La nueva reforma tributaria presentada por el gobierno del presidente Gustavo Petro ha generado intensas reacciones en el Congreso de la República. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, radicó este lunes una ambiciosa ley de financiamiento que busca recaudar $26,3 billones.
La propuesta contempla importantes modificaciones en materia impositiva. Entre los cambios más significativos está el incremento del IVA para licores y vehículos híbridos. Además, se plantea un nuevo gravamen al ingreso de los productores de gasolina.
Esta iniciativa llega en un momento particularmente delicado para las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Las comisiones económicas del Congreso el año anterior rechazaron una reforma tributaria menor que pretendía recaudar $12 billones. Ahora deberán analizar una propuesta que duplica esa cifra.
Los partidos de oposición han manifestado su rechazo categórico al proyecto. El senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, expresó su preocupación por el impacto en los sectores más vulnerables. “El IVA es regresivo y golpea a los más vulnerables”, manifestó el congresista.
La bancada conservadora señaló además problemas en la ejecución presupuestal actual. Destacaron que hay $80 billones sin ejecutar en 2024 y proyectan $69 billones sin utilizar para 2025. Estos datos fundamentan su posición contra nuevos impuestos.
Desde el Centro Democrático, la senadora María Fernanda Cabal criticó específicamente el tratamiento a los vehículos híbridos. La legisladora explicó que se eliminarían beneficios existentes, aumentando el IVA del 5% al 19% para estos automotores y sus componentes.
El representante Julio César Triana, de Cambio Radical, cuestionó la capacidad del gobierno para administrar recursos. “Se ha caracterizado por un pésimo manejo del gasto público, destinando recursos a proyectos cuestionables y burocracia innecesaria”, afirmó.
En contraste, el oficialismo defiende firmemente la iniciativa. La senadora Aída Avella, del Pacto Histórico, la calificó como “responsable con las finanzas públicas”. La congresista recordó que administraciones anteriores aprobaron múltiples reformas tributarias.
El representante Pedro Suárez, también del Pacto Histórico, enfatizó el enfoque social de la reforma. “Busca que la plata alcance para lo que de verdad importa: salud, educación y programas para la gente”, explicó. Además, destacó que no afecta la canasta familiar.
La discusión de esta reforma coincide con el debate del presupuesto general por $556,9 billones. Las comisiones económicas enfrentan así dos grandes decisiones fiscales en medio de un ambiente preelectoral que podría complicar los consensos.
El ambiente político sugiere un arduo debate por delante. Las bancadas están claramente divididas entre quienes consideran necesario aumentar el recaudo y aquellos que exigen primero mayor eficiencia en el gasto público existente.
La reforma tributaria se perfila como una prueba crucial para el gobierno de Petro. Su aprobación dependerá de la capacidad del Ejecutivo para construir mayorías en un Congreso donde las relaciones están tensas por desencuentros previos.
