La deuda interna del Gobierno acaba de entrar en territorio histórico. En apenas cinco meses de 2026, la Nación aumentó la oferta de TES de largo plazo en más de COP 60 billones. Este incremento representa el mayor registrado hasta ahora, según un reciente informe del Banco de Bogotá.
El mercado absorbió buena parte de esa avalancha de deuda. Sin embargo, el tamaño de las emisiones ya empieza a revelar hasta qué punto las finanzas públicas dependen hoy del endeudamiento local. Esta dependencia resulta necesaria para sostener caja, gasto y vencimientos.
“En lo corrido del año a mayo, la Nación aumentó la oferta de TES en COP 31 billones por subastas, máximo de 11 años”, señaló el reporte de Investigaciones Económicas del banco. Además, se suman COP 20 billones en operaciones convenidas con entidades públicas. También se incluyen otros COP 12 billones mediante canjes de TCO por TES.
Ese último mecanismo se volvió particularmente relevante para Hacienda. La razón es que permite aumentar deuda interna sin consumir formalmente el cupo de endeudamiento aprobado. El informe calcula que, descontando recompras y cierres de operaciones financieras, la oferta neta de TES aumentó COP 49 billones entre enero y mayo. Esta cifra representa un máximo de 15 años.
La presión se aceleró después de la megasubasta del 13 de mayo. Ese día, el Gobierno colocó COP 11,8 billones en TES entre la opción competitiva y la no competitiva. Este movimiento se considera uno de los más agresivos recientes en el mercado de deuda local.
“El mayor apetito por deuda interna previo a las elecciones a la presidencia permitió que el mercado absorbiera el elevado incremento de la oferta de TES”, indicó Banco de Bogotá. No obstante, el problema es que el espacio para seguir financiándose empieza a reducirse rápido.
Del cupo total previsto en el Plan Financiero para emisiones internas en 2026, el Gobierno ya utilizó alrededor de COP 51 billones. Si las cuentas oficiales se cumplieran, solo faltarían COP 16 billones por emitir durante el resto del año. Banco de Bogotá cree que ese escenario difícilmente ocurrirá.
“Cálculos de IE sugieren unas potenciales necesidades adicionales de financiación de COP 25 billones en el año, como mínimo”, advirtió el informe. La cifra podría aumentar si se reducen los ingresos tributarios tras la suspensión parcial del Decreto 572 de 2025. Con ese decreto, el Gobierno buscaba elevar el recaudo mediante ajustes en autorretenciones.
La presión fiscal viene creciendo desde hace varios años. Además, ya está alterando el equilibrio completo del sistema financiero colombiano. Según cifras del Ministerio de Hacienda, la deuda pública total llegó a COP 1.215 billones en marzo de 2026. De ese total, COP 865 billones corresponden a deuda interna.
Hace un año, la deuda bruta era de COP 1.054 billones. En marzo de 2024 rondaba COP 887 billones. En 2023 estaba cerca de COP 879 billones. La velocidad del deterioro empezó a preocupar incluso dentro del sector financiero tradicional.
José Ignacio López, presidente de ANIF, resumió la dimensión del problema con una comparación incómoda. “La deuda interna del Gobierno ya supera en 125 billones la deuda de TODOS los colombianos con el sistema financiero en todas las modalidades”, afirmó.
Según ANIF, desde agosto de 2022 la cartera total de crédito de hogares y empresas aumentó COP 142 billones. Por otro lado, la deuda interna de la Nación creció COP 386 billones en el mismo periodo. Esta diferencia evidencia la magnitud del problema estructural que enfrenta el país.
El mercado ya empezó a cobrar esa presión. Varias referencias de TES en pesos llegaron a negociarse por encima del 15 %. Estos niveles no aparecían desde hace más de veinte años. Corficolombiana advirtió recientemente que el país está refinanciando deuda cada vez más cara para aliviar tensiones inmediatas.
“En 2026, el cupón promedio de las nuevas emisiones de TES ronda el 10,4 %, evidenciando una transición hacia deuda concentrada en tasas de dos dígitos”, señaló la entidad. Ese cambio ya impactó el costo estructural del endeudamiento.
El cupón promedio de la deuda interna pasó de 8,43 % a 9,78 % en apenas un año. Cada punto adicional termina convertido en más gasto de intereses durante la próxima década. Este incremento representa una carga fiscal significativa para las futuras administraciones.
El deterioro también se siente en liquidez. La caja de la Nación cerró abril en COP 7,5 billones. Esta cifra representa uno de los niveles más bajos de la última década. Un año atrás ascendía a COP 13,8 billones.
En marzo, ANIF calculaba que el Gobierno apenas tenía recursos equivalentes a cinco días de funcionamiento. Esto ocurre en un contexto donde las necesidades diarias rondan COP 1,4 billones. Estas necesidades incluyen gasto operativo, transferencias y servicio de deuda.
Banco de Bogotá ya había advertido en marzo que el déficit fiscal podría superar 6 % del PIB en 2026. Su escenario central contempla un faltante cercano a 6,1 %. Sin embargo, la cifra podría subir hasta 6,6 % dependiendo del comportamiento del gasto y la ejecución presupuestal.
El reporte sostiene que el próximo gobierno heredará una combinación particularmente delicada. Esta incluye tasas altas, menor espacio fiscal y presión política por gasto. También enfrentará un mercado cada vez más sensible frente al riesgo colombiano.
Aun así, Colombia conserva un activo que sigue pesando ante inversionistas. El país nunca ha incumplido el pago de su deuda soberana. Esto se mantiene incluso durante la crisis latinoamericana de los años ochenta.
La confianza, por ahora, sigue vigente, pero erosionada. Las tasas altas son un ejemplo claro de esta situación. Los inversionistas exigen mayores rendimientos para compensar el riesgo percibido.
El panorama fiscal colombiano enfrenta desafíos sin precedentes en las últimas dos décadas. La combinación de alta emisión de deuda, tasas en máximos históricos y baja liquidez crea un escenario complejo. Además, las necesidades de financiamiento continúan creciendo mientras el espacio fiscal se reduce.
Los analistas coinciden en que el próximo gobierno deberá tomar decisiones difíciles. Estas decisiones incluirán ajustes en el gasto público y posibles reformas tributarias. También será necesario recuperar la confianza de los mercados internacionales.
La situación actual refleja años de desequilibrios fiscales acumulados. Asimismo, muestra la dificultad de financiar un Estado con ingresos insuficientes. El endeudamiento interno se ha convertido en la principal válvula de escape. No obstante, esta estrategia tiene límites cada vez más evidentes.
El sistema financiero colombiano también siente las consecuencias de esta dinámica. Los bancos y fondos de pensiones han aumentado significativamente su exposición a deuda pública. Esta concentración genera riesgos sistémicos que antes no existían en la misma magnitud.
La absorción de grandes volúmenes de TES por parte del mercado local tiene efectos secundarios importantes. Por un lado, reduce la disponibilidad de recursos para financiar al sector privado. Por otro, aumenta la vulnerabilidad del sistema financiero ante cambios en la percepción de riesgo soberano.
Las proyecciones para el resto de 2026 no son alentadoras. Si las necesidades adicionales de financiación alcanzan los COP 25 billones estimados por algunos analistas, el Gobierno deberá recurrir a nuevas emisiones masivas. Estas emisiones podrían presionar aún más las tasas de interés.
El impacto de la suspensión parcial del Decreto 572 de 2025 agrega incertidumbre adicional. La medida afecta directamente los ingresos tributarios proyectados. Consecuentemente, amplía la brecha entre gastos e ingresos que debe cubrirse con más endeudamiento.
La situación de la caja de la Nación es particularmente preocupante. Con recursos para apenas cinco días de operación, el margen de maniobra es mínimo. Cualquier retraso en colocaciones de deuda o caída en recaudos podría generar problemas de liquidez inmediatos.
Los costos de financiamiento en niveles de dos dígitos representan una carga estructural significativa. Cada emisión nueva compromete recursos futuros para el pago de intereses. Esto reduce el espacio disponible para inversión pública y gasto social en los próximos años.
La comparación realizada por ANIF resulta reveladora. El hecho de que la deuda interna del Gobierno supere en COP 125 billones toda la deuda privada del país ilustra la magnitud del desbalance. Esta situación no tiene precedentes en la historia económica reciente de Colombia.
El crecimiento de COP 386 billones en deuda pública interna desde agosto de 2022 contrasta dramáticamente con el aumento de COP 142 billones en crédito privado. Esta divergencia muestra cómo el sector público está absorbiendo una proporción creciente del ahorro nacional.
Las implicaciones de mediano plazo son profundas. Un país con deuda pública creciendo a ese ritmo enfrenta restricciones cada vez mayores. La capacidad de respuesta ante crisis económicas o necesidades sociales se ve comprometida.
Los mercados internacionales observan con atención estos desarrollos. Aunque Colombia mantiene su historial impecable de pago, las señales de estrés fiscal son evidentes. Las calificadoras de riesgo podrían revisar sus evaluaciones si la tendencia continúa.
El contexto electoral añade complejidad adicional. Las decisiones de financiamiento tomadas en meses recientes responden también a consideraciones de corto plazo. El próximo gobierno deberá lidiar con las consecuencias de estas decisiones.
La megasubasta de mayo marca un punto de inflexión. La colocación de COP 11,8 billones en un solo día demuestra tanto la urgencia de recursos como la capacidad del mercado para absorberlos. Sin embargo, repetir operaciones de esa magnitud resulta cada vez más difícil.
Los mecanismos utilizados para aumentar deuda sin consumir cupos formales de endeudamiento generan preocupación. Aunque técnicamente legales, estos canjes y operaciones convenidas pueden oscurecer la verdadera dimensión del endeudamiento público.
La transparencia en las cuentas fiscales resulta fundamental para mantener la confianza. Los inversionistas necesitan claridad sobre las verdaderas necesidades de financiamiento. Cualquier percepción de opacidad aumenta las primas de riesgo exigidas.
El deterioro del cupón promedio de la deuda interna en más de un punto porcentual en un año tiene consecuencias duraderas. Esta deuda permanecerá en los libros durante años. Los intereses más altos se pagarán durante toda la vida de los títulos emitidos.
La situación actual plantea interrogantes sobre la sostenibilidad fiscal de mediano plazo. Colombia necesita un ajuste estructural que equilibre ingresos y gastos. Depender indefinidamente del endeudamiento creciente no constituye una estrategia viable.
Las opciones disponibles para el próximo gobierno son limitadas y políticamente costosas. Aumentar impuestos enfrenta resistencia social y económica. Reducir gastos afecta programas sociales y compromisos adquiridos. Continuar endeudándose tiene límites cada vez más cercanos.
El desafío trasciende lo meramente técnico. Requiere consensos políticos amplios sobre prioridades fiscales. También necesita recuperar la confianza ciudadana en la gestión de recursos públicos.
