El gobierno Petro prometió transformar 33.000 kilómetros de vías terciarias en Colombia. Sin embargo, la realidad dista mucho de esa ambición inicial. Solo 4.087 kilómetros fueron efectivamente mejorados durante el cuatrienio.
Caminos Comunitarios para la Paz Total nació en septiembre de 2022. El programa planteaba intervenir el 23% de la red vial terciaria del país. Además, contemplaba inversiones superiores a 8 billones de pesos durante cuatro años.
A menos de dos meses del fin del mandato, el balance es contundente. El programa cumplió apenas el 12,4% de su meta original. No obstante, el Instituto Nacional de Vías reporta cifras que merecen atención.
Durante este periodo se invirtieron 685.846 millones de pesos en el programa. Asimismo, se ejecutaron más de 2.390 proyectos en 31 departamentos del país. Cerca de 873.000 personas resultaron beneficiadas con estas intervenciones.
**Un modelo innovador con tropiezos institucionales**
La apuesta del programa rompió con décadas de tradición en contratación pública. En lugar de licitaciones con grandes contratistas, el Gobierno firmó convenios directos. Las Juntas de Acción Comunal se convirtieron en ejecutoras de las obras.
La lógica parecía sencilla y coherente con la realidad territorial. Quienes conocen los caminos pueden repararlos con mayor efectividad. Quienes viven en el territorio saben cuáles son las verdaderas prioridades.
El Estado aportaba los recursos necesarios para las intervenciones. Las comunidades, por su parte, ponían la mano de obra. También aportaban el conocimiento local acumulado durante generaciones.
Para hacer posible esta contratación directa, el presidente Petro actuó rápidamente. Creó por decreto el Instituto Nacional de Vías Regionales. El Invir nació como la entidad encargada de ejecutar este modelo.
El problema llegó en octubre de 2024 de forma inesperada. La Corte Constitucional tumbó el decreto que creaba el Invir. El tribunal consideró que hubo extralimitación de competencias presidenciales.
El Invir quedó sin piso jurídico de un día para otro. Los procesos tuvieron que retornar al carril licitatorio convencional. Paradójicamente, era el mismo que el programa intentó evitar desde el inicio.
Esta decisión alteró profundamente el modelo original del programa. Además, frenó buena parte de la ejecución que venía desarrollándose. El impacto en los tiempos de ejecución resultó devastador.
**Hallazgos de control que ensombrecen los resultados**
La Contraloría General realizó una revisión exhaustiva durante la vigencia 2023. Examinó 121 de los 1.035 convenios suscritos con organizaciones comunitarias. El monto revisado alcanzó 233.853 millones de pesos.
Los hallazgos contrastan notablemente con el balance presentado por el Invías. Más de la mitad de los convenios no fueron publicados. El SECOP II, sistema de contratación pública, no registraba estas operaciones.
También se detectaron desembolsos sin soportes suficientes que los respaldaran. Hubo prórrogas sin justificación técnica que las sustentara adecuadamente. La interventoría operó de manera deficiente en la mayoría de casos.
Este mecanismo debía verificar que las obras se ejecutaran correctamente. Sin embargo, falló en su función de control y seguimiento. El resultado fue un posible detrimento patrimonial de 1.513 millones.
Además, se encontraron obras terminadas con fallas estructurales graves. Estas deficiencias comprometían su vida útil desde el primer año. La calidad de las intervenciones quedó en entredicho.
En 2024, la situación empeoró considerablemente en lugar de mejorar. De 1.125 convenios suscritos ese año, 883 estaban suspendidos. La falta de asignación presupuestal fue la causa principal.
Cinco convenios fueron terminados sin ejecutar ni un solo peso. De los 237 que seguían vigentes, 209 no reportaban avance. Solo 28 convenios mostraban ejecución real en ese momento.
Esto representa apenas el 2,49% del total de convenios suscritos. El panorama evidenciaba una parálisis casi total del programa. La capacidad de ejecución se había desplomado dramáticamente.
**Investigaciones disciplinarias en curso**
A finales de 2024, la Procuraduría anunció investigaciones disciplinarias contra funcionarios. Los investigados incluyen directivos y exfuncionarios del Invías. Las irregularidades en Caminos Comunitarios motivaron estas acciones.
Entre los investigados aparecen tres exdirectores del instituto. Mercedes Elena Gómez Villamarín es una de ellas. Juan José Oyuela Soler también enfrenta investigación.
Juan Carlos Montenegro Arjona completa el grupo de exdirectores investigados. El gerente del programa, Luis Fernando Sepúlveda Ortiz, también está incluido. Además, hay directores territoriales e interventores por determinar.
Los cargos que investiga la Procuraduría son graves y variados. Incluyen violaciones a los principios de publicidad en contratación pública. También se señalan transgresiones a los principios de transparencia.
Las fallas en planeación aparecen igualmente en las investigaciones. Los desembolsos sin soportes constituyen otro cargo importante. La deficiente gestión de la interventoría completa el cuadro.
Es decir, las mismas deficiencias documentadas previamente por la Contraloría. Los dos organismos de control coinciden en sus hallazgos. La convergencia de las observaciones refuerza su gravedad.
El Invías respondió que los atrasos obedecían a factores externos. Argumentó que la responsabilidad de la supervisión recaía en interventores. Esta respuesta intentaba deslindar responsabilidades institucionales.
Sin embargo, el programa de auditoría de la Contraloría no aceptó. “Tampoco se encontraron evidencias de que la interventoría hubiese hecho requerimientos formales. El Invías tampoco exigió a las JAC corregir fallas”, dice el informe.
**La necesidad real que motivó el programa**
Nada de lo anterior significa que Caminos Comunitarios no tocara necesidades reales. La radiografía de las vías terciarias en Colombia es devastadora. Esta realidad existe con o sin este programa específico.
El país tiene cerca de 142.000 kilómetros de red terciaria. Solo el 6,4% está pavimentado en condiciones aceptables. El resto es tierra, piedra o barro según la temporada.
Los costos logísticos en Colombia representan el 15,6% del valor de productos. Esto es casi el doble del promedio de la OCDE. La competitividad del país se ve seriamente afectada.
Solo en Putumayo, la situación ilustra la magnitud del problema. Este departamento tiene una gran extensión de vías terciarias. El presupuesto disponible alcanza para invertir 35.200 pesos por metro.
Ese monto equivale al precio de un almuerzo corriente. Sin embargo, el Plan Maestro de Transporte Intermodal tiene otras cifras. Estima que intervenir un kilómetro de vía terciaria cuesta 750 millones.
La brecha entre lo que existe y lo que se necesita es abismal. Ningún programa en un solo gobierno puede cerrarla completamente. Se requieren décadas de inversión sostenida y bien ejecutada.
Lo que Caminos Comunitarios intentó fue demostrar algo importante. El modelo de contratación directa con comunidades podía funcionar. Podía hacerlo donde los procesos licitatorios convencionales habían fallado durante décadas.
En los proyectos que se ejecutaron bien, el impacto fue real. Cosechas llegaron al mercado en condiciones óptimas de tiempo. Niños caminaron menos barro para llegar al colegio.
Mujeres embarazadas alcanzaron el centro de salud a tiempo. Estos logros concretos transformaron vidas en territorios olvidados. El modelo comunitario mostró su potencial en estos casos.
**Cifras que no cuadran**
Intervenir 4.087 kilómetros no es un resultado menor en términos absolutos. El problema está en la proporción frente a la meta planteada. La distancia entre promesa y realidad es enorme.
El avance general del 88,49% que reporta el Invías requiere explicación. Esta cifra corresponde al porcentaje de proyectos terminados o en ejecución. Se calcula frente al total de convenios suscritos.
No obstante, no se calcula frente a la meta original de 33.000 kilómetros. Esta diferencia metodológica genera confusión en la interpretación de resultados. Las cifras pueden parecer mejores de lo que realmente son.
En materia presupuestal, el Invías ejecutó 235.776 millones de pesos. Esta cifra corresponde a junio de 2026 según datos oficiales. Contrasta con los 573.204 millones registrados un año antes.
Esto representa una caída nominal del 59% en la ejecución presupuestal. Las cifras provienen del Ministerio de Hacienda y son verificables. La tendencia descendente es evidente e innegable.
Caminos Comunitarios no contó con apropiación presupuestal durante 2025. Este año volvió a recibir recursos para continuar operaciones. Sin embargo, revertir cuatro años de retrasos en ocho meses resulta improbable.
Como ha advertido el economista Fabián Osorio, de Corficolombiana, hay limitaciones. Una transformación institucional de esa magnitud requiere mucho más tiempo. Los cambios profundos no se logran con prisa.
**Comparación con administraciones anteriores**
El avance de los programas de mejoramiento de vías regionales continúa. Los caminos ancestrales también forman parte de esta estrategia. Aún están por debajo de la meta trazada para el cuatrienio.
De los 88.342 kilómetros previstos inicialmente, hay avances concretos. El Gobierno reporta la intervención de 65.356 kilómetros. Estos datos provienen de la plataforma Sinergia del Departamento Nacional de Planeación.
Pese a no alcanzar la meta, la cifra supera resultados anteriores. El gobierno de Iván Duque mejoró y mantuvo 55.240 kilómetros. Este trabajo se realizó entre 2019 y 2022.
Es decir, la administración actual registra cerca de 10.000 kilómetros más. Esta comparación debe leerse con contexto y precaución. El cuatrienio anterior estuvo marcado por el impacto de la pandemia.
Las restricciones sanitarias afectaron la ejecución de obras públicas entonces. Los confinamientos limitaron el trabajo en campo de manera significativa. La comparación, por tanto, tiene matices importantes.
**Un legado complejo para el próximo gobierno**
El gobierno Petro entrega en agosto a su sucesor un panorama mixto. Son 4.087 kilómetros mejorados sobre 33.000 prometidos inicialmente. La brecha entre ambas cifras es imposible de ignorar.
Hay investigaciones disciplinarias abiertas sobre los funcionarios del programa. Estos procesos involucran a quienes condujeron Caminos Comunitarios desde el inicio. Las conclusiones tomarán tiempo en conocerse.
El modelo de contratación comunitaria que la Corte Constitucional anuló permanece. Fue cancelado a mitad de camino de la ejecución del programa. Su potencial quedó sin explorar completamente.
Queda una deuda de conectividad rural que ningún cuatrienio puede saldar solo. Esta es una realidad estructural del país que trasciende gobiernos. Requiere políticas de Estado de largo aliento.
El balance final cabe en una imagen sencilla pero poderosa. Algunos caminos dejaron de ser barro y mejoraron la vida de comunidades. Muchos otros todavía esperan convertirse en carretera.
