos del Gobierno para avanzar en un proceso de paz cohesivo. La resolución del Gobierno, acompañada de una carta del consejero comisionado de paz, Otty Patiño, subraya que la decisión fue revisada por la secretaría jurídica de la Presidencia, lo que indica un proceso deliberado y fundamentado.
La situación de Rolan Arnulfo Torres Huertas, alias Álvaro Boyaco, ilustra las complejidades de las lealtades dentro de las disidencias. Aunque formalmente parte del bloque Jorge Briceño Suárez, que sigue bajo el mando de Calarcá, hay indicios de que Torres Huertas podría estar alineado con Mordisco. Capturado en 2020, Torres Huertas ha sido acusado de manejar las economías ilegales de Gentil Duarte, predecesor de Mordisco. Su historia dentro de las FARC, desde su ingreso en 2005 como miliciano hasta convertirse en guerrillero del Frente 40, refleja un recorrido marcado por la violencia y el crimen, con cargos pendientes por homicidio y lesiones personales.
Por otro lado, la revocación de Leidy Tatiana Rojas, conocida como Ángela Izquierdo, añade otra capa de complejidad. Rojas fue parte activa de las primeras reuniones exploratorias del EMC con el Gobierno, incluso apareciendo en fotografías oficiales con el entonces comisionado de Paz Danilo Rueda. Sin embargo, su expulsión de la disidencia, junto a su pareja Luis Carlos Pinilla, alias Óscar Barreto, bajo acusaciones de colaborar con inteligencia militar, resalta las tensiones internas y las sospechas que persisten dentro de estos grupos armados.
La decisión del Gobierno de revocar estas designaciones plantea varias preguntas sobre el futuro del proceso de paz. Por un lado, algunos argumentan que esta medida podría fortalecer la posición del Gobierno al clarificar con quiénes está dispuesto a negociar. Sin embargo, otros advierten que podría alienar a ciertos sectores de las disidencias, dificultando aún más el camino hacia una paz duradera. Además, la falta de claridad sobre las afiliaciones actuales de los revocados, como se menciona en los perfiles adjuntos a la resolución, complica la situación.
Es fundamental considerar las implicaciones de esta revocación en el contexto más amplio del conflicto colombiano. La fragmentación de las disidencias de las FARC y las lealtades cambiantes dentro de estos grupos reflejan un panorama en constante evolución. La capacidad del Gobierno para navegar estas aguas turbulentas será crucial para determinar el éxito o el fracaso del proceso de paz. En este sentido, la transparencia y la comunicación efectiva con todas las partes involucradas serán esenciales para construir confianza y avanzar hacia una resolución pacífica.
